LEVANTAN EL SECRETO

Los pinchazos telefónicos sustentan la acusación a López por la supuesta venta de VPO a entre 8.000 y 12.000€

Los pinchazos telefónicos sustentan la acusación a López por la supuesta venta de VPO a entre 8.000 y 12.000€
Los investigados por la Justicia podrían rondar el medio centenar
Los investigados por la Justicia podrían rondar el medio centenar  

Los pinchazos telefónicos, lo que en inglés coloquialmente y a modo de comodín que sirve para denominar cualquier grabación se denomina ‘wire’ y que sirvió para dar nombre a una de las mejores series de los últimos años, son la base de la investigación del Caso Emvicesa -bautizado por la policía como Ghost (fantasma en inglés)-, según se deduce de lo poco que ha trascendido desde fuentes de la Fiscalía, una vez que este viernes se ha levantado el secreto de Sumario. Una actuación judicial que mantiene en prisión desde el pasado 15 de febrero al ex gerente de Emvicesa, diputado en la Asamblea y ex vice consejero de Vivienda del Gobierno de Vivas la pasada legislatura, Antonio López.

En esos pinchazos se habrían recogido comunicaciones entre algunos de los supuestos compradores y el ex responsable de Emvicesa hablando de forma clara sobre la transacción. Una compra venta que consistiría en pagos, obviamente en negro, de entre 8.000 y 12.000 euros por resultar favorecido para obtener una adjudicación de vivienda pública, según han relatado desde Fiscalía. “Los precios variaban”, han sentenciado.

Es decir, nada realmente nuevo bajo el sol. Siempre con respeto a la presunción de inocencia, hasta que se pruebe la culpabilidad, el supuesto con el que trabaja la investigación judicial y policial es que el ex gerente de Emvicesa, Antonio López, vendía viviendas públicas, o más concretamente su adjudicación de forma irregular, al margen de los procesos públicos de adjudicación que deben garantizar unos criterios justos que respeten la igualdad de oportunidades, y lo hacía para su lucro personal y para el de la red de colaboradores. Otras tres personas están también en la cárcel junto a él acusados de pertenecer a la parte de la trama que vendía las adjudicaciones de vivienda pública. Se trataría del policía portuario, el trabajador de una naviera y otra tercera persona a la que se le atribuyó inicialmente actividad privada empresarial, pero podría trabajar en otra empresa pública. Ellos serían, siempre por probar por la justicia, los encargados en esa red de buscar compradores y hacer los cobros y las entregas de dinero.

Para conocer los detalles de la trama corrupta, esos en los que, dice Paulo Cohelo, “habita el demonio”, habrá que esperar a que las defensas de los acusados tengan acceso a los tomos, varios miles de folios, que han estado custodiados en un armario del Juzgado de Instrucción Número Tres durante meses.

Pero para que no se pierda demasiado, si se tratara de una agencia inmobiliaria, Antonio López sería el gerente o dueño de la misma y ellos tres sus comerciales. Es una analogía que dan por buena en la propia Fiscalía para explicar la trama.

“En principio parece que está bastante claro y fundamentado”, señalan desde Fiscalía aludiendo a lo que se ha transcrito de las comunicaciones telefónicas que tienen como epicentro o centralita a Antonio López. Aunque ya auguran una batalla para defender la validez de las mismas.

Pero como lo que supuestamente vendieron eran bienes públicos, necesitarían además la colaboración necesaria de algunos funcionarios de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa), de ahí sus detenciones y sus imputaciones, en el nuevo lenguaje judicial, su calificación como investigados por supuestos delitos de falsedad documental y malversación de bienes públicos.

González Barceló también investigado

Los imputados podrían rondar el medio centenar e incluso sobrepasarlo de forma amplia, la mayor parte de ellos como compradores y por tanto acusados de cohecho. Tanto para ellos como para los vendedores que se beneficiaron de sus pagos la multa prevista en el Código Penal está fijada entre el “tanto al cuádruplo” de lo que pagaron o cobraron, ha recordado la Fiscalía.

Entre los señalados en la investigación figura al menos otro cargo público en activo del Gobierno de Vivas, el asesor, ex diputado y ex gerente del PP, Jesús González Barceló. Al que se le acusaría de tráfico de influencias, supuestamente por haber facilitado documentación de Emvicesa a un particular, según ha podido saber Ceutaldia.com

Otro ilustre que ha pasado por el juzgado a responder las preguntas de la instructora y el fiscal es el que fuera jefe de Antonio López durante algún tiempo como presidente del Consejo de Administración de Emvicesa y su predecesor en el cargo de gerente, Francisco Márquez. Aunque ninguna fuente de las consultadas por Ceutaldia.com ha sido capaz de concretar si a Márquez se le acusa de algún delito o su testifical fue a mero título explicativo como testigo. Alguno de los consultados apuntan incluso que pudo testificar por otro asunto, el del local de González de la Vega que también habría recaído en Instrucción Número Uno, que es justamente el juzgado del que es titular Luccini.

Nulidad de las adjudicaciones

Además de la batalla legal que se prevé para tratar de anular (los acusados) o mantenerlos en el sumario (Fiscalía y magistrada) los pinchazos de teléfonos que han ido llenando los miles de folios de investigación judicial, se prevé una ramificación más compleja y que afectaría directamente a la Administración Local.

El grueso de la investigación se centraría en las 317 viviendas en régimen de alquiler adjudicadas hace sólo unos meses en Loma Colmenar. La publicación de un “listado corrupto”, en palabras de Fiscalía, es lo que arrancó la investigación. Y su compra venta no se pudo materializar al saltar el caso a los juzgados. El nuevo proceso de adjudicación fue visado por la propia magistrada Raquel Luccini que instruye el caso. Si bien, en el caso de otras viviendas en otras promociones -se sabe que ha preguntado por adjudicaciones en las 175 y 220 de Loma Colmenar- una hipotética futura condena conllevaría la nulidad del contrato de adjudicación. Eso obligaría a la Ciudad a desalojar a sus ocupantes y disponer de nuevo de la vivienda pública para su adjudicación. “Es complejo”, sintetizan en Fiscalía.

Sea como fuere, aunque en el caso de las 317 no se hubiera materializado la malversación de bienes públicos, dado que la adjudicación finalmente se hizo visada por la Justicia, sí podrían sostenerse todos los demás supuestos delictivos, el cohecho, la falsedad documental, la prevaricación y la organización delictiva, dado que para llegar a la publicación de la lista fantasma habría sido necesario ajustar los perfiles de algunos de los favorecidos a las normas de adjudicación.

Sensación de Indefensión

“Nos lo ha puesto a huevo”, se despachaba este viernes uno de los abogados defensores de varias personas señaladas en la investigación judicial al que no le habían notificado aún el auto de levantamiento del secreto sumarial (a pesar de que la notificación es electrónica y por tanto instantánea). Tampoco la supuesta prórroga dictada el miércoles para tres meses más. “No puede ser que nos estemos enterando por la prensa y siempre por el mismo diario”, se quejaba al tiempo que daba casi por hecho que presentarían causa de indefensión para sus defendidos por estos detalles.

“Tienen que notificarme porque si no dejan a mis clientes indefensos”, volvía a bramar un abogado al otro lado de al línea telefónica al que tampoco le había llegado la notificación. “Esto se ha hecho con premeditación en viernes de Dolores”, apostillaba. Sea como fuere no parece probable que los pormenores recogidos en el sumario sean conocidos por las partes hasta el próximo lunes, así al menos lo augura incluso la propia Fiscalía y el gabinete de prensa del TSJA, del que dependen los juzgados de Ceuta.

Y es que además, el procedimiento que es antiguo no está digitalizado y será necesario que los interesados hagan fotocopias de lo que consta en el sumario y ha venido cimentando la investigación judicial por corrupción más profunda y seria que se recuerda en Ceuta.

La investigación le ha costado el puesto además a las ex consejeras, Susana Román y Rabea Mohamed. A la primera sí le ha llegado el auto de notificación del levantamiento del secreto de sumario. Otro diputado, aún en el asiento es el líder de Caballas, Mohamed Alí. En general reina la cautela para empezar a defenderse en la opinión pública hasta no conocer en detalle qué hay en el sumario. Por más que esa falta de información haya hecho redoblar la presión de la opinión pública hasta doblar el pulso a Román y Mohamed y mantener a Caballas en una especie de diana permanente por la acusación de supuesta prevaricación que pesa sobre Alí.