El decreto fue aprobado en 2020 y recurrido en 2021 y excluye al personal con funciones sanitarias o docentes.
El Ministerio de Sanidad y las CCAA han trabajado codo con codo, para orientar su correcta puesta en marcha, en dos documentos de referencia: el “Protocolo para la valoración de la incapacidad de hecho”, que fue aprobado ayer por el Consejo Interterritorial, adelantándose así al plazo de tres meses que establece la Ley, y el “Manual de buenas prácticas”, que está terminando de revisarse. Se ha abierto un apartado dentro de la página web del Ministerio en el que se irá subiendo información tanto para la ciudadanía como para los profesionales.
- La Asociación considera necesario una nueva regulación del salario de los diputados de la Asamblea, que pasaría por ejemplo por hacer públicas sus agendas
- Otra de las propuestas es impedir que puedan trabajar "en un puesto gestionado por la institución a la que representan" o eliminar el cobro si no hay dedicación exclusiva
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- El ministro del Interior dice que el Estado tiene "el derecho y la obligación de custodiar y proteger" su territorio, máxime en Ceuta y Melilla que "son también fronteras exteriores de la Unión Europea"
- Señala que “revisten una importancia fundamental las salvaguardias contenidas en este ‘procedimiento especial’ por lo que se refiere a la protección internacional"
- La Comisión "considera" la creación de oficinas para que los extranjeros pueden presentar su solicitud de asilo como "un elemento positivo" pese a que la del Tarajal no la ha utilizado nadie
- "Hay que apoyar la actividad hostelera en todas sus modalidades y con todos los medios a disposición de la Administración desde un marco legal que establezca con claridad los derechos y obligaciones de sus promotores", refiere Caballas
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- Román niega que el Ejecutivo local esté “creando una puerta falsa. Eso es mentira”, zanja la consejera
- Aróstegui recrimina a la Delegación que no haga nada por perseguir la mano de obra ilegal, origen de los asentamientos ilegales, ni de interceder para que Defensa ceda el suelo sin uso a sus legítimos propietarios, los ceutíes
