- viernes 26 abril 2024
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EFE
El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, dijo hoy en una carta al gobernante estadounidense, Barack Obama, que ya no acepta "ningún acuerdo" para su restitución en el poder, del que fue derrocado por los militares hondureños el 28 de junio pasado.
A partir de esta fecha, cualquiera que fuera el caso, yo no acepto ningún acuerdo de retorno a la presidencia
"A partir de esta fecha, cualquiera que fuera el caso, yo no acepto ningún acuerdo de retorno a la presidencia", expresó Zelaya en la misiva a Obama, distribuida a la prensa por sus colaboradores.
Aceptar ese acuerdo, sería "encubrir el golpe de Estado, que sabemos que tiene un impacto directo por la represión militar sobre los derechos humanos de los habitantes de nuestro país", agregó.
Zelaya reiteró a Obama que "el Acuerdo Tegucigalpa-San José queda sin valor ni efecto por incumplimiento unilateral del Gobierno de facto" que preside Roberto Micheletti, designado por el Parlamento hondureño el 28 de junio tras el golpe de Estado.
El pacto fue firmado el 29 de octubre pasado por comisiones de diálogo de Micheletti y Zelaya, y entre otros puntos estableció que el Congreso Nacional debe decidir sobre la restitución o no del depuesto gobernante, además de la integración de un Gobierno de unidad y reconciliación nacional.
El Parlamento ha anunciado que debatirá el caso de Zelaya una vez que reciba las opiniones que solicitó a la Corte Suprema de Justicia y otros órganos del Estado hondureño.
Este proceso electoral es ilegal porque oculta el golpe de Estado militar
Zelaya también reiteró sus cuestionamientos al cambio de actitud, según él, que Estados Unidos ha manifestado tras la firma del acuerdo, en el sentido de respaldar las elecciones que se celebrarán en Honduras el próximo día 29 aunque había advertido de que no las reconocería.
"El propio día en que se instalaba en Tegucigalpa la Comisión de Verificación del acuerdo sorprendieron las declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado donde modifican su posición e interpretan el acuerdo unilateralmente con las declaraciones siguientes: 'las elecciones serían reconocidas por Estados Unidos con o sin restitución'" de Zelaya, agregó éste en su carta.
"El régimen de facto celebró este cambio y utilizaron estas declaraciones para sus objetivos, e inmediatamente terminaron por incumplir y violar el acuerdo", agregó.
El depuesto mandatario hondureño enfatizó que "la nueva posición de los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos esquiva el objetivo inicial del diálogo de San José, relegando un acuerdo con el Gobierno legítimamente reconocido hacia un segundo plano, y tratando de trasladar este acuerdo hacia un nuevo proceso electoral sin importar las condiciones en que se desarrolle".
"Este proceso electoral es ilegal porque oculta el golpe de Estado militar, y el Estado de facto en que vive Honduras no brinda garantías de igualdad y libertad en la participación ciudadana, a todos los hondureños, es una maniobra electoral antidemocrática repudiada por grandes sectores del pueblo para encubrir los autores materiales e intelectuales del Golpe de Estado", apuntó Zelaya.
El acuerdo del 29 de octubre "fue concebido para implementarse en forma integral y simultánea, pues no se contemplaron como doce acuerdos separados; fue un solo acuerdo con doce puntos, el cual tenía un solo propósito, restaurar el orden democrático y la paz social, y con esto se revirtiera el golpe de Estado, lo que implica el seguro retorno del presidente de República elegido legítimamente por voto popular", señaló.
"Y con esto", añadió, "propiciar un clima de reconciliación nacional y un siguiente proceso electoral constitucional, limpio, con garantías de participación igualitaria y libre para todos los ciudadanos de Honduras".
El presidente depuesto permanece desde el 21 de septiembre pasado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa después de volver clandestinamente a Honduras.
El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, afirmó hoy que el PP ve la crisis como una oportunidad para recuperar el poder y conseguir ventajas políticas, y no le preocupa el bienestar de los ciudadanos.
Durante su intervención en la comparecencia de Zapatero, Alonso aseguró que esta posición del PP es equivocada, "porque los ciudadanos premian a los que trabajan día a día, como ha hecho el Gobierno".
Además, subrayó que el PP es el partido más antisocial de la derecha europea y añadió que carece de liderazgo, ya que su presidente, Mariano Rajoy, no tiene propuestas y se esconde en eufemismos como el ofrecimiento que ha hecho a Zapatero de un pacto para reducir el déficit de las Administraciones Públicas y "racionalizar el conjunto del gasto público".
Alonso consideró que lo que realmente ofrece Rajoy es bajar la calidad de la sanidad y de los servicios públicos, pero añadió que el líder del PP no tiene el coraje para decirlo.
Por ello, destacó que el PSOE no puede aceptar esa petición de un pacto por parte de Rajoy, "porque serían cómplices de la destrucción de la cohesión social y de los servicios públicos".
Asimismo, Alonso abogó por una reorientación y revisión de la política fiscal para garantizar la sostenibilidad a corto plazo de las cuentas públicas y el bienestar de los ciudadanos.
El portavoz del PSOE mostró su apoyo a ese esfuerzo social, "sin que nadie se tenga que llevar las manos a la cabeza", para ser solidarios, colaborar y tener sentido de Estado, "y que los que más tiene ayuden al conjunto del país".
Además, mostró su confianza en que los Presupuestos Generales del Estado de 2010 sean aprobados con el mayor consenso posible y añadió que servirán para albergar condiciones favorables para crear empleo otra vez y recuperar una senda de crecimiento más sólido.
Uno de los grandes problemas que ha generado la polémicas sobre el Plan de Transición militar es que el Gobierno local no daba validez a ninguna explicación que no llegase directamente y de forma personal al presidente Juan Vivas a través de la ministra de Defensa, Carmén Chacón. Un encuentro que obviamente queda aplazado indefinidamente por la reciente maternidad de la titular de Defensa, algo que ha obligado al Ejecutivo Vivas a cambiar su discurso. Si hasta hace pocos días la única que podía convencer a Vivas era la propia Chacón, la portavoz Yolanda Bel ha reconocido que no tendrían problemas en que les aclarase el plan algún otro representante ministerial.
La portavoz del Gobierno local, Yolanda Bel, ha asegurado que el Ejecutivo no aceptará "presiones de ningún sindicato", tras el anuncio de una posible huelga en la Administración local por la Unión General de Trabajadores. El Gobierno considera que la decisión de UGT es "desproporcionada", ya que las peticiones del sindicato están pendientes de consignación o a la espera de informes jurídicos que avalen su aprobación. Y es que el Gobierno no piensa tomar ninguna acción que no respete la legalidad, además de afirmar que respetarán "a los trabajadores y a los intereses generales".
El presidente de la Ciudad y candidato del PP a la reelección, Juan Vivas, ha asegurado que no piensa aceptar ningún cargo político fuera de Ceuta. Vivas ha asegurado que en su partido nunca le han planteado que pueda ejercer su actividad fuera de la ciudad, pero que aunque si se lo plantearan "con todo respeto y con toda contundencia diría que no deseo ninguna opción en mi desarrollo como político fuera de Ceuta".