barcelona- El escándalo por el fraude en el Palau de la Música no se desarrolla a nivel judicial, sino también a nivel político. Convergència Democràtica quedó en el centro de la polémica la pasada semana cuando trascendió que su Fundación afín, la Trias Fargas, recibió 630.000 euros de la centenaria entidad que presidía Fèlix Millet. El PSC ha intentado relacionar cuanto ha podido a la formación nacionalista con oscuras maniobras de financiación, aunque CDC dice estar muy tranquila porque todas sus prácticas, insisten, son «legales». Ayer, Convergència pasó al ataque e intentó poner en entredicho la actuación del PSC para sufragar los gastos de su Fundación.
El secretario general adjunto de Convergència, Felip Puig, se mostró sorprendido porque la Trias Fargas sea objeto de suspicacias, ya que, subrayó, siempre se ha financiado de «forma correcta y legal, cuando otras como la socialista se ha financiado prácticamente al 100 por 100 con dinero público», lo que consideró una conducta «propia de países banareros». Puig quiso resaltar que la Fundación afín a Convergència recibe una gran cantidad de recursos procedente de empresas y otras instituciones distintas a las administraciones públicas y que, por tanto, ese dinero no sale del bolsillo del contribuyente.
En suma, lo que hizo el dirigente nacionalista fue cuestionar que el PSC, que controla la mayoría de administraciones en Cataluña (diputaciones, Generalitat y ayuntamientos) destine recursos públicos para mantener al día las actividades de su Fundación Rafael Campalans.
Quien también terció en el asunto de la financiación de las organizaciones políticas fue la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que reclamó «abrir un debate serio» sobre las ayudas públicas a los partidos. «Todas las informaciones surgidas en torno al “caso Millet” confirman que todos los controles sobre subvenciones públicas han fracasado», dijo. Y añadió: «Pedimos a los partidos políticos y, en especial, a CDC que den toda la información sobre las donaciones recibidas tanto en el caso del Palau como por parte de empresas constructoras (en alusión al escándalo del 3 por ciento).
Muy distinta fue la opinión del conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, quien lejos de lamentarse por el control público de las cuentas del Palau de la Música, defendió su rigor. Nadal comentó que las auditorías se realizan para ver si las cuentas están bien hechas y si éstas «engañan» es la Justicia la instancia que debe investigarlas.
 

El Gobierno destinará 50 millones de euros para financiar el   incremento salarial del 0,3% para los funcionarios en el año 2010,   que contempla el acuerdo para la función pública 2010-2012 firmado   hoy con los sindicatos en el marco del diálogo social, tal y como   anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa   Fernández de la Vega.   
   De le Vega, que se reincorpora hoy al trabajo tras ser intervenida   quirúrgicamente la semana pasada, firmó el acuerdo con los líderes   sindicales de la función pública, Julio Lacuerda, de UGT; Enrique   Fosul, de CC.OO., y Domingo Fernández, de CSI-CSIF.  
   Además, el Gobierno y sindicatos han llegado a un acuerdo para   incorporar a los Presupuestos de 2010 los criterios por los que se   regirá la Oferta de Empleo Público el año que viene, de forma que el   total de plazas públicas no superará el 15% de la tasa de reposición 
y se concentrará en los sectores que se consideren "esenciales y   prioritarios". Sin embargo, esta limitación no se aplicará al ámbito   de la Justicia, la Sanidad, la Educación, las políticas de empleo,   las instituciones penitenciarias o los municipios de menos de 50.000   habitantes.   
   El acuerdo, que se desarrollará durante los próximos tres años,   incorpora un total de 50 medidas para el incremento de la calidad y   la eficacia de los servicios públicos, la reforma y modernización de   la administración y la mejora de las condiciones de trabajo.   Asimismo, incorpora la profesionalización y la productividad de los   empleados públicos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los   funcionarios y la garantía y el buen ejercicio de los derechos   sindicales.   

SE COMPENSARÁ LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO EN 2012.  
    En materia de retribuciones, el Gobierno garantiza el poder   adquisitivo de los funcionarios, con una subida salarial del 0,3% en   2010 y se ha acordado, por primera vez en la Administración del   Estado, una cláusula de revisión salarial por la que la que el   Ejecutivo se compromete a compensar en 2012 la pérdida de poder   adquisitivo si se produjera.   
   Otro de los principales objetivos de este acuerdo es la   modernización y reforma de la Administración. Para conseguirlo,   además de continuar desarrollando el Estatuto Básico del Empleado   Público, se elaborará una Ley de Función Pública, con el fin de   empezar su tramitación como proyecto de Ley en septiembre de 2010.   
   Asimismo, se creará un Observatorio del Empleo Público encargado   de realizar un diagnóstico que permita redimensionar las plantillas,   establecer los criterios de calidad y eficiencia y el estudio de las   necesidades de incorporación de nuevas categorías profesionales donde   sea necesario. En este mismo sentido, se elaborará un Plan de   Ordenación de Recursos Humanos con el objetivo de mejorar los   servicios y la utilización "racional y eficiente" de los recursos.  
   Para impulsar una administración de calidad y eficaz, Gobierno y   sindicatos han acordado culminar el desarrollo de la Ley de Acceso   electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos aprobada en   junio de 2007, con la aprobación de un Real Decreto y con un Plan   General de Formación de la Administración Electrónica.  
   Además, se hará efectivo el código ético de conducta de los   empleados públicos, se implantará el teletrabajo donde sea oportuno y   se simplificarán las plazas y los procedimientos. De la misma forma,   la formación será uno de los retos de la administración, para ello se   potenciarán los planes de formación no sólo para perfeccionar y   mejorar las funciones a desempeñar por los funcionarios, sino que   también den un impulso a su promoción y carrera profesional.   

COMPROMISO PARA REDUCIR LA TEMPORALIDAD UN 8%.  
   Por último, el acuerdo contempla reducir las tasas de temporalidad   hasta un máximo del 8%, elaborar planes de igualdad de trato entre   hombres y mujeres en todos los ámbitos del sector público y permitir   el acceso a la jubilación parcial, entre otros asuntos.   
   En la rueda de prensa, De la Vega aseguró que la búsqueda de   consenso, la acción concertada y el compromiso con el interés general   por parte del Gobierno y los agentes sociales ha favorecido el   progreso y la estabilidad económica y social del país.    

EL DIÁLOGO, MÁS NECESARIO QUE NUNCA.   
   De la misma forma, aseguró que, en un momento de dificultades como   el actual, el diálogo social es, si cabe, "más necesario que nunca",   por lo que el acuerdo de hoy supone, a su juicio, una "importante   contribución" al diálogo y a ese nuevo modelo económico que necesita   la economía española, contribuyendo, sin duda, a la salida de la   crisis.   
   De la Vega consideró "razonable" el acuerdo porque asegura y   garantiza la prestación de los servicios públicos y se ajusta a la   austeridad que exigen los tiempos económicos, al tiempo que aprovechó   para reiterar una vez más su agradecimiento a las organizaciones   sindicales por su buena disposición y su espíritu constructivo en el   proceso.   
   "Juntos hemos demostrado que el acuerdo es posible, y que cuando   hay voluntad, generosidad y sentido de la responsabilidad siempre se   puede llegar al consenso", señaló De la Vega, tras considerar que el   acuerdo de hoy sirva de ejemplo para el diálogo social en el ámbito   privado.    

MENSAJES A LA CEOE.   
   "Desde las legítimas posiciones que cada uno defiende, el acuerdo   es posible, necesario y de justicia, es lo que exigen los españoles a   empresarios, sindicatos, partidos y políticos y poderes públicos en   tiempos de crisis", añadió al vicepresidenta, tras confiar en que el   espíritu de este acuerdo "sirva de estímulo" para la reactivación del   diálogo social entre empresarios y sindicatos sobre la negociación   colectiva.  
   El representante de UGT, Julio Lacuerda, celebró el acuerdo por   tratarse de un compromiso "valiente y contundente" que contribuirá a   superar la crisis económica bajo la premisa de que el gasto en   servicios público es "la mejor inversión". Además, recordó que la   creación de la cláusula de revisión salarial supone un "hito   histórico" que debería hacer reflexionar a muchos porque puede   transmitir "confianza y credibilidad".  
   Asimismo, arremetió contra la patronal por el bloqueo de la   negociación colectiva y consideró que el acuerdo de hoy debería   servir a la CEOE para "bajarse un poquito del monte" y darse cuenta   de que dialogar y hablar "es posible".    

"EL MEJOR ACUERDO POSIBLE".  
   De la misma forma, Enrique Fossoul (CC.OO.) aplaudió el "mejor   acuerdo posible" en el "peor" escenario económico, y confió en que el   Gobierno cumpla con todo lo pactado, al tiempo que aprovechó para   denunciar a los actores económicos que, en lugar de aportar   soluciones a la crisis, tratan de sacar "ventajas" para conseguir sus   objetivos, como la patronal y los partidos de la derecha.  
   En este sentido, consideró que el acuerdo firmado hoy, además de   demostrar la voluntad de los empleados públicos para salir de la   crisis, quiere lanzar un mensaje a la sociedad, y en especial a la   patronal, de que sólo con el diálogo social podrá salir de esta   situación. Además, recordó que CC.OO. ha trasladado una oferta   similar a la aprobada hoy al sector privado, aunque "otra cosa es que   los señores que están al otro lado lo escuchen".   
   Finalmente, Domingo Fernández, (CSI-CSIF) celebró el acuerdo   alcanzado gracias al compromiso e impulso de De la vega y a la   apuesta "firme y decida" de los tres sindicatos para recuperar el   diálogo social en el ámbito de la administración pública, paralizado   en los últimos tiempos. "El diálogo social es el instrumento   necesario que va a permitir racionalizar y modernizar las   administraciones", señaló.