La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta era en la mañana de este martes un auténtico hervidero de personas. No era para menos. Más de 52 encausados y 23 letrados, acompañantes, profesionales de los medios de comunicación y los miembros del Tribunal, encabezados por el presidente de la Audiencia, Fernando Tesón, esperaban para acceder a la sala donde se está desarrollando desde hoy mismo la causa que más ríos de tinta ha hecho correr en la última década, el denominado Caso Emvicesa.
Así, la jornada de este martes, dedicada a las cuestiones previas, se ha iniciado con cerca de una hora de retraso esta mañana, la invertida en identificar a todos y cada uno de los presentes y hacerles pasar a la sala y con una sorpresa inesperada, la aparición de un oficio, presentado por parte de la Fiscalía, que muchos creían ya que “no existía”.
Una mañana en la que, por lo demás, no se producían demasiadas sorpresas y las defensas de los acusados se dedicaban a lo esperado, a tratar de poner en foco en la instrucción y en sus posibles fallas para lograr la nulidad del proceso o de gran parte de él. Un esfuerzo al que se ha dedicado con ahínco el letrado del principal encausado, Antonio López, quien ha pretendido la nulidad de las actuaciones de acuerdo a lo que considera como privación de una defensa efectiva a su cliente por un motivo claro: el decreto del secreto de sumario y su extensión hasta un año y medio después. Y es que, ha insistido en no pocas ocasiones José María Calero, con esta decisión “impidieron el ejercicio del derecho a la defensa, de igualdad de partes y de contradicción” durante un año y seis meses, desde el folio 364 de la causa hasta el 5.402.
Pero la anécdota, sin duda, llegaba con el reinicio de la sesión por la tarde, prevista para las 17.00. A esa hora volvían a estar citados todos, acusados y letrados, además del Tribunal. La sorpresa llegaba cuando una de las acusadas no se presentaba a la cita provocando que de decretara una orden de detención contra la misma. Cuando por fin ha aparecido, retrasando en una hora el inicio de la sesión de tarde, su explicación causaba estupor en la sala, simplemente se había dormido la siesta, lo que le ha valido una buena reprimenda del presidente del Tribunal, quien ha retirado la orden de detención in voce.
La tarde, por lo demás, ha servido para seguir escuchando como los letrados de las defensas cargaban contra la instrucción realizada por la juez Lucini, señalando su relación personal, análoga a la matrimonial, de la magistrada con el principal investigador policial, en el caso del letrado de Antonio López, o señalando nuevas fallas, en el caso de los trabajadores de EMVICESA investigados, que se han escudado en que se están empleando sus declaraciones como testigos para fundamentar la investigación contra los mismos, algo que sus defensas consideran que no debería ser admitido.
Poco más ha deparado una tarde que ha cerrado el abogado Javier Izquierdo, defensor de Susana Román y Rabeah Mohamed, quienes fueran consideras del Gobierno de la Ciudad en el momento de los hechos. Un Javier Izquierdo que, precisamente, mañana iniciará sus cuestiones previas respecto a las acusaciones contra las dos ex políticas, precisamente uno de los momentos más esperados, al igual que las relativas a la acusación contra Mohamed Alí, el que fuera líder de Caballas, defendido por Isabel Valribera.
Las defensas de los tres expolíticos acusados en el juicio han sostenido la legalidad de la norma empleada para adjudicar las viviendas y han subrayado la relevancia que en el proceso ha tenido la repercusión pública del caso
La representación legal de Antonio López, principal acusado en el procedimiento, censura los acuerdos de la Fiscalía con acusados por cohecho y sugiere que, con ello, se ha podido incurrir en una desviación de poder
