MADRID- La situación de los dos supuestos piratas del «Alakrana» encarcelados en España puede dar un vuelco en los próximos días. El abogado de uno de ellos, «Abdu Willy», pedirá el próximo martes una reunión urgente con la Fiscalía de la Audiencia Nacional para intentar llegar a un acuerdo «cuanto antes». El letrado Francisco Javier Díaz Aparicio, que asumió ayer mismo la defensa del imputado (sustituyendo en esa labor al abogado de oficio que tenía asignado) pondrá sobre la mesa tres propuestas y ninguna de ellas incluye la entrega a Kenia de su defendido. Según explicó a LA RAZÓN, su objetivo prioritario es que el joven sea expulsado a Somalia, «una posibilidad que contempla el Código Penal como sustitutiva de la pena de prisión». Incluso, añade, la medida podría aplicarse sin necesidad de juicio. En ambos casos, explica, se le impondría la prohibición de retornar a cualquier país de la Unión Europea «en un plazo de entre dos y diez años».
«Ésa es la herramienta»
Díaz Aparicio está convencido de que «ésa es la herramienta para solucionar esto en tres días». De hecho, recuerda, «hace mes y medio conseguí que la propia Audiencia expulsara a tres ciudadanos canadienses condenados a cinco años que habían sido detenidos con tonelada y media de cocaína. Se trata de algo bastante habitual».
Para el letrado, el hecho determinante es si las detenciones de los dos presuntos bucaneros se realizaron en aguas internacionales o de Somalia. En el primer caso, argumenta, «deben ser juzgados en España». En el segundo, añade, se impone su extradición a Somalia, una petición que debería hacer el Gobierno de Mogadiscio (y que requeriría de las consiguientes gestiones diplomáticas del Ejecutivo español). La extradición, asegura, «se efectuaría con una denuncia para que sea juzgado allí».
«Está en manos de la Fiscalía»
Pero en caso de que «Abdu Willy» tenga que ser juzgado en España, su abogado quiere alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que evite la celebración de la vista y agilice su expulsión a Somalia. «Todo está en manos de la Fiscalía –mantiene– y de la reunión que espero mantener con el fiscal el martes para que los hechos no vayan a más». El letrado apunta sin tapujos que las defensas «tienen que tender un puente de plata a la Fiscalía y dejarle claro que no se va a plantear ninguna guerra si facilita su traslado a Somalia». Se trata, por tanto, de alcanzar un acuerdo de conformidad.
«La defensa no quiere discutir, sólo resolver el problema y evitar que se prolongue la prisión provisional» del presunto pirata. Díaz Aparicio sostiene que sólo es asumible el delito de detención ilegal que le imputan a su defendido, pero no los de asociación ilícita, robo con violencia y uso de armas, que «no tienen encaje». Aunque, eso sí, añade que la responsabilidad de los dos detenidos debería matizarse, «pues se les puede acusar de tentativa y no del delito consumado y considerarlos cómplices en vez de autores», lo que reduciría sensiblemente las posibles penas impuestas.
Pero en caso de que ese acuerdo no se produzca, la defensa está dispuesta a plantar batalla jurídica y denunciar incluso la existencia de una detención ilegal. «Según mis noticias, fueron arrestados por una Fuerza Canadiense que los entregó después a la fragata “Canarias”. Aunque la orden partiese de un juez español deberían haber intervenido las autoridades locales en la detención».
Sin recursos económicos
«Si les piden 350 años, discutiremos todo, desde la competencia española para juzgarles hasta los delitos en sí», asegura el abogado. Y es que, según la defensa de «Abdu Willy», para que el atunero sea considerado español «debe llevar matrícula y pabellón españoles, algo que en este caso no se cumplía».
El letrado se personó ayer mismo en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, para acreditar su condición de abogado de «Abdu Willy». Falta por saber con qué recursos ha podido contratar el joven somalí un abogado particular, pero ante esa pregunta el letrado guarda silencio. Cualquier negociación con la Fiscalía, lógicamente, requeriría también del visto bueno del abogado del otro detenido, Raageggesey Adji Haman, éste sí de oficio, que ayer estuvo consultando las diligencias en el juzgado.
 

Efectivos de la Guardia Civil registraron durante más de siete horas el despacho del abogado de presos de ETA Joseba Agudo en la localidad guipuzcoana de Oiartzun. Los agentes se llevaron diversas cajas de documentos. 

El despacho de abogados, que se encuentra en el número 4 de la calle Astigarraga, encima del inmueble de un conocido centro comercial de Oiartzun, fue realizado por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska en el marco de un sumario relacionado con las actividades de ETA.  

Minutos después de las diez de la mañana, una decena de vehículos de la Guardia Civil llegó hasta el inmueble y comenzó a registrar el despacho del abogado teniendo como testigo el vicedecano del Colegio de Abogados de Guipúzcoa y otro letrado del propio bufete, según informó Askatasuna, la organización de apoyo a los presos de la que Agudo ha actuado en diversas ocasiones como portavoz. Los agentes, unos de paisano y otros de uniforme, iban acompañados de un secretario judicial para levantar acta del registro e inventariar los materiales intervenidos consistentes en documentos y material informático. 

La inspección de la vivienda se prolongó hasta pasadas las cinco de la tarde en que los efectivos policiales se retiraron. El registro se extendió a la totalidad del bufete que es compartido por tres letrados ya que no se pudo individualizar cuáles eran los elementos utilizados en exclusiva por Agudo.

A pesar de que a primera hora de la mañana se había difundido la noticia de que Joseba Agudo había sido arrestado, poco después se desmintió este extremo, de forma que la operación policial quedó limitada al registro del despacho del abogado.