El puente de la Constitución y la Inmaculada ha llegado a su fin y es el momento de retornar a la rutina, también en el marco del Caso EMVICESA que afronta en estos días sus últimas jornadas con la presentación de los escritos de conclusión de cada una de las partes. Unos escritos de conclusión que ha iniciado el Ministerio Fiscal con la retirada de la acusación para 11 de los implicados en esta macrocausa que ha acaparado la atención durante el último mes, entre ellos quien fuera diputado y gerente del PP, Jesús González Barceló.

No han corrido la misma suerte quienes fueran sus compañeros de partido, Antonio López, Susana Román y Rabea Mohamed. Así, para el primero la Fiscalía recoge un delito continuado de prevaricación, falsedad en documento público oficial, cohecho y blanqueo de capitales, mientras que para Román señala un delito de prevaricación, de falsedad en documento público oficial y de forma alternativa un delito continuado de falsedad imprudente en concepto de autora. Rabea Mohamed, por su parte, se enfrenta a la acusación de un delito de prevaricación de forma alternativa de un delito falsedad imprudente también en concepto de autora, mismos delitos de los que se acusa a Mohamed Alí. Mientras para estos tres últimos la Fiscalía reclama penas de inhabilitación, así como multas, para López sí reclama penas de prisión, en concreto de hasta 13 años.

Fuera de la rama política, a los trabajadores de EMVICESA el Ministerio Fiscal les acusa de un delito continuado de prevaricación, falsedad en documento público y alternativo de falsedad imprudente como cooperadores necesarios, pidiéndose penas de inhabilitación, mientras que tanto a los conseguidores como a los compradores se les imputa un delito de cohecho continuado y cohecho y se reclaman penas de prisión, si bien las mismas varían entre quienes han colaborado, con peticiones de un año para los conseguidores y 9 meses para los compradores, y de 3 años para quienes no han colaborado con la Justicia, los famosos acuerdos de los que se ha venido hablando durante las primeras semanas de este juicio.

La acusación particular se ha adherido a la de la Fiscalía en aquellos casos en que los acusados eran coincidentes, desechando el delito de malversación y tráfico de influencias del que acusaba a Rabea Mohamed y el de malversación del que acusaba a Susana Román.

Tras un receso de más de una hora, la acusación particular ha querido aclarar que mantiene la responsabilidad civil frente a la Ciudad Autónoma, mientras que la defensa de Antonio López ha requerido la suspensión de la sesión hasta este martes, con el fin de que, ante la nueva formulación por parte del Ministerio Fiscal, cuente con tiempo para ajustar el escrito de conclusiones. Una cuestión a la que se han adherido los abogados de Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Alí, con el fin de poder preparar alegaciones y proponer y practicar pruebas, como el acta de la Comisión Local de la Vivienda de 21 de marzo de 2013, que se ha aportado completa hoy mismo, aparecía incompleta en el procedimiento, y el requerimiento a EMVICESA de la certificación que el acta de la discordia, la del 21 de febrero del mismo año, no fue aprobada ni en la reunión de marzo ni en ninguna posterior. Una segunda prueba a la que se ha opuesto la Fiscalía pero que, finalmente, ha acabado siendo admitida al obrar ya en el procedimiento dicha certificación, aportada precisamente por Mohamed Alí, estando firmada por la gerente de EMVICESA de aquel momento, Kissy Chandiramani, y habiéndose aportado durante la investigación policial.

FE DE ERRATAS

Por error, en la primera versión de esta información, se incluyó que la Fiscalía reclamaba también 4 años y 9 meses de prisión para la ex consejera de Fomento, Susana Román. Una pena que se pedía en el escrito de conclusiones provisional pero que ha sido sustituido en el definitivo por 10 meses de suspensión de empleo y cargo público. Un error que ha quedado rectificado en la versión que ustedes pueden leer actualmente y que deja a la que fuera consejera en la misma situación que los otros dos miembros de la comisión local de la vivienda, Rabea Mohamed y Mohamed Alí, es decir, sin enfrentarse a penas de prisión.