El ex consejero de Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma Francisco Márquez ha dejado claro este miércoles que ninguno de los contratos temporales alargados en el tiempo que terminaron metiendo 'por la puerta de atrás' en el Ayuntamiento a 69 personas al final de 2011, según el último informe del Tribunal de Cuentas, puedan ser imputables a su año de gestión o a un deficiente comportamiento del Ejecutivo de Juan Vivas en general.

"La realidad de los hechos es que se procedió en el año 2010 a la aplicación de la Ley de medidas urgente para la reforma del mercado de trabajo, aprobada por el entonces Gobierno socialista, con cuya entrada en vigor se procedió, en aplicación de la Ley", ha detallado el diputado nacional por Ceuta, "al estudio de la situación en la que se encontraban numerosos contratos existentes de antemano en el Ayuntamiento, y se procedió en aplicación de la Ley a su conversión en indefinidos a todos aquellos que cumplían con las condiciones previstas en la mencionada Ley".

Según Márquez, "por tanto no se produjo la celebración de nuevos contratos con personas ajenas a la Administración sino que únicamente se producía una conversión en indefinidos de contratos preexistentes y en casi todos los casos de una duración muy larga", con hasta 8 y 9 años de trayectoria.

"Lo que se consiguió con la celebración de dichos contratos fue precisamente la regularización de contratos preexistentes procedentes de muchos años atrás sin que ello suponga en ningún caso que adquieran la condición de contratados fijos en la Administración", ha advertido, "sino que serán objeto de oferta de empleo público y celebración de las preceptivas y correspondientes oposiciones cuando la legislación estatal lo permita ya que, en este periodo de crisis que estamos viviendo, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado no permite celebrar este tipo de oposiciones".

Para Márquez, por tanto "no se ha procedido en ningún caso a 'meter' a trabajadores en el Ayuntamiento de manera directa, sino que únicamente se ha regularizado una situación laboral de unos contratos preexistentes, que obviamente no ha supuesto incremento de gasto alguno ni alta de nuevos empleados públicos ya que venían prestando sus servicios a la administración desde hacía años". "Se ha procedido", ha resumido, "a la aplicación estricta de la norma".

"Hay que resaltar que ha sido el gobierno del Partido Popular, y muy intensamente puedo asegurar que durante el año que duró mi gestión de Recursos Humanos, quien ha establecido procedimientos claros y objetivos para el ingreso de personal en la administración y más concretamente en la Ciudad Autónoma de Ceuta", ha defendido el ahora consejero de Relaciones Institucionales, que ha recordado que "ya en 2010 se acordó con la aprobación unánime de las distintas centrales sindicales el modelo general tanto para la contratación de necesidades temporales como para la conformación de bolsas de trabajo, que han funcionado en estos años de una manera clara transparente y sobre todo efectiva, sin que hayan ocasionado ningún problema en su gestión".

"Lo ha hecho el PP sin necesidad de petición"

Desde su punto de vista es "el buen resultado de las mismas" el que ha hecho "que se hayan declarado posteriormente aplicables a todo el sector público por acuerdo del Consejo de Gobierno, del Partido Popular y por tanto sin necesidad de que ninguna otra formación política lo pidiera".

"Este Ejecutivo", ha apostillado Márquez en un escrito a Ceutaldia.com, "debido a la grave crisis económica que estamos sufriendo, ha conseguido en estos últimos años cambiar la gestión de los recursos humanos de la Ciudad, y se ha hecho hincapié en el control y reducción del gasto en momentos muy difíciles".

"De esta manera", ha concluido, "se ha reducido en unos 8 millones de euros el gasto global del capítulo primero sin que haya repercutido en la prestación de los servicios públicos al ciudadano y sin que se haya realizado ningún expediente de regulación de empleo ni haber procedido a despidos como lamentablemente está ocurriendo en otras administraciones". "En sintonía con lo anterior, es obvio que si se hubiera 'metido' a 69 personas no se habría podido lograr tan significante reducción del gasto del Capítulo I y no habría podido sostenerse la asunción del gasto que ese número de contratos supondrían de ser nuevos".

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