El pasado 23 de febrero los vecinos del 7 de la calle Fernández fueron desalojados de sus viviendas por el supuesto deterioro que estás habían sufrido al ejecutarse los trabajos de demolición del edificio de la parcela adyacente, que llevaba años en estado de ruina. Fomento defiende que paró las obras tras recibir aviso de la promotora y que se hizo una inspección antes de dar la licencia de derribo. Este medio ha tenido acceso a los documentos municipales que se expidieron el día en que los residentes tuvieron que dejar sus casas, y que muestran una reacción en cadena casi instantánea; desde la promotora, pasando por Fomento, a la Policía Local, elaborándose informes y decretos en cuestión de muy pocas horas.

Asimismo, este digital ha podido comprobar que las grietas por las que la Ciudad ordena el desalojo ya aparecen en fotografías de 2021, lo que coincide con lo expuesto por Juan Antonio Cruz, uno de los propietarios, que niega la ruina de su domicilio y entiende que todo va orientado a que renuncie a su vivienda para que pueda ser echada abajo y la promotora construya toda la manzana. Algo que él también relaciona con el hecho de que una persona cercana a él y a la constructora le preguntara a lo largo del tiempo en varias ocasiones "qué quería a cambio de la casa".

Este miércoles, el portavoz del Gobierno y consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, compareció ante los medios tras el Consejo, asegurando que los técnicos inspeccionaron la vivienda afectada antes de conceder los permisos. Asimismo, defiende que pararon los trabajos una vez la empresa puso en su conocimiento su consideración sobre el supuesto estado de ruina del inmueble.

Cronología administrativa de un desalojo

En el expediente del caso consta que la promotora mete por registro municipal a las 13.15 horas del día 23 el informe de un arquitecto, que apunta que una vez se comienza con la demolición de las medianeras "se empieza a notar cierta dependencia de estabilidad" entre la edificación del 7 de Fernández y la que se estaba derribando. "Aunque disponiendo esta de su propia estructura independiente, posee deficiencias estructurales preexistentes en ella y anteriores al comienzo de los trabajos", apuntan, citando "fisuraciones en cerramientos de fachada, pilares fisurados con ciertas desviaciones verticales, medianera de una sola hoja de fábrica, entre otras patologías", que no habría apreciado la Ciudad en su inspección previa a la licencia.

Añade el arquitecto contratado por la constructora que, a la vista de la situación, "se toma la decisión en obra de mantener el cerramiento medianero en cuestión, con la imposibilidad de la demolición total de la edificación objeto de la licencia, ordenándose paralizar los trabajos de derribo y desescombro".

El informe concluye seguidamente que, por su antigüedad de 82 años las patologías previas observadas y su posible dependencia de la edificación colindante, el edificio "no reúne los requisitos de estabilidad estructural necesarios para una habitabilidad segura de sus ocupantes" y por ello "se exige el desalojo, urgente, inmediato y permanente", pidiendo a su vez a la Ciudad que envíe a sus técnicos para una inspección urgente. 

Si ese documento entra en el registro municipal a las 13.15, tan solo cinco minutos después se presenta en la zona la Policía Local, requerida por Cruz. En su informe se dice que este les llama por la aparición de nuevas grietas. Sin embargo, las que aparecen fotografiadas y referenciadas en el documento elaborado por los agentes ya se pueden observar con absoluta claridad en fotografías de Google Street View en 2021.

El propio propietario explica a este medio que no se refería a esas, sino a "algunas que se generaron en la parte trasera, en principio a raíz del derribo del edificio adyacente". Insiste el vecino que su casa no está en ruinas y que "la mayoría de grietas ya estaban ahí y no suponen un problema".

Los agentes solicitaron la presencia en el lugar de los arquitectos municipales y de los Bomberos y, siempre según el documento policial, "tras la inspección se determina la conveniencia de desalojar y precintar", pasando a llamar a Asuntos Sociales para tratar su realojo, sin que a posteriori se concrete si este área llegó a efectuar o no acción alguna.

El primer decreto de medidas cautelares del día, que ordena la marcha de los vecinos es firmado por el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, cinco minutos y unos pocos segundos después de que en el registro aparezca el informe del arquitecto encargado por la promotora. En este también se ordena parar las obras de demolición -aunque la propia constructora ya había tomado esta decisión una vez tirado casi todo-, actuar a Servicios Sociales y a la Policía Local.

No tardan los arquitectos de Urbanismo mucho más de dos horas en emitir su informe, firmado poco después de las 16.30 horas, en el que mayoritariamente reproducen las impresiones de su compañero de profesión contratado por la promotora, añadiendo que: "Se ha dejado a la intemperie toda la medianería, acumulando los escombros resultantes de la demolición contra la misma". Con todo esto, se recomienda el desalojo y se emplaza a un futuro estudio patológico que aclare si hay daños provocados por la obra de demolición o si las viviendas incluso pueden volver a ser habitables.

En cuestión de otros cincuenta minutos, a las 17.10, llega el informe jurídico firmado por la directora general de Fomento, en el que se suscriben las primeras cautelares ordenadas por Ramírez. El frenesí documental continúa con un segundo decreto del consejero, rubricado a las 17.41 horas, en el que únicamente se incluye como novedad un punto en el que se avisa de la posibilidad de interponer un recurso de reposición contra esta decisión.

Esa es en resumen la tramitación que se siguió en la jornada del 23 de febrero. La promotora, tras prácticamente tirar el edificio de su propiedad, sin recoger el escombro y dejándolo sobre la medianera del inmueble de Fernández 7, mandó un informe arquitectónico a la Ciudad urgiendo el desalojo de la vivienda que les impide construir en la manzana completa y para cuya adquisición o permuta ya habían hecho acercamientos al propietario. Los técnicos municipales -a quienes el documento externo que pide la marcha de los residente urge su presencia en el lugar- avalan en una inspección apenas una hora después del aviso -habiendo visto según Ramírez el estado de la casa antes de dar licencias- la tesis de que el edificio no es seguro, a pesar de que las grietas que se señalan en los informes ya estaban presentes años atrás y estos debieron haber ido a revisar su estado antes de permitir el derribo, por si pudiera ocasionar un riesgo para el espacio que habitaban varios vecinos.

Al final, en cuestión de cinco horas se generan dos decretos, un informe jurídico, otro técnico y otro policial que acaban con quienes residían allí fuera de la vivienda, mientras negocian dejarlas definitivamente, sin saber si el informe patológico encargado por la Administración podría permitirles en el futuro volver.