La oficina habilitada la Delegación del Gobierno para atender a los afectados por las lluvias torrenciales de finales de septiembre ha recibido un total de 210 peticiones de acogida las ayudas concedidas por el Consejo de Ministros.De estos 210 expedientes, 132 se corresponden con daños en enseres domésticos y viviendas, lo que suponen casi el 63% de las tramitaciones realizadas a lo largo del mes que ha permanecido abierta esta dependencia. Además, se han recibido 51 solicitudes de ayuda por daños en establecimientos comerciales, en su mayoría ubicados en los polígonos del Tarajal, y otros 27 referidos a comunidades de propietarios.

La Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad ha recibido hasta el momento un total de 53 peticiones de ayudas de emergencia por porte de los afectados por las lluvias torrenciales, según ha informado la consejera, Carolina Pérez. Estas ayudas, que están siendo estudiadas por los técnicos de la Consejería, pueden alcanzar un máximo de 1.500 euros, dirigidos a reparaciones o compras de bienes y enseres, ya que según Carolina Pérez muchas familias han sufrido graves pérdidas materiales.

El portavoz del Partido Popular, Francisco Márquez, ha explicado que la encuesta sobre intención de voto se hizo pública ya que varios medios de comunicación pidieron los resultados al Gabinete de Presidencia. Según Márquez, desde Presidencia pidieron permiso al partido para dar los resultados, algo a lo que la dirección del PP accedió, pero con la condición de que se entregase a todos los medios y en igualdad de condiciones ya que "no había nada que ocultar".

La Delegación del Gobierno ha asegurado en una nota de prensa que el proyecto de Ley del Suelo que se debatirá en el Congreso incluye todas las peticiones del Gobierno de la Ciudad. Según informa la Delegación, la Disposición Transitoria Primera recoge que el Ministerio de Vivienda tendrá la competencia de la aprobación definitiva del PGOU, así como las revisiones y modificaciones que afecten a contenidos de carácter general o estructura orgánica del territorio, mientras que la Ciudad se encargará de los planes parciales y especiales, con informes de la Administración General, que sólo serán vinculantes en los casos que afecten al principio de legalidad o al interés general. El Ministerio deberá dar su visto bueno en tres meses, y en caso de no hacerlo se considerá como un visto bueno.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha asegurado que no "piensa callar" para seguir realizando las peticiones que considera "legítimas y justas" ante el Ministerio de Administraciones Públicas. Vivas ha declarado que en la próxima visita del ministro, en caso de que se reitere que no se aceptan las posturas de Ceuta y Melilla, repetirá de nuevo esas peticiones ya que no son ni para él ni para sus partidos, "sino para Ceuta y los ceutíes".

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha declarado que la respuesta que el Ministerio de Administraciones Públicas ha dado a Ceuta y Melilla en su propuesta de autogobierno y financiación "en casi nada atiende las peticiones y no satisface las demandas que se hicieron al presidente Rodríguez Zapatero". Vivas ha explicado que desde la Ciudad se pedía "muy poco" y se ha recibido "mucho menos, sobre todo si comparamos con lo que se ha concedido a otras autonomías mucho menos necesitadas que Ceuta". El presidente ha asegurado que le hubiese gustado "aplaudir la respuesta, pero no puedo hacerlo", por lo que van a seguir insistiendo en estos objetivos, aunque siempre con "moderación y respeto", aunque ha reconocido que esta estrategia no ha dado frutos hasta el momento. Preguntado por si piensa modificar su actitud moderada, Vivas ha respondido que no puede hacerlo porque no conoce otra forma de actuar, por lo que "para cambiar, habría que cambiar de presidente".

El sindicato Comisiones Obreras se ha sumado a las peticiones de destitución del consejero de Presidencia, José Luis Morales, tras las declaraciones en las que pedía al secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Gonzalo Sanz, que dejase de criticar a Juan Vivas ya que es su "jefe como funcionario" . El sindicato considera que se está produciendo "una espiral de declaraciones de miembros del Gobierno de la Ciudad en contra de los empleados públicos. Exigimos al presidente, como máximo responsable, el cese inmediato de estas actitudes".