burgos- Los últimos atentados de la banda terrorista ETA en Burgos y Mallorca, que han tenido a la Guardia Civil como punto de mira, ha levantado de nuevo el debate de si es necesario endurecer las penas, como la cadena perpetua e incluso la pena de muerte.
Al respecto, la Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC) consideraría «lógico y lícito» aplicar la pena de muerte para los acusados por delitos de terrorismo con resultados mortales, «ya que no tienen ni demuestran respeto alguno por la vida de los demás».
La agrupación solicita modificar el actual Código Penal para instaurar la cadena perpetua para los terroristas, «de tal forma que cumplan el resto de sus vidas entre rejas evitando con ello y a buen seguro, más víctimas mortales en nuestra sociedad». El actual Código Penal está desfasado, toda vez que se está demostrando por activa y por pasiva, que la reinserción de presos con delitos de terrorismo es prácticamente imposible», denuncian.

El Gobierno venezolano se encuentra adelantando algunas gestiones para poder adquirir el 50 por ciento de Globovisión, cadena privada de fuerte oposición y que el presidente Hugo Chávez ha amenazado con cerrar en reiteradas ocasiones.
Así lo informó el ministro de Obras Públicas y Viviendas, Diosdado Cabello, al recordar que el permiso para las emisiones de Globovisión fue entregado a dos personas, pero una de ellas murió por lo cual el Estado está intentando “recuperar” la administración del 50 por ciento que pertenecía a ese accionista. “Estamos usando los mecanismos legales para que el Estado recupere el 50 por ciento de una concesión que se le entregó a dos personas, porque eso no es heredable”, afirmó en declaraciones a la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Así, Cabello descartó cualquier posibilidad de negociar con los actuales dueños de la cadena y aclaró que “jamás” se sentará a dialogar con ellos sobre este asunto. “Qué lloren si quieren pero vamos a cumplir con lo que está en ley”, advirtió.
Según informó, los directivos de Globovisión han notificado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que “han bajado el nivel contra el Gobierno” de Chávez, pero aseguró que, pese a estas afirmaciones, “si tenemos que tomar la decisión, la vamos a tomar”. Globovisión, con más de 11 años en el aire, es una cadena que emite noticias nacionales e internacionales las 24 horas, que siempre se ha caracterizado por ser de fuerte oposición al Gobierno actual, lo que le ha valido apodos por parte de Chávez como “globoterror” y “plomovisión”.

EMISORAS DE RADIO
Por otra parte, Cabello, quien también está al frente de Conatel, ha anunciado que entre mañana y el próximo lunes comenzarán a abrirse los procedimientos administrativos contra las emisoras de radio privadas que no estén autorizadas para utilizar el espectro radioeléctrico.
No obstante, aclaró que esta nueva medida del Gobierno no tiene como propósito “cerrar” emisoras de radio, sino sancionar a aquellas que están transmitiendo sin los permisos correspondientes por no haber actualizado sus datos ante Conatel.
También defendió la nueva medida que prohíbe a los grupos de comunicación tener más de tres emisoras y realizar emisiones conjuntas de más de media hora de duración. Esta excepción sólo aplicará a los eventos deportivos, los artísticos y los benéficos, cuyas transmisiones se podrán realizar en cadena por varias emisoras.
Asimismo, Cabello destacó que el Gobierno de Chávez “no tiene un monopolio sobre el espectro radioeléctrico” y recordó que unas “27 familias venezolanas controlan el 32 por ciento” del espacio radial en todo el país. “Eso está concentrado en muy pocas manos y eso es algo que muy pocos saben”, acotó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, señaló que la muerte del bebé Rayán tendrá que ser investigada "hasta el final" porque tuvo que haber "una serie de fallos en cadena". "Personalmente estoy consternada, como presidenta de la Comunidad,   verdaderamente abrumada. Lo que ha ocurrido es lo más grave que ha   ocurrido en el tiempo que llevo como presidenta en un servicio público madrileño", explicó a Onda Cero. "Evidentemente es un error   humano, pero habrá que investigar, llegar hasta el final y pedir   disculpas y ponernos a disposición de la familia", añadió la jefa del   Ejecutivo regional que consideró que lo que ha ocurrido "tiene una explicación muy difícil".  
   En este sentido, anunció que el Gobierno regional "va a tomar   todas las medidas que sean necesarias para que no se vuelva a repetir un hecho o una concatenación de hechos tan lamentables, tan trágicos  y tan terroríficos". La dirigente popular recordó que estuvo   visitando "personalmente" al padre del bebé, Mohamed. "Hace un mes   tenía una mujer, un hijo y ahora lo ha perdido todo", lamentó   Aguirre.  
   Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, dio sus condolencias a la familia y pidió responsabilidades   ante este "lamentable incidente". A su juicio, Esperanza Aguirre debería centrar su atención en la sanidad madrileña que "tiene unos niveles de organización caótica", en un día en que se celebra una   huelga en Atención Primaria y diversas asociaciones de profesionales médicos mantienen un encierro en protesta por el proceso   privatizador. "Madrid necesita un Gobierno fuerte capaz de sacar   adelante la economía madrileña, defender la educación y salvar la   Sanidad", sentenció.  
   Por último, la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, solicitó la dimisión del gerente del   Hospital Gregorio Marañón, Antonio Barba, por acusar en público a una   enfermera de la negligencia que acabó con la vida del bebé sin   entonar antes el 'mea culpa'. Flores manifestó que Barba realizó una "mala gestión" que hizo "que una enfermera de 22 años se quedara sola   en un Servicio de Neonatología en el que no tenía experiencia", al   tiempo que amplió que esta circunstancia "se está dando también en   todos los hospitales grandes, donde el deterioro de la sanidad es constante".

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) sentenció hoy a   cadena perpetua al ex gobernador de Kigali, Tharcisse Renzaho, por   cinco cargos, incluido el asesinato de 60 chicos tutsis en un centro   pastoral eclesiástico.  
   El TPIR, con base en la ciudad tanzana de Arusha, había acusado a   Renzaho de genocidio, complicidad en el genocidio, asesinato y   violación en las masacres en las que murieron 800.000 tutsis y hutus   moderados. El tribunal le halló culpable de todos los cargos excepto   de la complicidad en el genocidio.   
   "Ha sido condenado a cadena perpetua, tras ser hallado culpable de   cinco cargos, genocidio, dos cargos de asesinato como crímenes contra   la Humanidad, dos cargos de violación catalogados como crímenes   contra la Humanidad", aseguró el oficial de información asociado,   Danford Mpumilwa, desde la sede del tribunal.   
   Los fiscales señalaron que fue uno de los principales autores de   la masacre. Su nombre figura entre los nueve sospechosos principales   sobre los que el Gobierno de Estados Unidos ha fijado una recompensa   de cinco millones de dólares. El tribunal también manifestó que   Renzaho tomó parte en armar a los que participaron en el genocidio.   El ex gobernador de la capital ruandesa se había declarado no   culpable de todos los cargos.  
   El tribunal le acusó, junto con otros, de ordenar el traslado y el   asesinato de 60 chicos tutsis desde un centro pastoral. Los fiscales   mantienen que Renhazo estaba cerca de un hotel de Kigali cuando un   tanque del Ejército disparó contra casas de tutsis, matando al menos 
a 40 personas y no intentó intervenir.  
   El ex gobernador, de 65 años, también fue acusado de emitir   órdenes en Radio Ruanda en las que pedía a la Policía, los soldados y   la milicia que construyeron y supervisaran controles de carretera   para interceptar, identificar y matar a los tutsis. Este ex coronel   del Ejército fue arrestado en República Democrática del Congo (RDC)   en el año 2002.  
   Otros seis principales sospechosos sobre los que también pesa una   recompensa están fugados, incluido el presunto financiero del   genocidio, Felicien Kabuga. La sentencia de Renzaho eleva a 39 las   condenas del TPIR. Otros seis acusados han sido absueltos.