El secretario general de los socialistas ceutíes, José Antonio Carracao, tiene previsto exigir, en el próximo pleno de la Asamblea, al Gobierno de Juan Vivas que arranque el compromiso del Ministerio de Educación de que Ceuta va a quedar al margen de los recortes. “Le pediremos al gobierno del PP en Ceuta que inste al de la nación para que esos recortes educativos no afecten de ninguna manera a la ciudad “, argumentó el dirigente socialista, quien  formulará en forma de moción esta iniciativa  en la sesión plenaria que se celebrará el próximo viernes 27 de abril.

“El freno en la inversión en educación va en contra de los intereses de la ciudad y de su desarrollo, porque si se forma peor a los ciudadanos van a tener menos oportunidades en la vida”, ha advertido Carracao, quien insistió en que tras estos recortes y el consiguiente aumento del número de alumnos por aula se está programando “un despido masivo” de profesorado interino. “Nos vamos a  poner en primera línea de rechazo sobre ese aumento de la ratio que se ha planteado, porque además de reducir el número de profesores, en los Presupuestos Generales del Estado no hay planteado ni un solo euro para la construcción de nuevos centros educativos”.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que rechace la querella por prevaricación y tráfico de influencias que el PP presentó contra el ex presidente andaluz y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en relación a la concesión de una subvención pública a Matsa, en la que trabaja su hija.
       En un informe, el teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Juan José Martín-Casallo, reclama al Alto Tribunal que inadmita y archive esta querella "por no ser los hechos en que se funda constitutivos de delito".
       La querella interpuesta por el PP contra Chaves el pasado mes de julio se basa en el hecho de que, durante su etapa como presidente de la Junta andaluza, la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que su hija es apoderada, recibió una subvención superior a los diez millones de euros.
       El informe del fiscal recuerda que en la tramitación del expediente de concesión de incentivos a la empresa Matsa Chaves participó como presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en una reunión en enero de 2009 en la que se produjo la ratificación de la aprobación efectuada por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
       "No consta del expediente administrativo que el querellado efectuara algún tipo de gestión para la concesión del incentivo", afirma.
       Añade que no existen indicios de que Chaves haya influido sobre los funcionarios de la Agencia IDEA o de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, "bien dando una orden directa para que el expediente se resolviera de una manera concreta y determinada, bien tratando de influir en la resolución de quien no es inferior jerárquico directo".
       La actuación del querellado -señala- "se redujo a aprobar en Junta de Gobierno una concesión de incentivo que, de acuerdo con la cuantía reconocida, debía ser autorizada por el órgano que presidía, limitándose, por tanto, a ratificar lo que ya se había establecido, en igual sentido, por las correspondientes instituciones de los órganos administrativos competentes".
       La Fiscalía, que estima que tampoco existe un delito de prevaricación administrativa, añade que "la parte querellante, en su esfuerzo acusador, no ha logrado designar un solo acto resolutivo que pueda ser considerado injusto".
       Señala que tampoco de la cuantía del incentivo puede deducirse la existencia de ningún delito y el hecho de que en la empresa preste sus servicios la hija de Chaves "no puede llevar a la conclusión de la existencia de delito alguno".
       La denuncia fue registrada el pasado 24 de junio en el Alto Tribunal por el PP, que al día siguiente informó de que había decidido retirarla para ampliarla "con los nuevos datos" obtenidos.
       Así el 16 de julio presentó una ampliación de la querella, esta vez contra Chaves y no contra su hija como inicialmente ocurría.
       En la querella señalan que Chaves no se abstuvo en el trámite de aprobación de la subvención concedida "a pesar de conocer de modo indubitado" que su hija era responsable del departamento jurídico de la empresa favorecida con esa resolución, que, según el PP, "no se ajustaba a Derecho".
       Añade respecto al delito de tráfico de influencias que Chaves prevaliéndose de su condición del jefe del Ejecutivo andaluz intervino ante las autoridades competentes "de cara a que Matsa consiguiera el incentivo", que "venían solicitando años atrás con resultados rotundos de denegación"