CASO OMISO AL REGLAMENTO

La verdadera lista fantasma es la de las 170. Nadie en la Comisión Local de la vivienda la vio ni sabe quién la hizo

La verdadera lista fantasma es la de las 170. Nadie en la Comisión Local de la vivienda la vio ni sabe quién la hizo
Rabea Mohamed, Susana Román (de espaldas), Mohamed Alí y Antonio López charlando durante un Pleno la pasada legislatura.
Rabea Mohamed, Susana Román (de espaldas), Mohamed Alí y Antonio López charlando durante un Pleno la pasada legislatura.  

Sin proceso convocado, sin listados baremados, ni aprobados provisionalmente, ni publicados para alegaciones y con los contratos firmados y las llaves entregadas antes de que la Comisión Local de la Vivienda, el órgano competente para adjudicar las VPO, aprobara la lista definitiva en una reunión en la que nadie vio dicha lista y cuya acta, aún hoy, tampoco está aprobada. Así se recoge en la instrucción cómo se adjudicaron las 170 de Loma Colmenar.


Fantasma es, según el Diccionario de la Real Academia Española, “imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía” o “ilusión quimérica como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación” o, también, “aquello que es inexistente o falso”, como la lista de las 317 que apareció publicada en un diario y que alumbró el Caso Emvicesa y la investigación policial ‘Ghost’ (fantasma en inglés). Y todo eso es exactamente lo que fue también la lista de adjudicatarios de las 170 viviendas de Loma Colmenar, según se desprende de la instrucción judicial que dirige la magistrada Raquel Lucini. Ningún miembro con voto en la Comisión Local de la Vivienda, la responsable de adjudicar las casas, vio la lista de adjudicatarios. Así lo reconocen, la presidenta de la Comisión, Susana Román, el representante de Caballas, Mohamed Alí, o la consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed. Tampoco la vio la representante del PSOE, Milagros García, que llegó a pedirla, sin obtener más que una promesa de que se la remitirían. Es más, el acta de la reunión del 21 de febrero de 2013 en la que la aprobaron, tampoco está, aún hoy, aprobada.

Es justo por eso por lo que la instrucción entiende que Román, Alí, Mohamed y Carracao (que ni iba a las reuniones) cometieron prevaricación administrativa. Su falta de celo fue precisamente lo que habilitó la ocasión para que el gerente de la sociedad, que no votaba en la Comisión Local de la Vivienda, como él mismo recordó en reiteradas ocasiones en su primer paso por el juzgado en septiembre de 2015, pudiera manipular los listados de adjudicatarios para incluir a quienes supuestamente les había cobrado por adjudicarles la vivienda.

La jueza a Román durante su declaración: "Parece que Emvicesa hace lo que le da la gana porque nadie la controla".

La Comisión Local de la Vivienda es el órgano colegiado que tiene entre sus responsabilidades adjudicar las viviendas. El procedimiento está recogido en el Reglamento de la Vivienda que se aprobó en 2006. Pasa por:

- Establecer el método de adjudicación (sorteo o cupos o ambos).

- Realizar una convocatoria formal del proceso que ha de publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los dos diarios de mayor difusión de la ciudad para que todos los interesados en acceder a una vivienda pública puedan concursar.

- Aprobar un listado provisional de adjudicatarios, que ha de ser publicado con la baremación de los candidatos en los casos de que hubiere cupos y no se resolviera la adjudicación por sorteo (tal era el caso de las 170).

- Abrir un periodo de exposición pública y reclamaciones de 20 días.

- Tras los recursos la Comisión Local debería volver a reunirse para aprobar el listado definitivo.

- Dar otros 30 días de exposición pública para recurso de alzada

- Si no lo hay, llega la hora de firmar los contratos y entregar las llaves.

Y todo dando por sentado que a lo largo de ese proceso se comprueba que los adjudicatarios y aspirantes cumplen con los requisitos.

De ahí que la investigación considere que todas las viviendas, las 170, independientemente de que las habiten familiares de políticos o de trabajadores de Emvicesa o de que la organización criminal que supuestamente lideraba Antonio López las hubiera vendido bajo cuerda, estén adjudicadas de forma ilegal.

Pues bien, nada de lo descrito anteriormente se hizo en la promoción de las 170 viviendas de Loma Colmenar, según se desprende del sumario del Caso Emvicesa y según han reconocido los propios integrantes de la Comisión Local de la Vivienda ante la jueza que instruye el caso, Raquel Lucini, todos investigados por prevaricación a la postre.

De ahí que la investigación considere que todas las viviendas, las 170, independientemente de que las habiten familiares de políticos o de trabajadores de Emvicesa o de que la organización criminal que supuestamente lideraba Antonio López las hubiera vendido bajo cuerda, estén adjudicadas de forma ilegal.

En la reunión nadie vio la lista, y los beneficiarios de la promoción vivían en ella desde casi 4 meses antes, desde noviembre de 2012. Hechos estos, no sujetos a controversia alguna.

Lo que consta en los papeles, más allá de las declaraciones, es que la Comisión Local de la Vivienda se reunión en febrero de 2012, que acordó iniciar el proceso de adjudicación y estableció que se entregarían las viviendas mediante cupos baremados y fijo los porcentajes. A partir de ahí, nada de nada. La siguiente reunión se produjo al año siguiente, el 21 de febrero de 2013, y lo hizo para cerrar el proceso de adjudicación y aprobar la lista definitiva de adjudicatarios. En la reunión nadie vio la lista, y los beneficiarios de la promoción vivían en ella desde casi 4 meses antes, desde noviembre de 2012. Hechos estos, no sujetos a controversia alguna.

Al menos media docena de adjudicatarios finales en la promoción no cumplían ni el primero de los requisitos básicos para beneficiarse de una VPO, ser demandante de vivienda, inscribirse en Emvicesa como tal, según ha constatado la investigación policial.

media docena de adjudicatarios finales en la promoción no cumplían ni el primero de los requisitos básicos para beneficiarse de una VPO, ser demandante de vivienda,

Sin baremos de ningún tipo

Pero si uno desciende al detalle, el desastre o el fantasma de la lista se agranda, la sombra de duda que proyecta alcanza a áreas de la administración más allá de Emvicesa, concretamente en este caso a Servicios Sociales.

La consejera de Servicios Sociales, Rabea Mohamed, por tal condición integraba también aquella Comisión Local de la Vivienda. En sede judicial, cuando fue detenida el pasado 15 de febrero, declaró que el equipo técnico de su consejería, Servicios Sociales, remitió un listado de posibles adjudicatarios a considerar para el cupo de Alojamiento Alternativo y también para el de “actuaciones singulares”. Dos trabajadores de su consejería la desmintieron el pasado mes de marzo en el mismo juzgado de instrucción. No fueron los únicos, también lo hizo su sucesora en el área, Adela Nieto, a la que no le consta en el registro de documentos de salida de la Consejería listado alguno ni para aquella promoción ni para las 317, antes de la que en la propia instrucción se denomina “las 317 buenas”.

“Yo vengo de una familia humilde y amplia y casi todos los integrantes son humildes y cumplen los requisitos seguro”, afirmó Rabea Mohamed.

Rabea Mohamed manifestó además que la lista, no la llevó a Emvicesa personalmente, “se remitió porque esas fueron las directrices remitidas a los técnicos”, afirmó ante la juez. Los técnicos y el registro de salida de Servicios Sociales y el de Entrada de Emvicesa la desmienten. Los instructores le preguntaron a Mohamed ese 15 de febrero, ¿por qué personas que ni eran demandantes de vivienda acaban con casa? “No lo sé”, fue su respuesta.

Entre los afortunados dos familiares de la entonces consejera de Asuntos Sociales, uno dentro del cupo general, el otro con tres hijos más allá de la edad computable para el núcleo familiar.  “Yo vengo de una familia humilde y amplia y casi todos los integrantes son humildes y cumplen los requisitos seguro”, afirmó Rabea Mohamed. Ella votó la lista de adjudicatarios aquel 21 de febrero de 2013, pero a la jueza le confirmó lo mismo que los demás: “nunca la vi”.

Román: “Ver el listado allí, físicamente no, desde luego no vimos el listado”

La culpa es de la Secretaria

Tanto la presidenta de la Comisión, Susana Román, como Mohamed Alí, coincidieron en señalar también que no vieron la lista y también en que no dudaron del trabajo de los técnicos de Emvicesa y de la legalidad de lo que se hacía, porque era responsabilidad de la secretaria advertir si había alguna y no advirtió nada. Aunque en el acta, no aprobada aún, de la reunión del 21 de febrero de 2013, la secretaria no estaba y fue sustituida por una técnica. Un detalle no menor.

“Ver el listado allí, físicamente no, desde luego no vimos el listado”, afirmó Román el 15 de febrero pasado ante la jueza. “La comisión no maneja listas con nombres. No maneja listas con nombres y por tanto no vemos nombres. A la Comisión no llegan las listas de adjudicación”, reiteró Alí ese mismo día ante la instructora.

Ambos se fiaron del trabajo realizado por Emvicesa, que capitaneaba el entonces gerente, Antonio López, hoy señalado por la investigación con “indicios gravísimos y contundentes” como cabecilla de una organización criminal dedicada a vender bajo cuerda las adjudicaciones de vivienda pública, según recoge en el auto en el que le envía a prisión sin fianza, la propia Lucini.

Román: "me da una pena enorme por los ciudadanos"

Román declaró que como presidente de la Comisión Local de la Vivienda y responsable de firmar los contratos de arrendamiento de las 170 “desconocía que se estaban entregando las llaves de las viviendas”. Se entregaron en noviembre 2012 y la lista definitiva se votó en febrero de 2013.

Román declaró que “se fiaron de la palabra del gerente” sobre la selección y la lista y llega a reconocer que “quizás debieron comprobarlo”.

¿Quién hacía la lista?

La clave parece estar en quién elaboró la lista. Algo en lo que tampoco se pusieron de acuerdo después los 5 trabajadores de Emvicesa interrogados y también señalados como supuestos autores de delitos en la investigación, colaboradores necesarios de Antonio López, que se señalaban unos a otro en una cadena cruzada que no arrojó ninguna luz a la jueza, más allá de constatar que nadie en Emvicesa parece tener claro cómo funcionan las cosas.

En ese sentido indagó también con Alí y con Román. Un trozo del interrogatorio a Román deja bastante claro todo:

Jueza: ¿Quién hace la lista?

Susana Román: “No lo sé porque nunca he hecho ninguna, pero supongo que eso lo realizarán, insisto, los trabajadores una vez que se van depurando los criterios que ha fijado la comisión”.

Jueza: ¿Alguien controla si se cumplen los requisitos y si dos personas están en la misma situación quien elige a una o a otra?

Susana Román: Pues, señora, supongo que los técnicos, cuando tengan dudas elevarán esa duda al asesor jurídico (…) pero, insisto, yo eso lo supongo, porque en la Comisión, la verdad, tú supones que las listas que te elevan… supones que el funcionario ha hecho su trabajo, y que el secretario de la Comisión, que es realmente quien controla la legalidad, y que se han hecho las cosas correctamente.

(…)

Jueza: ¿Es decir, todo sale del gerente?

Susana Román: No lo sé, son los trabajadores (de Emvicesa) los que están con el gerente en el día a día, la Comisión Local de la Vivienda solo fija criterios.

Jueza: (echa en falta la labor de fiscalización de la Comisión Local de la Vivienda) Parece que Emvicesa hace lo que le da la gana porque nadie la controla.

No es de extrañar que Román acabara su declaración diciendo "me da una pena enorme por los ciudadanos"

Milagros García

Para nota es la participación de Milagros García en la Comisión Local de la Vivienda. “El representante del PSOE no iba nunca”, consta en la instrucción de forma repetida en varios documentos. El representante con voto era José Antonio Carracao. Milagros García, diputado entonces en la Asamblea, acudía por él, pero como no estaba designada de forma oficial, no tenía capacidad para votar.

Aún así, su intervención en la reunión del 21 de febrero de 2013 de la Comisión Local de la Vivienda fue la única sensata a la vista de lo sucedido con posterioridad.

García, tal y como consta en el acta, y han recordado los que participaron en la reunión con posterioridad, pidió los dos listados que se aprobaron aquel día: El de adjudicatarios y el de unos compromisos con usuarios que habían renunciado que esgrimió López, pero sin mostrar. La lista de adjudicatarios no estaba, no se la mostraron, pero se la prometieron. Básicamente la torearon diciéndole que estaba publicada y que se la enviarían.

Chandiramani

El mismo día, el 14 de febrero pasado, que la Policía Nacional acompañada de una perito de arte, entraba en el domicilio de Antonio López en Marbella, para detenerle, la entonces gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, declaraba como testigo ante la magistrada Lucini. Allí corroboró que “no existe proceso de baremación. El reglamento determina la puntuación con exactitud y esos puntos en las 170 no están adjudicados por el ordenador ni en ningún otro expediente de Emvicesa”.

Esa baremación, según Chandiramani debería haberse revisado, de existir, con posterioridad por una comisión técnica “y en este caso no ha existido, por lo que entiende que habrán sido los propios trabajadores que se ocupan del registro de demandantes de bienes”. En Emvicesa no consta expediente alguno de adjudicación como tal de las 170. Lo corroboró al juzgado Chandiramani y también su sucesor desde hace menos de dos meses, Juan Manuel Doncel.