La segunda jornada de cuestiones previas en el marco del Caso Emvicesa ha vuelto a empezar con una hora de retraso a causa de la entrada de cada uno de los acusados a la sala. Una jornada en la que el principal protagonista ha sido el abogado de las dos ex consejeras del Gobierno de la Ciudad, Susana Román y Rabeah Mohamed. Javier Izquierdo ha vuelto a cargar durante su intervención contra la fase de instrucción respecto a la que considera que se violaron los derechos de sus defendidas.

El principal argumento es el que tiene que ver con la imputación del delito de pertenencia a organización criminal, una de las grandes sorpresas del auto de acusación, y respecto al que el abogado Javier Izquierdo ha señalado que no se informó en ningún momento a sus defendidas. En este sentido, y en un argumento similar al empleado ayer por la defensa de los trabajadores de Emvicesa, el letrado ha señalado que se vulneraron sus derechos a conocer los hechos por los que se las investigaba y a ser oídas en relación a los mismos. Izquierdo ha insistido en un argumento empleado también este martes en las cuestiones previas interpuestas por el abogado de Antonio López, el de que sus defendidas no han podido contradecir en fase de instrucción porque no se les ha preguntado por los hechos que se le imputaban en relación a la existencia de organización criminal.

El Ministerio Fiscal ha contrargumentado al abogado de las dos ex consejeras señalando que no es cierto que se haya producido “indefensión” y ha asegurado que “es lógico que no se pregunte por su pertenencia a organización criminal”, recordando, sin embargo, que “sí se preguntó por sus relaciones con otros investigados”. En este sentido, el relato del escrito de acusación de la Fiscalía se basa en la pertenencia a la Comisión Local de la Vivienda y en la “adjudicación fraudulenta”, sostenida en el tiempo, pues comprenden que se corresponde a dos promociones de vivienda.

La Fiscalía, de acuerdo con no contemplar el delito de malversación

En lo que sí han coincidido la defensa de las ex consejeras y el Ministerio Fiscal ha sido en que no cabe el delito de malversación de caudales públicos, imputado por la acusación particular. Una cuestión a la que se adherido también la abogada del tercer político investigado, el que fuera portavoz de Caballas, Mohamed Alí, que califica de “vagos e imprecisos” los hechos por los que se les pretende imputar ese delito.

El Fiscal, en este caso, considera que “no hay expresión del tipo” por lo que no se ha opuesto a la petición de Izquierdo de que no se contemple el mismo.