La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Ada Colau, ha asegurado este martes que desde la Plataforma no van a "incitar" a ninguna agresión, sin embargo, ha advertido que no pueden quedarse de brazos cruzados mientras el PP "desoye" lo que es un clamor popular.

La  importante contestación social que está provocando la reforma de la Ley del Aborto tendrá hoy una decisiva expresión en la gran manifestación que recorrerá el centro de Madrid. Decenas de miles de personas se movilizarán en favor del derecho a la vida bajo el lema «Cada vida importa» y responderán también así a las previsiones del Ejecutivo de que sólo se opondrían a la reforma «los obispos y los grupos religiosos», en palabras despectivas de un ministro. Hoy, los ciudadanos de a pie trasladarán de forma pública el rechazo social de una mayoría de españoles a una modificación inmoral e inconstitucional, que atenta contra el valor más básico del ser humano. Hasta la fecha, el Gobierno ha sido incapaz de poner argumentos solventes encima de la mesa que justifiquen de forma racional un cambio que no cuenta, no lo olvidemos, con  el aval de dos instituciones del Estado tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Resulta inaudito que una ley de tanta relevancia  como la del aborto no recibiera la luz verde de los jueces y fuera rechazada por los fiscales, que por mayoría absoluta denunciaron también la inconstitucionalidad de varios artículos del proyecto. Fue también sintomático, sobre el grado de descontento ciudadano, el manifiesto de un grupo de juristas de gran prestigio contra el proyecto, que logró reunir un gran número de adhesiones entre profesionales del Derecho. El Gobierno ha favorecido la división social con su actitud de no debatir ni escuchar las razones de esa mayoría que se niega a asumir el aborto como un derecho y a supeditar la vida de un ser humano a una moral tan simplista como hedonista, y que no acepta que se institucionalice la muerte de seres humanos indefensos para únicamente contentar a los sectores más radicales de la izquierda. No hay un solo fundamento de cierto peso ético o jurídico que sea capaz de sostener la nueva ley de plazos, que permite el aborto sin restricciones durante las primeras 14 semanas de gestación, y que choca frontalmente con una Constitución que protege la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental y constituye un bien jurídico a proteger, como reconoció el Tribunal Constitucional. Como tampoco hay razón para medidas tan disparatadas como que las niñas de 16 años puedan abortar sin permiso paterno.
Lejos de aprender de los errores sucesivos de una legislación permisiva como la vigente, que ha convertido a España en el país donde más se han incrementado las interrupciones de embarazos en los últimos 10 años y donde se practica un aborto cada cinco minutos, el Gobierno ha decidido empeorar la situación. La política de barra libre que alienta estas prácticas sin combatir sus causas no es lo que cabe esperar de un Gobierno responsable que tiene entre sus deberes la preservación de la salud pública.
España no necesita más muerte, sino más vida. Los ciudadanos demandan a los poderes públicos soluciones a los problemas y no que fomenten dramas, cuando no tragedias. En definitiva, urgen más  programas educativos, asesoramiento sexual adecuado y apoyo a las jóvenes embarazadas. El aborto no es un derecho y que se financie una cultura de muerte con dinero público supone una aberración. Que el Gobierno considere al nasciturus un ser vivo, pero no un ser humano, es un concepto que ya se utilizó bajo regímenes totalitarios para justificar toda clase de crímenes. Que ese pensamiento siga vigente de alguna forma en pleno siglo XXI da una idea de la degradación de este debate. Con el Gobierno ciego y sordo, sólo cabe esperar que el Tribunal Constitucional restablezca en su día la Justicia.