Abortos inseguros causan la muerte a unas 70.000 mujeres cada año, y graves perjuicios para la salud a muchas más, principalmente en los países donde la legislación sobre la interrupción voluntaria del  embarazo es más restrictiva, según un informe del Instituto Guttmacher, informa la página web de esta organización estadounidense  para la promoción de la salud reproductiva.    

Según esta investigación, aunque el número total de abortos ha  descendido, pasando de 45,5 millones en 1995 a 41,6 millones en 2003,  la cifra de los realizados de modo clandestino se ha mantenido estable en ese período, pasando de 19,9 a 19,7 millones, y la mayoría se  registran en los países menos desarrollados con leyes más restrictivas  en esta materia.       

El documento destaca la importancia de prevenir los embarazos no  deseados, ya que en los países donde el uso de anticonceptivos ha subido  los índices de aborto han descendido de modo generalizado. Sin embargo, en muchos países el acceso a estos fármacos es escaso:  sólo el 28% de las mujeres casadas usan anticonceptivos en África,  principalmente por la dificultad para acceder a ellos.       

Aunque la normativa se ha liberalizado en numerosos países, y 19  han eliminado sus restricciones desde 1997, el informe indica que otros,  como Polonia, El Salvador y Nicaragua, la han endurecido, el último  incluso prohibiéndolo, también en el supuesto de riesgo para la madre,  lo que se ha traducido en un incremento de los fallecimientos  relacionados con abortos clandestinos y los suicidios entre  adolescentes en aquel país.

Asimismo, el documento denuncia el descenso en la última década de  la financiación destinada por ciertas naciones, como Estados Unidos, a financiar anticonceptivos para los países más pobres, aunque Barack  Obama podría incrementar los fondos dedicados a este fin.       

También critica el abandono de la investigación de nuevos  anticonceptivos por parte de las farmacéuticas, lo que según sus  autores privará a las mujeres de métodos alternativos al preservativo  para la prevención de embarazos no deseados.       

La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder  Judicial (CGPJ) aprobó hoy, por tres votos a favor y dos en contra, el dictamen que considera constitucional el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo   (IVE) presentado por el Gobierno y recomienda que los padres sean  informados cuando sus hijas menores de edad soliciten abortar, aunque   no sea necesario su consentimiento.  
   Según informaron del Consejo, el informe, preceptivo pero no vinculante, ha sufrido algunas modificaciones de "carácter técnico" respecto al original presentado por la ponente, Margarita Uría. El texto será debatido el próximo 23 de julio en el   pleno del CGPJ, en el que podría sufrir de nuevo algún cambio o   incluso ser rechazado.   
   Por el momento, recibió el aval de la Comisión gracias al apoyo de la propia Uría, y los dos vocales progresistas, José Manuel Gómez Benítez y Margarita Robles, frente al voto en contra de los vocales designados a propuesta del PP Concepción Espejel y Claro José   Fernández.  
   Precisamente este último vocal fue el ponente de un informe inicial que apuntaba que diferentes aspectos de la ley presentan problemas de encaje constitucional. Su dictamen fue rechazado en una sesión anterior de la Comisión de Estudios, en el que se designó   ponente a Uría.