- lunes 06 mayo 2024
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Desarticulada una organización que introducía hachís a través del ...Europa PressLa operación fue desarrollada de forma conjunta por agentes del Greco del Campo de Gibraltar y de la Unidad Operativa de Algeciras de la Agencia Tributaria ... |
AGENCIAS / VÍDEO: ATLAS
Las Fuerzas de Seguridad del Estado han efectuado en la noche de este lunes 34 detenciones en el País Vasco y Navarra, en el curso de una gran operación policial contra Segi, la ilegalizada rama juvenil de Batasuna, informaron fuentes de la lucha antiterrorista.
La operación ha sido llevada a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.
El magistrado se encontraba, junto a dos fiscales de su Juzgado y toda la cúpula policial, en San Sebastián, donde se ha establecido el centro de coordinación de la operación.
Segi es la organización juvenil vinculada al entorno de ETA que fue declarada terrorista por el Tribunal Supremo el 19 de enero de 2007, al considerarla seguidora de las también ilegalizadas Haika y Jarrai. De este modo, el alto tribunal culminaba un proceso iniciado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien en febrero de 2002 declaró la ilegalidad de estas asociaciones.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dado por descabezada "la cúpula dirigente de Segi", "la organización juvenil de ETA", con la operación practicada esta madrugada. El ministro ha explicado que la operación pretende evitar que "se rehagan" las organizaciones de ETA que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Supremo. Los otros dos objetivos son, según Rubalcaba, evitar que ETA tenga una "cantera" y "luchar contra la violencia callejera".
Comenzó a gestarse en mayo
La operación comenzó a gestarse en el mes de mayo a partir de la documentación incautada a Ekaitz Sirvent, quien diseñó una estrategia para reforzar la militancia de base de la banda. El último ideólogo de ETA ordenó reforzar la presencia de sus bases en plataformas y organizaciones legales lejos de la kale borroka para evitar detenciones, según fuentes de la lucha antiterrorista.
Sirvent apostó por reducir los actos de violencia callejera tan sólo a ocasiones excepcionales como la celebración de fiestas patronales. Otro de los objetivos de esta estrategia, que se puso en marcha hace aproximadamente un año, fue el movimiento en contra de la construcción del Tren de Alta Velocidad.
Los detenidos son:
En Navarra
-Amaia Elcano Garralda, de Pamplona
-Garbiñe Urra Larrión, de Barañain (Navarra)
-Itxaso Torregrosa Arteaga, de Burlada (Navarra)
-Oier Zúñiga Pérez de Urabain, de Pamplona y detenido en Bilbao, donde reside durante la semana
En Vizcaya
-Eñaut Ayarzaguena Bravo, de Iurreta (Vizcaya)
-Mikel Arkaitz Totorica Valle, de Sestao (Vizcaya)
-Nahia Elena Aguado Marín, de Sestao (Vizcaya)
-Idoia Iragorri Petuya, de Sestao (Vizcaya)
-Aritz Petralanda Mugarra, de Zamudio (Vizcaya)
-Joseba Dalmau Cherino, de Galdakano (Vizcaya)
-Ibai Esteibarlanda Echeberría, de Elorrio (Vizcaya) y detenido en San Sebastián, donde reside ocasionalmente
En Álava
-Jon Ligüerzana Ajuriaguerra, de Vitoria
-Nestor Silva Ibáñez, de Vitoria
-Unai Ruiz Pou, de Vitoria
-Goizane Pinedo Apaolaza, de Vitoria
-Jagoba Apaolaza Castro, de Vitoria
-Zumai Olades Saenz de Urabain, de Vitoria
-Bittor González Villamayor, de Vitoria
En Guipúzcoa
-Aitziber Arrieta Fagoaga, de San Sebastián
-Garazi Rodríguez Rubio, de Rentería (Guipúzcoa)
-Maialen Eldúa Azkñarate, de San Sebastián
-Oier Ibarguren Sarasola, de San Sebastián
-Eihar Egaña García, de San Sebastián
-Euken Villasante Sarasibar, de Andoain (Guipúzcoa)
-Mikel Ayestarán Olano, de Billabona (Guipúzcoa)
-Xumai Matxain Arruabarrena, de Zaldibia (Guipúzcoa)
-Aritz López Ugarte, de Tolosa (Guipúzcoa)
-Mikel Esquiroz Pérez, de San Sebastián y que ha sido detenido en Pamplona, donde reside durante la semana por razón de estudios
Además, la Policía Nacional ha practicado registros en 46 domicilios y en 21 locales y ha intervenido abundante documentación de Segi y soportes informáticos que serán analizados en los próximos días.
Varios fueron candidatos electorales
Varios de los 34 detenidos integraron en el pasado listas de formaciones que luego fueron ilegalizadas por la justicia por su relación con ETA. Otros son estudiantes que llegaron a ocupar cargos de representación estudiantil en la universidad.
Urra Larrión, detenida en Barañain (Navarra), se presentó como candidata en las elecciones al Parlamento de Navarra celebradas en mayo de 2007, ocupando el puesto número 44 en la lista Eusko Abertzale Ekintza-accion Nacionalista Vasca (EAE-ANV). El Tribunal Supremo declaró ilegal ANV en 2008 al considerarlo un partido sucesor de Batasuna.
Iragorri Petuya, arrestada en Vizcaya, ocupó en 2007 el tercer puesto en la lista de Sestaoko Abertzale Sozialistak (SAS) para el Ayuntamiento de Sestao.
Aitor Ligüerzana, arrestado en Vitoria, fue procesado por su integración en ETA en el marco de la causa abierta por Baltasar Garzón contra 13 miembros de Askatasuna y Demokrazia 3 Milioi (D3M) en septiembre de 2009. Las candidaturas de ambas listas fueron anuladas primero por el Tribunal Supremo y luego el Constitucional para las pasadas elecciones vascas del 1 de marzo.
También Ayestarán Olano ocupó el tercer puesto en la candidatura de Askatasuna presentada a la Junta Electoral del Territorio Histórico de Guipúzcoa en enero de 2007. Del mismo modo, Arrieta Fagoaga, detenida en San Sebastián, formó parte de la lista presentada por ANV para el ayuntamiento de la capital donostiarra de cara a las elecciones municipales de 2007.
Elcano Garralda ocupó el puesto número 14 en la agrupación Iruñeko Abertzale Sozialistak en las elecciones municipales de 2007 para el Ayuntamiento de Pamplona.
El ayuntamiento de Barcelona se gastará 2,2 millones de euros en la organización de la final de la Copa Davis que enfrentará a España y a la República Checa en el Palau Sant Jordi del 4 al 6 de diciembre próximos.
De esos 2,2 millones, un millón corresponde al canon que la capital catalana ha pagado a la Real Federación Española de Tenis (RFET) por ser la sede elegida y el resto a los gastos de organización presupuestados para la celebración del evento. Pere Alcober, regidor del ayuntamiento de Barcelona, ha explicado hoy que la organización de la Davis tendrá "un coste final de un millón de euros", ya que el consistorio espera recuperar los 1,2 millones restantes con la recaudación que le corresponda por diversos conceptos.
El acuerdo entre el ayuntamiento barcelonés y la RFET contempla un reparto del taquillaje del 40-60. Es decir, que la Ciudad Condal se embolsará el 40 por ciento de la recaudación, mientras la federación española percibirá el 60 por ciento restante. Alcober dio éste y otros detalles sobre la organización de la final Davis en una rueda de prensa celebrada esta tarde en el consistorio de la ciudad y en la que también participaron el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente de la Federación Catalana de Tenis, Francesc Orriols.
16.500 espectadores para el Sant Jordi
El escenario de la final será el mismo que el del 2000, el Palau Sant Jordi, que esta vez verá reducido sensiblemente su aforo hasta los 16.500 espectadores, "para que todos tengan una visibilidad del cien por cien de lo que ocurra en la pista", aclaró Alcober.
La pista anexa al Sant Jordi acogerá la zona de hospitalidad, con capacidad para 3.000 personas, y en el exterior, además de un gran espacio comercial situado en la explanada del Anillo Olímpico y las dos pistas de entrenamiento cubiertas, se habilitará una zona de aparcamiento con 10.826 plazas para coches y 220 plazas de autocar.
La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización que, desde 2006, había defraudado al menos 62 millones de euros del IVA en componentes de ordenador y consumibles de electrónica.
En una nota de prensa, la Agencia Tributaria explica que la operación, conocida como 'Revival', se ha saldado con la detención de 16 personas y con la investigación de más de 50 cuentas bancarias.
El desmantelamiento de la organización dedicada al fraude del IVA, conocido como fraude carrusel, ha sido fruto de las investigaciones coordinadas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) con equipos de inspección y vigilancia aduanera en Cataluña, la Comunitat Valenciana, Aragón y Madrid.
En el curso de la operación se han registrado seis domicilios de sociedades y personas en Madrid, Valencia y Barcelona en los que se ha intervenido documentación "valiosa" y ordenadores cuyo contenido está siendo analizado.
Las misma fuente indica que la organización investigada era la más importante en la actualidad en España en el campo del fraude del IVA en componentes de ordenador y consumibles de electrónica.
La organización había formado un complejo entramado de sociedades instrumentales mediante el que enmascaraba sus actividades ilegales.
Así, Hacienda ha detectado más de una treintena de testaferros y de sociedades en Rumanía, Bulgaria, Chipre y Malta.
El jefe de la organización era un profesional de Valencia relacionado con este tipo de fraudes y con antecedentes penales, que utilizaba a varias trabajadoras a las que había instruido sobre las "precauciones" que debían adoptar para no ser localizadas.
Para ello, explica la Agencia Tributaria, estas personas utilizaban nombres supuestos y decían que trabajaban para empresas inexistentes que eran teóricamente controladas por testaferros reclutados entre personas insolventes.
Hasta el momento ya se sabe que varios de los principales clientes mayoristas de la organización han participado en el fraude.
Estos mayoristas son proveedores de otras sociedades conocidas como "integradoras de hardware", es decir, aquellas que montan y comercializan los ordenadores llamados clónicos.
Estas empresas, algunas de las cuales ya han sido registradas, se beneficiaban del fraude adquiriendo productos en los que se ahorraban el pago del IVA, que no ingresaban en ningún punto del entramado de compraventas entre sociedades.
Esta ventaja competitiva les permitía poner en el mercado unos productos a unos precios muy por debajo del real.
Las operaciones fraudulentas de compraventa se producían en varios países europeos, con el fin de dificultar su seguimiento.
Las investigaciones, que se han prolongado más de un año, comenzaron al detectar a un anciano que percibía importantes ganancias a través de una sociedad inmobiliaria de su propiedad.
Por último, la Agencia Tributaria señala que todas las actuaciones se han realizado bajo la dirección del Juzgado Número 6 de Zaragoza.
El Gobierno de Juan Vivas está muy sastisfecho con la organización del pasado Día de Ceuta así como de la jornada en honor de la ciudad en la Expo de Zaragoza. Los miembros del Ejecutivo se han felicitado entre sí y han trasladado también las lisonjas a los trabajadores municipales involucrados, a través de la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel. Trabajo "responsable" según la portavoz y que ha permitido una participación "importante" de los ceutíes en ambas fechas.
Juventudes Socialistas de Ceuta celebrará el jueves a las 18:00 horas su 5º Congreso Regional Ordinario en el que se elegirá a un nuevo secretario general, después de que Sergio Chaves se haya visto obligado a dejar el cargo por cumplir la edad máxima recogida en los estatutos. El nuevo secretario general de las juventudes del PSOE podría ser José Antonio Carracao, actual asesor de la Delegación del Gobierno, según informaron a Ceuta al día fuentes próximas al partido. El congreso se celebrará bajo el lema Un nuevo impulso para nuevos retos y supondrá una "renovación generacional en el seno de la organización", según asegura JSCE en una nota de prensa.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Córdoba, en estrecha colaboración con los grupos de estupefacientes de la Comisaría Local de Algeciras y de la Jefatura Superior de Ceuta, han desarticulado una organización dedicada a la introducción y venta de hachís en Córdoba y otras provincias, interviniéndose a los detenidos 20 kilos de hachís. Según informó la Policía los detenidos son J.M.T., de 47 años; M.G.R., de 36 años, J.P.A., de 66 años, y J.M.G., de 66 años, a quienes les han imputado sendos delitos contra la salud pública. Tres de los detenidos residen en la localidad de La Carlota (Córdoba) y el otro en la capital cordobesa. Los detenidos se dedicaban a introducir hachís para su posterior venta tanto en Córdoba como en otras provincias.
