DEVOLUCIONES "ILEGALES"

AI y CEAR critican el halo de "impunidad" que deja el archivo de la causa de la tragedia del Tarajal

AI y CEAR critican el halo de "impunidad" que deja el archivo de la causa de la tragedia del Tarajal
Imagen de archivo.
Imagen de archivo.  

Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han denunciado este lunes, víspera del cuarto aniversario de la tragedia de la playa del Tarajal, en la que un grupo de migrantes que intentaba alcanzar territorio español a nado "fue repelido violentamente por miembros de la Guardia Civil, provocando 14 muertes y una desaparición", que persiste "la impunidad y la falta de rendición de cuentas en torno a lo sucedido y la ilegalidad de las denominadas devoluciones en caliente".

El 6 de febrero de 2014 otras 23 personas fueron devueltas sumariamente a Marruecos y este martes también finaliza el plazo de enmiendas para reformar la vigente Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC) que da cobertura legal como 'rechazos en frontera a las denominadas “devoluciones en caliente”, "prohibidas por el derecho internacional ya que las personas, migrantes y refugiadas, pueden ser devueltas a países donde corren el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos, y además, no permiten el acceso a procedimientos individualizados de asilo con todas las garantías".

“La falta de rendición de cuentas y la impunidad con la que se pretende cerrar este trágico incidente nos provoca impotencia y vergüenza”, asegura Estrella Galán, secretaria general de CEAR, para quien “mientras no se prohíban las ‘devoluciones en caliente’, lo sucedido en el Tarajal podría repetirse”.

El reciente archivo de la causa por el juzgado de Ceuta supone para ambas organizaciones "un nuevo obstáculo en la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido aquella mañana en la playa fronteriza entre Ceuta y Marruecos". El sobreseimiento ha seguido desde su punto de vista a "una investigación repleta de carencias, como el hecho de que no fue hasta que las organizaciones no gubernamentales emprendieron una causa judicial sobre su inacción, cuando la jueza de instrucción recabó información esencial, incluidos datos tan básicos como las identidades de los agentes que participaron en la operación".

Además, "no se ha tomado declaración a dos de los supervivientes cuyo testimonio ya había sido acordado por el propio juzgado a través de videoconferencia, puesto que no tienen permiso de residencia en España; no se ha esperado al envío de las autopsias por parte de las autoridades marroquíes, ni se han hecho esfuerzos para identificar los cuerpos de cuatro víctimas que permanecen enterradas en el cementerio de Ceuta, a pesar de que el juzgado tiene los nombres y partidas de nacimiento y poderes notariales de las familias que los reclaman".

Según han criticado AI y CEAR, "las autoridades españolas tampoco han atendido las necesidades de los familiares de las víctimas, que todavía a día de hoy siguen esperando poder identificarlas". "Las familias no solo reclaman verdad, justicia, y reparación, sino que además exigen que todos los cadáveres sean identificados", han recordado.

A su juicio, "la tragedia de la playa del Tarajal es un ejemplo más de las consecuencias del endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera sur española, donde se producen graves abusos de derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza por los agentes, la discriminación por razón de nacionalidad y la falta de atención a grupos vulnerables, así como la falta de información adecuada para quienes buscan protección internacional, además de las denominadas 'devoluciones en caliente”.

Una Ley "ilegal"

AI y CEAR han puesto de reieve que "recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (el TEDH) ha condenado a España por la demanda de dos jóvenes procedentes de Malí y Costa de Marfil que fueron expulsados de Melilla en agosto de 2014". Estas devoluciones, para el TEDH, suponen una violación del Protocolo 4 y del artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al tratarse de una expulsión colectiva sin posibilidad efectiva de recurso judicial. Sin embargo, la respuesta del Estado español ha sido la de recurrir a la Gran Sala del TEDH por esta sentencia.

“España parece tener una intención clara de hacer caso omiso a las recomendaciones internacionales en materia de asilo. No podemos olvidar que todas las personas tienen derecho a procedimientos de asilo justos e individualizados, y a no ser devueltos corriendo el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

También otros organismos, como el Defensor del Pueblo, así como mecanismos internacionales de Naciones Unidas, han hecho recomendaciones a España para examinar la ley que permite este tipo de práctica y para asegurarse de que cumpla con sus obligaciones internacionales sobre el derecho al asilo.

Las organizaciones tienen en marcha campañas para exigir que se revisen las disposiciones que regulan el rechazo en frontera, tanto de la Ley de Extranjería (LOEX) como de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana (LOSC), y llevan recogidas miles de firmas para poner fin a esta práctica. Con la reciente sentencia del TEDH y con las reformas propuestas por los grupos parlamentarios a la LOSC y a la LOEX, el Parlamento tiene en estos momentos la oportunidad de revertir esta situación, para garantizar que no se vulnera el principio de no devolución. En ese sentido, las organizaciones recuerdan que mañana finaliza el plazo de enmiendas para reformar la LOSC y piden a los grupos parlamentarios que no desaprovechen esta oportunidad.