La jueza que instruye las diligencias por una presunta trama entre el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) y doce sociedades filiales, también de Madrid y Sevilla, ha decretado hoy prisión sin fianza para el empresario madrileño Juan Antonio G., el octavo implicado, al término de su declaración.

El empresario ha sido el último de los detenidos en declarar ante la juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Montserrat Peña, que le imputa los delitos de blanqueo, malversación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias, según han indicado fuentes judiciales.

Anoche, la juez instructora decretó prisión sin fianza para el alcalde, Juan Enciso (PAL), y el interventor municipal, José Alemán, acusados de los delitos de blanqueo, malversación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias.

Además, la juez ha ordenado prisión sin fianza para el representante de la empresa Gestora Ejidense, Ambrosio Cuevas.

Los mismos cargos se les imputan al cuñado del alcalde y hermano de su mujer, Francisco Javier A.C., al hermano de Alemán, Enrique Alemán, y al empresario vinculado a la sociedad Gestora Ejidense Jesús Aragón, aunque para ellos la jueza ha decretado prisión eludible con fianza de 50.000 euros.

En prisión incondicional sin fianza están también desde el jueves el empresario José Amate, administrador de las empresas Arborimar y Maviroad, su hijo y sus dos yernos, con lo que suman siete de los veinte detenidos en la Operación Poniente.

En la operación desarrollada el pasado martes fueron detenidas veinte personas y registrados sus domicilios, así como las sedes de doce sociedades y de la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur).

A los detenidos se les imputan los delitos continuados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, según informó la Fiscalía Anticorrupción.

La solución del presidente del PP a la crisis de la Gürtel se limita un código de buenas conductas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado hoy que "los de la trama corrupta" del caso Gürtel dicen que la quieren "machacar" porque ella abortó en el municipio madrileño de Majadahonda "la mayor operación de venta de suelo por la mitad de su precio".
    "¿Por qué se cree usted que los de la trama corrupta de esas escuchas que han publicado dicen que van a utilizar todos los medios para machacar a Esperanza? ¿Por qué se cree que eso sucede?", ha espetado en el pleno de la Asamblea la presidenta regional a la portavoz del PSOE, Maru Menéndez.
    "Pues porque nosotros abortamos la mayor operación de venta de suelo por la mitad de su precio en Majadahonda: 83 millones de euros por una parcela que luego se vendió en 157", ha continuado Aguirre, que ha apuntado que el Partido Socialista de Madrid (PSM) la "denunció" por eso "y luego lo archivaron".
    Según la presidenta, la dirección del PP de Madrid y "singularmente" ella como presidenta, abortaron esta operación, en virtud de la cual los 74 millones de euros que había de diferencia entre el valor real de esa parcela (157 millones) y los 83 por los que se iba a vender era "la que se iba a embolsar Correa, perdón, presuntamente estos señores", ha explicado en los pasillos de la Cámara.
    Aguirre ha respondido así a la portavoz socialista, que le ha acusado de ser la "responsable de la trama", aunque "pretenda aparecer ante los medios como el adalid de la limpieza, la transparencia y la acción contra la corrupción".
    "No señoría, usted es la responsable de todas las contrataciones que se han hecho con contratos fragmentados y, por tanto, cometiendo un delito", le ha dicho Maru Menéndez a la presidenta.
    Según sus datos, todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid ha realizado al menos 371 contratos con empresas de la trama de Correa.
    De ellos, ha destacado los contratos por valor de 994.000 euros con la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo; por valor de 401.499 euros con la de Inmigración y Cooperación; 322.341 euros con la Vicepresidencia del Gobierno y 319.756 euros con la de Presidencia, Justicia e Interior.
    Esperanza Aguirre ha sostenido que su Gobierno "jamás ha contratado a sabiendas con las empresas de ninguna trama delictiva", y ha apuntado que "no es casualidad que los delincuentes lo primero que hacen es intentar disimularlo".
    Ha insistido en que "si se demuestra que ha habido cohecho o sobornos a cambio de algún contrato de esta Comunidad", ella será "la primera" que impulsará que "caiga todo el peso de la ley sobre quien lo haya hecho".
    Ha señalado que, desde que ella gobierna, la Comunidad de Madrid ha realizado un total de 30.300 contratos por valor de 15.500 millones de euros, y ha defendido que todos ellos han estado "sujetos al control parlamentario", lo que ha provocada los abucheos, risas y otras muestras de discrepancia entre los diputados de la oposición.
    A estos, Aguirre les ha asegurado que "si alguno (de estos contratos) no lo está, lo va a estar (a su disposición) a partir de ahora".
    "Ninguna organización humana, sea una empresa privada, una Administración pública o un partido político, está libre de que haya personas en su seno que traicionen la confianza que se deposita en ellos, o que sean corruptos o delincuentes; la diferencia está en qué se hace cuando esos casos se ponen de manifiesto y a ustedes no les gusta que nosotros hayamos cortado con todos los imputados en este caso. No les gusta que yo tome decisiones que la ciudadanía entiende y aplaude", ha concluido la presidenta.