El Gobierno valenciano rebajará un 10 por ciento la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta (IRPF) a las familias de trabajadores y autónomos que tengan dos o más hijos y cuya renta familiar en conjunto no supere los 24.000 euros.
Este ha sido el primer anuncio realizado por el president de la Generalitat, Francisco Camps, durante el Debate sobre el Estado de la Comunitat, que ha arrancado hoy en Les Corts Valencianes, donde también ha asegurado que el Ejecutivo que dirige no va a subir los impuestos, en contra de lo que ha hecho el Gobierno central.
De esta rebaja, que ha sido ampliamente aplaudida por la bancada popular, se podrán beneficiar más de 315.000 familias de la Comunitat Valenciana, y supondrá un ahorro global de cerca de 16 millones de euros, según ha destacado Camps.
Ha destacado que esta medida se une otras puestas en marcha por el Consell como la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la rebaja del Impuesto sobre la Renta, las deducciones por nacimiento y adopción de hijos, familias numerosas, y ascendientes mayores y discapacitados, o las ayudas para el acceso a la vivienda.
El president de la Generalitat ha defendido que este tipo de iniciativas son "políticas sociales, y no la subida de impuestos del Gobierno" que, según ha denunciado, afectará a todos los ciudadanos y, en concreto, costará a los valencianos un total de "847 millones de euros".
Camps ha afirmado que la Generalitat seguirá trabajando para reducir la presión fiscal "a quienes más lo necesitan", ya que, a su juicio, subir los impuestos supone "paro y déficit", mientras que bajarlos representa "crecimiento económico y creación de empleo".
El discurso del president de la Generalitat está siendo seguido por todos los miembros de su Ejecutivo, incluido el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, que se ha incorporado al pleno una vez iniciado éste. CVA-ESTADO COMUNITAT (repetición)
PLAN DE AUSTERIDAD
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha anunciado hoy la puesta en marcha de un plan de austeridad que permitirá ahorrar a las arcas públicas un total de 308 millones de euros, y que incluye medidas como la reducción de las "entidades dependientes" del Gobierno valenciano.
Camps, que ha hecho este anuncio en su discurso del Debate sobre el Estado de la Comunitat, ha indicado que este plan también contempla la "congelación", por segundo año consecutivo, de los sueldos de todos los altos cargos del Consell, "que ahora cuentan con una de las retribuciones más bajas de toda España".
La racionalización y limitación "con carácter temporal" de los puestos de trabajo en la administración pública es otra de las propuestas del president, quien ha asegurado que se "congelarán" las plantillas, salvo las necesarias para la dotación de nuevos centros docentes, hospitalarios, judiciales y asistenciales.
La contención, ha garantizado, "no afectará" a los acuerdos en materia de retribuciones que la Generalitat tiene con los empleados públicos de los sectores docente, sanitario y judicial.
El plan también contempla una reducción del 5 por ciento en los Presupuestos de la Generalitat para 2010, salvo los capítulos que afectan al gasto social, que tampoco se verá afectado por la bajada de las trasferencias corrientes, que será de un 35 por ciento.
El jefe del Consell también ha destacado su intención de reorganizar el sector público "reduciendo el número de entidades dependientes de la Generalitat, agrupando las competencias que puedan resultar asimilables", y la centralización "paulatina" de la tesorería de todas las empresas y organismos públicos.
"Se aplicará al sector público valenciano las medidas de contención de personal, de reducción de gastos de funcionamiento y de trasferencias corrientes", ha declarado y ha añadido que también se continuarán primando las inversiones productivas que repercutan en un incremento de la productividad de sectores económicos.
De igual modo "se priorizará la inversión en infraestructuras estratégicas para incrementar la competitividad de nuestro territorio en el ámbito logístico, de transporte y de investigación".
El documento de propuestas de la CEOE en materia de diálogo social que ha enviado al Gobierno y a los sindicatos CCOO y UGT no contempla ninguna cifra concreta de rebaja de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Según el texto, de 16 páginas y al que ha tenido acceso hoy EFE, en el apartado dedicado a la reducción de costes por cotizaciones no se contempla la cifra de cinco puntos que han reclamado hasta ahora.
Esa exigencia es la que, según CCOO y UGT, ha impedido que hasta ahora se haya logrado un acuerdo en la mesa de diálogo social, en la que el Gobierno propone un recorte de 1,5 puntos (medio punto de forma permanente y el resto sólo se aplicaría en 2010).
Fuentes de la patronal consultadas por EFE han explicado que en su documento no aparece ninguna cifra porque "estamos en la negociación".
En el texto se explica que para "justificar" la reducción de esos costes "bastaría" con recuperar el "exceso" de financiación empresarial por complementos de mínimos durante el período 2002-2009 (3.999,26 millones de euros), así como aplicar la separación de fuentes prevista en el Pacto de Toledo para las bonificaciones por contratación aplicadas desde el año 2006 (2.908 millones de euros en 2009).
Asimismo, la CEOE también suma a ese propósito los 3.800 millones adscritos al Fondo de Prevención, a partir de los excedentes de las mutuas, y los 4.595,63 millones de dotación al Fondo de Garantía Salarial.
Todos estos conceptos, precisa la patronal, suman 15.302,89 millones, mientras que el punto de reducción de la cotización por contingencias comunes, en el ámbito privado, no llega a los 2.500 millones.
Sobre el segundo de los temas que ha centrado la negociación, el pago de 420 euros a los parados que hayan agotado su prestación por desempleo y carezcan de rentas, CEOE asegura que es necesaria esa protección, pero no se pronuncia sobre el plazo de vigencia cantidad.
El Gobierno propone en su tercer borrador, del 13 de julio, que sea de seis meses, prorrogable a otros seis, dependiendo de la situación económica y para "nuevos destinatarios", mientras que los sindicatos quieren que sea de un año desde el principio.
De la reforma laboral, así como otras estructurales, la patronal dice que a partir del 1 de septiembre es necesaria una "segunda fase" de negociación, que abarque asuntos como la contratación, la flexibilidad interna de las empresas o la reforma de la negociación colectiva.
En cuanto al control del absentismo laboral, la patronal reclama que se suprima la obligación de las empresas de pagar la baja por enfermedad entre el cuarto y decimoquinto día.
En materia de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), CEOE pide que a los casos que supongan la suspensión temporal de los contratos se les extienda la bonificación al 100% de las cotizaciones empresariales durante un período máximo de 240 días.
De la mejora de los servicios públicos de empleo, aseguran que debe ir acompañada de una mayor colaboración con los privados, lo que conlleva la autorización de las entidades con ánimo de lucro.
Los empresarios apuestan también por la mejora de la prevención de riesgos laborales, por un crecimiento económico basado en la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico, por el reforzamiento del diálogo social, por la reforma de la negociación colectiva.
Para impulsar el crecimiento y el mantenimiento del empleo en las PYMES, la CEOE pide que se reduzcan 5 puntos en el Impuesto de Sociedades, durante 3 años, para empresas de menos de 25 trabajadores y un volumen de ventas inferior a los 5 millones de euros y destinado a reinversión.
La patronal además pide al Gobierno que se comprometa a no subir los impuestos de sociedades, actividades económicas, plusvalías o IVA y concluye diciendo que "todo planteamiento queda sujeto a la existencia o no de un acuerdo global en la primera fase".
La mesa del diálogo social que conforman Gobierno, patronal y sindicatos tampoco logró hoy el esperado acuerdo en torno al tercer borrador propuesto por el Ejecutivo e incluso parece haber dado un paso atrás. La patronal sigue considerando que la rebaja propuesta de las cotizaciones sociales de las empresas es insuficiente, lo que hace que el acuerdo sea "materialmente imposible", según señalaron fuentes del Ministerio de Trabajo.
El tercer borrador puesto sobre la mesa por el Gobierno incluía una rebaja de las cotizaciones sociales de las empresas de hasta 1,5 puntos porcentuales, en lugar de cinco puntos como pide la patronal, así como una prestación de 420 euros durante seis meses para parados que hayan agotado sus prestaciones y subsidios y se encuentren en situación de necesidad, la mitad de lo que reclaman los sindicatos.
Los sindicatos dejaron entrever en las horas previas a la reunión que por su parte habría flexibilidad, al afirmar que la clave del encuentro estaría en manos de la patronal. De hecho, el responsable de comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, confirmó a Europa Press tras el 'choque' de posturas que los sindicatos estaban "dispuestos a negociar" los dispuesto en el último borrador.
Incluso desde el Ministerio de Trabajo se asegura que antes de la reunión "era razonable" esperar un acuerdo. Tras más de tres horas de discusión, el gabinete de Celestino Corbacho recalca que la patronal "pide más" y reitera que una rebaja de cinco puntos en las cotizaciones sociales de las empresas pondría en peligro el sistema.
LA PATRONAL PONE "PATAS ARRIBAS" EL DIÁLOGO SOCIAL.
Más aún, Lezcano aseguró "sorprendido" que, más allá de la cuestión de las cotizaciones, la patronal "lo ha descalificado todo"
y ha "puesto patas arribas" el perímetro marcado por el Gobierno dentro del cual negocia. Así, puso en duda la "voluntad" de los empresarios de alcanzar un acuerdo y sugirió que su postura esconde "otro tipo de intencionalidad" que, a su juicio, "tendrán que explicar".
"Creo que la patronal no vela tanto por las empresas como por otros intereses", añadió Lezcano antes de apostillar que, de esta forma, han "retrotraído" la negociación.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, confirmó a Europa Press que la patronal sigue enconada en sus postulados y hasta volvió a pedir una reforma laboral. "El borrador les parece económicamente insuficiente y no comparten los contenidos ni tampoco la orientación". "En esta situación, el acuerdo no existe", añadió.
EL GOBIERNO ESPERARÁ ANTES DE DECIDIR.
Ferrer informó también de que la patronal solicitó una nueva reunión para seguir negociando, pero, como confirmaron desde el Ministerio de Trabajo, los representantes del Ejecutivo se plantaron e hicieron ver a la CEOE que mientras no reconozcan una base de negociación no cabe un nuevo encuentro.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, aseguró ayer que el Gobierno hará pública su posición en el caso de que el proceso de negociación finalice sin acuerdo.
Trabajo sigue la cautela. Desde el Ministerio se precisó que antes de dar cualquier paso esperarán a ver cómo se desarrolla la cena que esta noche ofrece el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a los líderes de CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas, respectivamente. Asimismo, Trabajo esperará, de momento, a la posibilidad de que mañana se den nuevos contactos.
La UEFA ha reducido las sanciones al marfileño Didier Drogba y el portugués Jose Bosingwa (Chelsea) por los incidentes con el árbitro, el noruego Tom Henning Ovrebo, al final del partido de vuelta de la semifinal de la Lliga de Campeones contra el Barça
Drogba y Bosingwa fueran sancionados por el Comité de Control y Disciplina de la UEFA con seis y cuatro partidos respectivamente, por comportamiento antideportivo aunque tras las alegaciones del club y la declaración de los propios jugadores, la UEFA ha decidido reducir un encuentro a ambos. Drogba ha sido sancionado con cinco partidos, aunque dos de estos quedan en suspenso si en los próximos tres años no vuelve a ser sancionado. Además, el delantero tendrá que pagar una multa de 15.000 euros. Bosingwa será suspendido durante tres partidos de la UEFA y, al igual que Drogba, no tendrá que cumplir su último encuentro de sanción si durante los tres próximo años no comete ningún comportamiento antideportivo.
