El GIL ganó las elecciones con 12 diputados, pero enfrente tenía la suma de los trece concejales de PP (8), PSOE (2) y PDSC (3), que dieron una efímera alcaldía a Jesús Fortes. El GIL se hizo con el poder gracias al voto de la ya célebre tránsfuga socialista Susana Bermúdez a la que concedió la Consejería de Cultura.

La única salida para descabalgar al GIL pasaba por un nuevo voto de censura, pero los diputados, dice la Ley, no pueden votar dos mociones de censura en una misma legislatura. Algo que sólo podía hacer una de las concejalas del GIL, Aída Piedra, la política de confianza de Sampietro, que había entrado en la Asamblea a media legislatura y que iba a convertirse en la pieza clave del futuro político de Ceuta. “Con esa decisión cometí el gran error, porque ella no había firmado la moción de censura y, por tanto, no tenía la limitación de los otros doce que ya no podrían volver a firmar otra en la misma legislatura. Nadie pensó que Aída nos podría traicionar”, confiesa el propio Sampietro en su libro ‘La Marbella de Gil, Cuba y Ceuta’, publicado por Ediciones Ceitil en 2008. Además de Aida Piedra, Vivas contaba también con el apoyo de Jesús Simarro, consejero de Obras Públicas y Medio Ambiente del GIl responsable político del vigente contrato con Urbaser, y socio de la empresa Manzana del Rebellín que gestionaba el polémico proyecto y que posteriormente fue vicepresidente en la primera etapa del Gobierno de Vivas. Hasta el 10 de febrero de 2001, toma de posesión de Vivas, PP y PSPC mantenían una posición común frente al oscuro proyecto de la Manzana del Revellín. “En cuanto llegaron al poder les exigimos que rompieran el contrato como habían pedido hasta entonces y nos respondieron que no era tan fácil”, recuerda el secretario de Política Municipal del PSPC, Juan Luis Aróstegui “y todo se les olvidó y Gordillo y Vivas incluso pedían respeto a la honradez de Simarro, hombre cabal, decían”. Pese a los informes en contra, el nuevo Gobierno de la era post-GIL, comienza a buscar salidas legales. Una solución que encuentran en la firma de un convenio con la empresa y se reduce la superficie comercial al 30 por ciento. Una reducción que supone además exonerar a la empresa de la parte del precio correspondiente a ‘especias’, es decir, las obras a realizar en Ceuta. Aquí se produce otra de las sombras que rodean a la Manzana del Revellín, finalmente la Ciudad tiene que pagar practicamente toda la obra, no se saca a concurso y se adjudica directamente a Corsan-Corviam. Comienzan las obras y con ellas da comienzo también la batalla judicial. El PSPC presenta sendas denuncias contra las licencias de obra -firmadas por el entonces consejero de Obras Públicas, Nicolás Fernández Cucurull-. La denuncia señala que es un solar público destinado a equipamiento cultural pero vendido para uso comercial. Y por si fuera poco, una empresa privada obtendría suculentos beneficios en esta operación mediante el alquiler de los locales a costa de la inversión de la Ciudad. Una batalla en los tribunales que se prolongó, mediante recursos, hasta octubre de 2007 cuando el TSJA dictaminó la excesiva superficie comercial del centro cultural de la Manzana del Revellín y exigió un destino compatible con el uso final del inmueble: la cultura. Una sentencia a la que el Gobierno de Vivas respondió con una nueva reducción de la superficie de uso comercial que en esta ocasión baja del 30 al 10 por ciento. La empresa quedaba totalmente exonerada de sus inversiones, la Ciudad se hacía cargo de pagar la obra, así como de la peatonalización del Paseo del Revellín y calle Camoens, proyectos del GIL que ejecutaría Vivas. La empresa seguía siendo la propietaria del terreno y sólo tendría que realizar las obras interiores en su parte de los edificios del complejo, las cuales hasta la fecha no se han realizado. Hace unas semanas el Consejero de Economía y presidente de PROCESA, Guillermo Martinez, anunciaba que solicitarían a la empresa privada que terminasen su parte lo antes posible. Se dará la circunstancia que parte de la obra estará sin terminar en su inauguración, es visible como el edificio que se encuentra en la Calle Padilla está en su interior ‘virgen’ desde hace años, era el edificio en el que la Ciudad pretendía ubicar el mercado de abastos. Romper el contrato “La compatibilidad del uso comercial no se mide en porcentaje, la Ciudad podría haber roto el contrato y destinar íntegramente la parcela a uso cultural como estaba previsto desde un principio”, afirmaba Juan Luis Aróstegui en rueda de prensa en diciembre de 2007. Esta afirmación se basaba en que hasta esa fecha la empresa privada “no había financiado ni un euro de la obra, por lo que ni tan siquiera se les habría tenido que indemnizar”. Esta afirmación realizada por el secretario de política municipal del PSPC a finales de 2007, no fue rebatida por el Presidente de la Ciudad, Juan Vivas que dijo “no conocer el dato” sobre la aportación de la sociedad Manzana del Rebellín en la construcción del complejo aunque se reafirmó en la legalidad de la propuesta.

A los escándalos y debates sobre La Manzana del Revellín, le faltó un último episodio. La Ciudad pretendió a finales de 2007 trasladar el Mercado Central a la Manzana del Revellín, para lo cual alquilaría a la parte privada una parte de su propiedad a razón de 1.803.036 euros anuales (300 millones de pesetas) durante 25 años, pese a que seguía sin saberse si la empresa privada había pagado algo en la obra, respuesta que jamás la Ciudad ha sido capaz de ofrecer. Pese a que la Ciudad consiguió poner a su favor al Consejo Económico y Social y a la Confederación de Empresarios, el clamor popular en contra del traslado, y el escándalo del precio que la Ciudad debería pagar en alquiler de un edificio situado en un terreno que era de su propiedad hizo que la Ciudad decidiese que no se trasladase el Mercado a la Manzana del Revellín.

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