La semana pasada, los ceutíes fuimos informados a través de los diferentes medios de comunicación locales del cese, del hasta ese momento consejero de gobernación, José Antonio Rodríguez Gómez. Un político que ha ocupado en los últimos nueve años diferentes responsabilidades tanto, en los órganos internos del Partido Popular como, en los distintos gobiernos de esta misma formación política a plena satisfacción de quienes lo eligieron; Viceconsejero de Comunicación, Viceconsejero de Turismo y Consejero de Gobernación.

Debo puntualizar, que la primera labor que un candidato a la Presidencia de la ciudad debe acometer cuando recibe la confianza de los ciudadanos, es designar al equipo de personas que le acompañarán en las labores de Gobierno durante toda la legislatura. Evidentemente, estas personas deben cumplir unos requisitos a criterio exclusivamente de quien los ha elegido. En primer lugar, deben coincidir ideológicamente aunque, en ocasiones este requisito no es. En segundo lugar, deben ser personas de su absoluta confianza y en tercer lugar, totalmente capacitadas para llevar a cabo el proyecto político asignado. Debo aclarar en este punto, que el político fija las directrices políticas en las actuaciones que los cualificados funcionarios municipales acometerán, siempre dentro de la legalidad vigente.

De la misma forma y también por mandato de la ciudadanía, cuando alguno de los integrantes del equipo quebranta algunas de ellas, el jefe del Ejecutivo, en uso de las atribuciones conferidas, debe cesarlo inmediatamente. En esta ocasión, tal y como ha informado ampliamente el propio Presidente de la Ciudad, tras una pérdida total de confianza argumentada en la incapacidad del ya ex consejero en llevar a cabo una reestructuración totalmente necesaria en unos servicios esenciales para quien dirige el Ejecutivo así como, por algunos incumplimientos graves denunciadas por las tres centrales sindicales mayoritarias en el área de Gobernación.

Como no podía ser de otra manera, la dinámica habitual utilizada por la oposición es criticar todas las decisiones adoptadas por el Ejecutivo local no obstante, en los últimos meses, esta aptitud legítima ha dado paso a un recrudecimiento iracundo, transmutándose la crítica en la imputación directa de denuncias infundadas contra cualquier miembro del Ejecutivo. Las principales formaciones políticas en la oposición aplican exclusivamente el trasnochado recurso apoyado en el conocido proverbio “calumnia y miente, que algo quedará”. Las propuestas de mejoras en las decisiones del Gobierno no se encuentran en el argumentario de unos pseudo políticos, que deberían acudir a presentar dichas denuncias al organismo competente, a los tribunales de justicia.

En definitiva, el Presidente de la Ciudad, en cumplimiento de las atribuciones encomendadas mayoritariamente por el pueblo de Ceuta, cesa por las razones esgrimidas a un miembro de su Ejecutivo. Así mismo, una vez analizadas y valoradas las deficiencias detectadas en unos servicios públicos esenciales para la sociedad, decide asumir directamente las competencias sobre las áreas cuestionadas, nombrando a un viceconsejero, colaborador directo, que gestionará, desde estos momentos, las labores diarias de los cuerpos de Policía Local y Bomberos. La decisión puede ser criticada por las formaciones políticas en la oposición pero, responde exactamente al compromiso adquirido por Juan Jesús Vivas con una ciudadanía que le otorgó mayoritariamente su confianza al frente del Ejecutivo local.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha reconocido mediante dos sentencias el derecho de objeción de conciencia en "Educación para la ciudadanía", con lo que se aparta así del criterio del Tribunal Supremo sobre esta materia.
Las sentencias, de 23 de septiembre y que corresponden a dos recursos planteados en 2008, reconocen en concreto, con un voto particular, el derecho de los padres a objetar y, en consecuencia, a exonerar a sus hijos de cursar las asignaturas conocidas comunmente como Educación para la Ciudadanía, han informado hoy fuentes del TSJCyL.
Matiza el Tribunal, en nota informativa, que esta circunstancia se produce sin que la dispensa "pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes".
La resolución judicial, de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, "sin entrar a valorar intrínsecamente el ideario ofrecido por los demandantes", constata el "conflicto moral e ideológico" que supone para los padres demandantes que sus hijos reciban "una educación contraria a sus creencias religiosas, éticas o morales".
La decisión se apoya en la aplicación del artículo 27.3 de la Constitución Española que "garantiza -e impone a los Poderes Públicos- el respeto del derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones".
Entre las razones para reconocer el derecho de objeción, dichas fuentes citan la "intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida", que emplea conceptos "difusos e indeterminados" pero con virtualidad bastante como para propiciar y producir el efecto "indeseable" de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en fase de formación con arreglo a unos autocalificados "valores éticos comunes".
Argumenta también el "confesado propósito de reconstrucción  -no de simple construcción- de valores" en orden a la influencia en los comportamientos y actitudes, habilidades y destrezas de los menores -conciencias, sentimientos, relaciones interpersonales y emociones afectivo sexuales-, comportamientos -no conocimientos- que serán objeto de específica evaluación.
Menciona también la "indiscutible" seriedad en el planteamiento del conflicto por los recurrentes, "se compartan o no sus íntimas motivaciones".
Se refiere a "las significativas reservas y advertencias" del pleno del Tribunal Supremo respecto de proyectos educativos, libros de texto y explicaciones, con "continuas llamadas a la más rigurosa y exquisita objetividad, prudente distanciamiento, neutralidad respecto al pluralismo y exposición critica de la materia".
Agrega en este sentido que las advertencias del TS se efectúan "a fin de evitar el deslizamiento hacia el adoctrinamiento, proselitismo o captación de voluntades de los alumnos en relación con cuestiones morales controvertidas sobre las que no exista un generalizado consenso en la sociedad española".
El TSJCyL resume que estas razones, no valoradas aisladamente sino en conjunto, son las que llevan al Tribunal a apreciar el "riesgo exorbitante, que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia, o inmisión en la esfera de la privacidad" que les reserva el artículo 27.3 de la Constitución española.
Se refiere a la esfera de privacidad en cuanto a la formación "religiosa y moral de sus hijos, lo que les hace acreedores del derecho a que estos se vean dispensados" de cursar la asignatura, sin consecuencias desfavorables para ellos.

Un ruso con ciudadanía española, Yevgueni Mirónov, se encuentra entre los ocho sospechosos de haber secuestrado en el mar Báltico el barco mercante de bandera maltesa “Arctic Sea”, informó hoy la agencia Interfax.     
Así figura en los materiales que el comité de investigación de la Fiscalía entregó hoy al tribunal Basmanni de Moscú para respaldar su solicitud de detención de los ocho sospechosos de haberse apoderado por la fuerza del buque. Según esos documentos, Mirónov es un desempleado con pasaporte español. También se menciona a un ruso, un letón y tres hombres sin ciudadanía, mientras se intenta confirmar la procedencia de otros dos secuestradores.     
En principio, se informó de que entre los ochos piratas había cuatro estonios, dos rusos y dos letones, que fueron trasladados el jueves desde Cabo Verde a Moscú en un avión militar ruso.     Los ocho sospechosos, que se encuentran en la prisión preventiva de Lefórtovo, podrían ser condenados a hasta veinte años de cárcel por secuestro y piratería.     
El ministro de Defensa ruso, Anatoli Serdiukov, aseguró que la captura del “Arctic Sea” fue un “acto de piratería”, aunque eso ha sido puesto en duda por la Unión Europea y otras cancillerías occidentales.     Además, informó de que los secuestradores, que iban armados y maniataron a los quince tripulantes del barco, exigían un rescate y amenazaban con volar el mercante.     
Los tripulantes relataron que los piratas se aproximaron al buque en aguas del mar Báltico a bordo de una lancha motora ataviados con chalecos con la palabra “Policía”. La Cancillería rusa indicó hoy que, en cuanto se confirme la ciudadanía de los piratas, se lo comunicará a los países interesados.     
El Kremlin anunció ayer que el barco mercante, que fue rescatado por un buque de la Armada rusa, sería trasladado al puerto ruso de Novorossiysk, una de las bases de la Flota rusa del mar Negro. El “Arctic Sea”, propiedad de una compañía finlandesa, navegaba con un cargamento de madera desde Finlandia hacia el puerto argelino de Bejaia, adonde debía llegar el 4 de agosto a través de Gibraltar, pero la comunicación con él se perdió el 28 de julio.     
Las autoridades de varios países revelaron estos días que el “Arctic Sea” nunca estuvo en paradero desconocido, sino que se decidió ocultar la información real para no poner en riesgo la vida de los tripulantes y la integridad de la nave.