CCOO pedirá al juez que aparte al fiscal jefe del caso Punta Blanca

-El abogado del sindicato pedirá la imputación de los tres superiores de la trabajadora que ya ha declarado señalada como imputada por el ministerio Fiscal

-Cree que faltan algunos testimonios claves y que hay que aclarar contradicciones en las declaraciones

Aureliano Martín el abogado del sindicato Comisiones Obreras se ha encerrado el fin de semana en casa con el sumario recién levantado su secreto del caso ‘Punta Blanca’. El lunes no le había dado tiempo a terminar su lectura al completo, pero tenía ya algunas cosas claras de las actuaciones que llevará a cabo. Este martes presentará ante la jueza que ha heredado la instrucción del caso Punta Blanca una serie de peticiones a la vista de lo que ha leído una vez que al sindicato le han concedido la personación.

La más importante es seguro la de solicitar a la jueza instructora que aparte al fiscal jefe de la causa. Comisiones quiere otro fiscal, la razón es sencilla: “fundamentalmente por ser el fiscal de Menores. Todos los supuestos expedientes de sanción a los niños que ahora se denuncian como excesivos… De todas esas actuaciones se tuvieron que informar a la Fiscalía y al juez de menores. Se denuncian irregularidades en las actuaciones del centro de Punta Blanca y esas de ser ciertas pueden tener dos causas: o el trabajador se ha excedido o el juez y el fiscal conocían las actuaciones y también se han excedido. Por eso vamos a pedir que se aparte al fiscal y se ponga a otro”, explica Aureliano Martín.

El fiscal al que quieren apartar de la causa no es otro que el fiscal jefe de Ceuta, José Luis Puerta, el mismo que está encargado de los asuntos relativos a los Menores, el mismo que debe velar por la correcta aplicación de las sanciones en el centro Punta Blanca, junto con el juez de Menores, y el mismo que ha participado en toda la instrucción del caso que cuenta ya con una trabajadora imputada por un supuesto delito de torturas a los menores del centro.

Al abogado de Comisiones no le ha gustado el modo de llevar los interrogatorios del fiscal durante la instrucción, pero no es lo único que no le convence. “Creo que tenían que haber investigado más y tenía que haber más imputados”, espeta Aureliano Martín, con intención de esclarecer los hechos.

En concreto Comisiones señalará a tres personas además de la trabajadora ya imputada. Se trata de la directora del centro, de su brazo derecho “subdirector o director en funciones, no tengo muy claro cuál es el cargo exacto”, señala Martín y por último al jefe del turno en el que supuestamente se habría cometido al menos un exceso también señalado por el propio fiscal durante la instrucción.

Martín cree que si hay un acto que al menos para el fiscal es merecedor de la imputación a la trabajadora que aplica el castigo esa actuación debía ser conocida y consentida por esas tres personas.

Además de pedir su imputación, Aureliano Martín solicitará repetir los interrogatorios a esos trabajadores y quiere que testifiquen ya en calidad de imputados. "Deben aclarar si autorizaban o no la apliación de estas medidas, tal y como les obliga la Ley", explica Martín.

Martín cita el artículo 55 de la Ley del Menor por el que se regularían las polémicas sujeciones mecánicas. “Lo que dice es que se tienen que aplicar cuando haya riesgo de auto lesionarse por parte del menor, violencia o destrucción de bienes. Hay que sujetarlo para que no se lesione, pero nunca como castigo”, desgrana Martín.

La declaración de uno de los testigos protegidos, que ya ha sido publicada en parte y que ha servido para imputar a una trabajadora habla de que se decidió atar a la cama a dos menores, a uno por golpear la puerta para pedir una revista y a la otra por hablar con su vecina a pesar de estar aislamiento del resto de internos. El castigo duró desde las nueve de la noche a las doce del medio día siguiente, según la declaración del testigo. Quince horas sujetos a una cama. En el caso del menor supuso no comer nada en dos días, ya que estaba de Ramadán y al sujetarle a la cama no se pudo comer el bocadillo de por la noche.

Volviendo al artículo 55 de la Ley del Menor, la misma obliga a que las sujeciones se hagan siempre con conocimiento de los responsables del centro, por eso pedirá la imputación de la directora los cargos directos que estaban por encima de la trabajadora ya imputada.

La directora del centro, e incluso el propio juez de Menores afirmaron en su día, hace ahora más o menos un año, cuando estalló toda la polémica sobre los supuestos malos tratos, que estaban informados en todo momento de los castigos que se aplicaban a los menores y de las medidas que se tomaban. De ser cierto lo que la propia directora defendió en los medios de comunicación en su día, Martín cree que debería comparecer como imputada, ya que se deduce que estaba al tanto de las medidas tomadas y por tanto las autorizaba.

Martín también dice que no queda claro si en las habitaciones de cada menor se esposaba o no a los internos. Debe quedar totalmente aclarado si se hacían en las habitaciones de los menores o en habitaciones especialmente preparadas.

Martín quiere ver también los libros de registro de los educadores y quiere que se tome declaración a algún menor que no ha declarado y cuyo testimonio serían además el más grave de cuántos ha tenido conocimiento el sindicato.

Incluso pedirá la declaración de los facultativos, ya que entiende que la sujeción es una medida que debería estar acompañada de otras medidas terapéuticas.