Agentes de la Policía Nacional trasladaron hoy al alcalde del municipio lucense de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño, y a tres   concejales --dos del PSdeG y uno de Terra Galega--, tras un registro efectuado en el consistorio por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José.

Según fuentes municipales, el regidor  y los tres ediles detenidos fueron trasladados en coches patrulla a la comisaría, en Lugo, donde serán interrogados y, posteriormente, se   decidirá sobre su situación procesal.  

Se trata de los concejales socialistas Ana Campo y Antón Balado, dos de los tres con los que cuenta su partido en el municipio. Por su   parte, su compañero de filas Mario Saavedra permanece al margen de   esta situación. A mayores, fue trasladado a comisaría el único edil   con el que cuenta Terra Galega, Roberto Lorenzo.  

Aparte de a estas personas, las fuerzas del orden se han llevado   "mucha documentación" del ayuntamiento, cuyas dependencias han sido   registradas e inspeccionadas desde las 9.30 horas hasta,   aproximadamente, las 14.15 horas. Durante este tiempo, se han   revisado "numerosos expedientes" y se han realizado "cantidad de   fotocopias".  

A mayores, fuentes judiciales informaron a Europa Press de que   estos miembros del Gobierno municipal están siendo investigados por   supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación,   posiblemente relacionados con licencias municipales, en pesquisas que   llevan abiertas "unos dos años". No obstante, PP y BNG consideraron   lo ocurrido esta mañana "una sorpresa".   

"SORPRESA"  
   Para el portavoz del BNG en la localidad lucense, Serafín   Carballo, el registro del consistorio y el posterior traslado del   alcalde y tres ediles supone "una sorpresa", puesto que desconocía la   existencia de una investigación abierta. Por el momento, mostró su   "solidaridad" con los retenidos, con los que comparte gobierno.  

No obstante, la formación frentista permanece al margen de este   caso, puesto que se integró en el Ejecutivo local a principios del   pasado mes de septiembre. 

Por su parte, el portavoz del PP local, Arturo Pereira, vivió   también este operativo como "una sorpresa". "Yo no sabía que hubiera   irregularidades, si lo supiera, lo habría denunciado", aseguró a   Europa Press, tras confirmar que la investigación judicial no parte   de una denuncia de su partido.   

SITUACION  
   Este municipio lucense de casi 5.800 habitantes censados está   gobernado por Juan José Díaz Valiño con cuatro concejales de su   partido apoyados por uno de Terra Galega (TeGa), mientras que los dos   ediles del BNG se integraron en el gobierno de coalición apenas a   principios del pasado mes de septiembre.  

En cuanto al juzgado que lleva el caso, es el mismo que instruye   la causa por un supuesto sobreseimiento irregular de multas en la que   se vieron implicados el ex responsable de la Jefatura Provincial de   Tráfico en Lugo Julio González, y el ex subdelegado del Gobierno en   Lugo Jesús Otero. 

Un juzgado de Sevilla ha citado a declarar como imputada a la reportera Samanta Villar como presunta cómplice del robo de unos hierros mientras realizaba un reportaje con chabolistas para el programa "21 días" de la cadena Cuatro.
    Fuentes del caso han explicado hoy que el juzgado de instrucción 7 de Sevilla ha citado a Samanta Villar el próximo 13 de octubre, mientras que dos días después lo harán cuatro miembros de la familia chabolista a los que acompañó durante la recogida de chatarra.
    En el programa "21 días", Villar convive durante ese tiempo con las personas objeto de su reportaje, y en este caso lo hizo con habitantes del asentamiento chabolista de "El Vacie", donde acompañó en todas sus actividades diarias a la familia gitana que la acogió en su infravivienda.
    En una de dichas actividades, la reportera acompañó a cuatro miembros de la familia en la recogida de chatarra por las calles de Sevilla, pero posteriormente el dueño de unos hierros denunció el robo de material valorado en algo más de mil euros, importe en el que incluye el candado que presuntamente rompieron los ladrones.
    En el vídeo aportado al juzgado se ve a la reportera conduciendo la furgoneta, dado que era la única del grupo que tenía carné, vigilando la operación de carga de la chatarra y con expresiones de nerviosismo, según las fuentes.
    Han añadido que el programa objeto de la denuncia se emitió en abril pasado, y ahora la reportera puede ser imputada como presunta cómplice, cooperadora necesaria o inductora del delito.
    Samanta fue citada a declarar por exhorto en Barcelona, donde reside, antes del verano, pero, al no haber comparecido, ha sido citada de nuevo el próximo 13 de octubre en el juzgado sevillano que instruye la denuncia tramitada por la Guardia Civil.
    Esta no es la única ocasión en que se imputa a reporteros por delitos cometidos en su presencia, y en el año 1995 un redactor, un realizador y dos cámaras de Canal Sur Televisión fueron juzgados por grabar y no impedir la paliza de una patrulla ciudadana a un proxeneta en la barriada sevillana de Sevilla Este.
    Finalmente, los periodistas fueron absueltos porque la agresión se produjo en un momento de "peligro manifiesto y con gran rapidez" y porque no pudieron actuar, dada la distancia a la que se encontraban los agresores.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la Unidad de Cooperación Policial Internacional de la Comisaría General de Policía Judicial, trasladaron hoy desde Francia a la presunta integrante de la banda terrorista ETA Maite Aranalde Ijurco, huida de la Justicia desde finales de 2002, según informó en un comunicado el Ministerio del Interior.
Su entrega fue concedida por las autoridades francesas a favor del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo. Nacida en Ibarra (Guipúzcoa) el 24 de septiembre de 1982, Aranalde Ijurco formó parte de un comando legal de apoyo a ETA y huyó de la Justicia a finales de 2002 cuando fue desarticulada la infraestructura del K-Zelatun y su entramado.
En marzo de 2005, gracias a una operación conjunta de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y la División Nacional Antiterrorista francesa, fue detenida en un apartamento de la localidad de Le Cap d’Adge, próxima a Montpellier, junto a Iñaki Arietaleaniz Tellería y Haymar Altuna Ijurco, también presuntos terroristas.
En junio de 2008, la Cámara Correccional del Tribunal de Gran Instancia de París condenó a Maite Aranalde Ijurco a seis años de prisión por un delito de asociación de malhechores con fines terroristas.