Los ceutíes nos hemos habituados a lo largo de los años al despotismo en la atención recibida por parte de algunas de las navieras que operan en el Estrecho de Gibraltar y por supuesto, a las abusivas tarifas de un servicio que debería considerarse como esencial, el transporte de personas y mercancías entre las ciudades de Ceuta y Algeciras, una actividad esencial para el desarrollo socio económico de una Ciudad separada de la península por escasos 17 kilómetros, sin ninguna duda, el servicio de transporte público más caro en cuanto a la relación distancia-precio de todos los estados miembros de la Unión Europea.
En los últimos días, hemos tenido conocimiento de dos nuevos incidentes protagonizados por las navieras Acciona Transmediterránea y Balearia, que demuestran la veracidad de las críticas difundidas por unos usuarios desesperados tras comprobar el incumplimiento de las cláusulas incluidas en el documento suscrito entre estas y sus usuarios, desde el momento en el que se abona el pasaje correspondiente. El documento en cuestión, especifica claramente el horario de salida de la embarcación por tanto, cualquier modificación en el mismo, se convierte en un claro incumplimiento en el contrato establecido entre ambas partes aunque, podríamos disculpar algunos incumplimientos puntuales motivados como consecuencia de averías mecánicas ajenas a la voluntad de estas compañías.
No obstante, los incidentes reseñados se refieren exclusivamente a las decisiones adoptadas desde las direcciones de ambas compañías. En el primero de los casos, al modificar el horario establecido inicialmente, sin previo aviso, imposibilitando que un numeroso grupo de ceutíes pudieran regresar a casa y el segundo, retener premeditadamente al pasaje, tras varias horas de retraso en su salida, provocando la indignación de quienes comprobaban la desvergüenza de unos desalmados, que les imposibilitaban cambiar de compañía con la única intención de poder emprender, en la mayor brevedad posible, su desplazamiento hasta la localidad de Algeciras. Debo señalar, en todo momento, la inocencia de un personal que cumple obedientemente las ordenes recibidas desde las direcciones de unas compañías que utilizan el engaño como política comercial.
La reacción del Ejecutivo local ante la reiteración de estas tropelías ha sido contundente, su portavoz, Yolanda Bel, manifestó la semana pasada, que estas actuaciones eran insoportables, instando a todos los ciudadanos que se vieran afectados por estas actitudes inmorales e indecentes, a que presentaran las correspondientes reclamaciones ante la oficina de Consumo dependiente de la Ciudad Autónoma. No obstante, debo señalar, que el libre mercado nos ofrece a los usuarios la posibilidad de buscar el mejor servicio entre los productos existentes, valoremos en su justa medida la relación entre la tarifa abonada y el servicio recibido; puntualidad, limpieza, servicios a bordo y atención al cliente de las tres navieras que operan actualmente en la ruta del Estrecho y actuemos en consecuencia.
En definitiva, una vez más, las actuaciones de algunas navieras en el trato dispensado a sus usuarios son catalogadas como indecentes e inmorales por la portavoz del Gobierno autonómico quien, al mismo tiempo, insta a los damnificados interpongan las quejas correspondientes. No obstante, la administración competente, el Gobierno de España, a través de la Dirección General de la Marina Mercante debería adoptar las medidas sancionadoras correspondientes conducentes a castigar los incumplimientos reiterados tanto, en los contratos suscritos entre las navieras y sus usuarios así como, de los incumplimientos en las cláusulas incluidas en el contrato de la línea de interés público.
