- jueves 02 mayo 2024
EFE
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha acordado disolver y liquidar la sociedad de inversión en bienes filatélicos Afinsa, cuyos activos sólo cubren el 33% de las deudas, después de que la empresa no haya logrado el apoyo de sus clientes al plan de viabilidad, que sólo recibió el voto favorable de 3.322 acreedores (el 4,64% de las deudas).
El titular del Juzgado, Francisco Javier Vaquer, ha suspendido, en un auto publicado este martes y que se puede recurrir, la obligación que tienen los administradores concursales de presentarle un plan para vender los activos de la empresa y poder comenzar a pagar a los 190.666 clientes.
Justifica la decisión por estar a la espera de recibir los informes periciales que se encargaron en el proceso penal que se sigue en la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores de la empresa, que fue intervenida en mayo de 2006. También quiere que el Juzgado Central de Instrucción le comunique si la liquidación impediría o dificultaría el desarrollo de las investigaciones penales.
Afinsa sólo cuenta con activos valorados en 812,64 millones, según el informe de situación patrimonial, ya que se ha otorgado a la empresa filatélica un precio de 249 millones de euros.
Frente a ello, la empresa tiene unas obligaciones de pago por importe de 2.443,75 millones de euros, lo que arroja un agujero patrimonial de 1.631 millones de euros, de forma que los clientes recuperarán un máximo del 33% de lo que invirtieron.
Cese de los actuales administradores sociales
La disolución de Afinsa supone el cese de los actuales administradores sociales (Juan Antonio Cano Cuevas y Albertino de Figueiredo) y su sustitución por los administradores concursales, que deberán liquidar los activos de la empresa.
La liquidación de Afinsa también podría verse paralizada por el recurso que previsiblemente interpondrán los antiguos gestores ante la Audiencia Provincial de Madrid. En ese caso, el titular del Juzgado tiene la facultad de suspender el proceso, como ha ocurrido en Fórum Filatélico.
Afinsa sigue de momento los pasos de Fórum Filatélico, que el juez ordenó liquidar en julio de 2008. Los clientes han cobrado hasta el momento un 10% de los ahorros depositados en la empresa y que no lograrán recuperar con la venta de activos, ya que el déficit es aún mayor que en Afinsa.
madrid-El Gobierno ha dado marcha atrás en su decisión de establecer una ecotasa en la Ley de Economía Sostenible, después de comprobar la reacción adversa que ha generado en la sociedad el alza del IRPF y del IVA en 2010, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Ejecutivo. En diversas ocasiones, se ha debatido en el seno del Gobierno la oportunidad de subir los impuestos.
En esas discusiones, algunos dirigentes socialistas han entonado el «mea culpa» por no saber conectar con la sociedad a la hora de transmitir a los ciudadanos la necesidad de que se aprieten el cinturón. Destacados líderes socialistas achacan este problema a un error de comunicación en la explicación sobre las razones del Gobierno para aumentar los impuestos directos e indirectos, subida que consagra los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.
Después de varias reuniones, el Ejecutivo ha dado marcha atrás en su idea inicial de incluir una ecotasa en la Ley de Economía Sostenible, precisamente, por el rechazo generado en la sociedad al incremento de los tributos. De momento, el Gobierno sigue trabajando en la Ley de Economía Sostenible, que, en principio, tiene previsto aprobar en noviembre próximo.
Acto seguido, convocará la Conferencia de Presidentes con carácter monográfico sobre esta cuestión, la economía sostenible, a finales de noviembre o principios de diciembre, tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado día 6 de julio. Desde enero de 2007, fecha de la que data la tercera cumbre de jefes de ejecutivos autonómicos, los líderes regionales no se ven las caras en este foro, creado por el presidente Zapatero en su primera Legislatura.
El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, está plenamente convencido de la urgencia de cambiar el modelo económico español, según fuentes monclovitas. Se trata de sentar bases más sólidas que las actuales que soporten con «mayor resistencia y vigor» una crisis económica como la que vive en estos momentos España. Esta norma multidisciplinar, en la que trabajan a toda velocidad diferentes departamentos, edificará los cimientos del nuevo sistema que pretende impulsar el presidente.
Por tanto, esbozará las reglas de juego básicas que deben regular el mercado en materia macroeconómica, financiera, laboral, medioambiental, energética... El Gobierno, de momento, ha aprobado las nuevas normas reguladoras del sistema financiero.
Con su ley de economía sostenible, intentará cambiar el modelo económico español, basado, especialmente, en el ladrillo. Zapatero considera que el actual sistema ha ayudado a intensificar, en cierta manera, los efectos de la crisis que azota a España. «El futuro no se va a hacer con una montaña de cemento y petróleo, sino con energía eólica y solar», ha advertido en diversas ocasiones el presidente.
Su gran apuesta para el nuevo modelo serán las energías renovables, la investigación y el desarrollo. Sin embargo, poco ha trascendido de la ley de economía sostenible. Eso sí, La Moncloa considera que supondrá una auténtica revolución para el sistema económico acutal.
La coalición política UDCE-IU y el sindicato Comisiones Obreras han coincidido en sus críticas a la agenda prevista por la Ciudad para la visita del secretario europeo de Fondos Regionales, Pavel Samecki. Un viaje copado por la Administración local, lo que ha llevado al sindicato a acusar al Gobierno Vivas de "secuestrar" al comisario en su visita a Ceuta. UDCE-IU ha anunciado que no acudirá a ningún acto oficial al haberse negado el Ejecutivo local a programar una entrevista de los partidos de la oposición con el político europeo.
El Pueblo de Ceuta | CCOO y UGT reiteran su rechazo a una congelación salarial al ...El Pueblo de CeutaLa Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) y la de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) de Ceuta ... |
El Govern, cuyos socios ya hablan de reeditar el tripartito la próxima legislatura, cree que con el pacto en financiación se cumple "al máximo" los preceptos del Estatut, mientras que CiU advierte de que no teme quedarse sola en su rechazo al acuerdo porque entiende que el tiempo le dará la razón.
El gobierno catalán ha dado hoy su visto bueno al pacto con el Gobierno en materia de financiación porque cumple en su "máxima potencialidad" los preceptos del Estatut y situará a Cataluña 5,6 puntos por encima de la media española a partir de 2012, con una horquilla de rendimiento de entre 3.650 y 4.000 millones de euros.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno catalán, el conseller de Economía, Antoni Castells, ha confirmado que mañana Cataluña, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), apoyará el acuerdo en financiación, en un foro con representación de todas las comunidades autonómicas.
Castells, que cree que el Gobierno acabará poniendo en el sistema cerca de 12.000 millones, afronta la reunión de Madrid con el convencimiento de que el nuevo modelo establece una relación bilateral con el Estado sin precedentes ya que Cataluña ha negociado su aportación a la solidaridad, que además le permite reducir 12 puntos respecto del rendimiento que tendría la Generalitat si tuviera el concierto económico.
Castells interpreta que "si hay alguna comunidad autónoma que estuviese por encima de Cataluña tras la nivelación sin tenerlo que estar, querría decir inequívocamente que hay alguna otra que debería estar por encima que estará por debajo... pero nosotros estamos donde nos toca", 5,6 puntos por encima de la media española.
De esta forma, el conseller entiende que si una autonomía está por encima o por debajo de la media ya no afectará a Cataluña, sino al resto de CCAA entre sí.
Precisamente, la Generalitat apoyará el nuevo modelo de financiación porque entiende también que tiene una voluntad de estabilidad, basado en un 97% en la población y que será ajustable de forma periódica, con lo que Generalitat cree que puede proporcionar 'paz financiera' entre las CCAA al racionalizar la solidaridad territorial.
Como primer efecto balsámico del acuerdo, el Govern reconsiderará el recorte presupuestario de 383,1 millones de euros en sus presupuestos de este mismo año, un pacto cuyo rendimiento irá destinado a reducir el déficit y a mejorar los servicios públicos.
Un Castells indignado ha reaccionado duramente ante las críticas de CiU porque atacan los "fundamentos" legales del pacto catalán en materia de financiación, y ha lamentado ver a una Convergència que "no está a la altura" y alejada de la centralidad por una "rabieta".
Además, uno de los portavoces adjuntos del PSC en el Parlament, David Pérez, ha retado a CiU a acudir a los tribunales si considera ilegal el nuevo sistema de financiación por no respetar el Estatut.
Anteriormente, el presidente de CiU, Artur Mas, confirmó que CiU no descarta llevar la futura reforma de la ley de financiación autonómica al Consejo de Garantías Estatutarias para que examine si efectivamente vulnera preceptos del Estatuto.
CiU no teme quedarse "sola" en Cataluña oponiéndose al acuerdo de financiación porque tiene el convencimiento de que el tiempo le acabará dando la razón, y ha retado a ERC a explicar de dónde saca las cifras del dinero que dice que recibirá la Generalitat con el nuevo modelo, unas cifras que los republicanos han llegado a situar hoy en 5.000 millones de euros en un baile de cifras que el Govern mira sin dar aún la cuantía concreta que espera.
Tras la reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva de CiU celebrada esta mañana, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, ha confirmado que CiU se mantendrá "firme" en sus posiciones y "no le temblarán las piernas" por seguir rechazando prácticamente en solitario desde Cataluña el nuevo acuerdo de financiación.
"No es la primera vez que CiU se queda sola frente al resto de formaciones políticas ante una cuestión importante", ha apuntado Duran, que ha recordado su también solitario 'no' a la ley de dependencia.
Por su parte, el PP catalán presentará una propuesta de resolución en el pleno monográfico sobre la financiación, que se celebrará finalmente la semana que viene (22 y 23 de julio), en la que pedirá crear una "comisión de seguimiento" para garantizar la aplicación del nuevo sistema.
El líder de la corriente crítica de ERC Esquerra Independentista (EI) y diputado en el Parlament, Uriel Bertran, aseguró hoy que el 35 por ciento de la Ejecutiva Nacional rechazó hoy el modelo de financiación propuesto por el Gobierno, y volvió a reclamar un referéndum interno del partido sobre el modelo.
En un apunte en su blog de Internet, explicó que 14 de los miembros de la ejecutiva de ERC no apoyaron el modelo, y los felicitó por su "valentía y coherencia", al oponerse a participar en una escenificación preparada desde hace días.
Después de que el presidente de ERC, Joan Puigcercós, confirmara el aval de ERC al modelo tras tres horas de reunión de la ejecutiva, Bertran pidió que la militancia pueda rechazar en referéndum una financiación "pésima para Cataluña por insuficiente, engañosa y antiestatutaria".
Indicó que más de un tercio de la militancia de ERC no está representada en la ejecutiva, por lo que está claro, a su juicio, que el rechazo al modelo puede ser mayoritario entre las bases. Como ya hizo el sábado, recordó que EI presentó 1.114 firmas para celebrar un referéndum, que la corriente quiere para el sábado 18 de julio.
Remitiéndose al análisis de la profesora de Teoría Económica de la UB Elisenda Paluzie, EI considera que las cifras para los primeros tres años sólo representan una reducción del 10 por ciento del "expolio" fiscal previsto para 2009, y remarca que Catalunya no estará por encima de la media de financiación por habitante si se restan las partidas para competencias que sólo ejerce la Generalitat y no el resto de comunidades.
La corriente también apunta que la cifra de 3.855 millones de euros es una "hipótesis estadística que no se cumplirá", y critica el incumplimiento estatutario respecto a los tres años para la aplicación del modelo.