Durante años, el progresismo español liderado por el partido socialista ha acusado al partido popular de querer alcanzar la presidencia del Gobierno con la única intención de finiquitar el estado del bienestar; eliminando el sistema público de pensiones, privatizando el sistema público sanitario y abaratando el despido. Durante años, los principales líderes y “voceros” del partido socialista se han dedicado exclusivamente en atemorizar a la ciudadanía sobre las negativas consecuencias, que les supondría la llegada al Gobierno del país de la derecha española, de la derecha rancia y recalcitrante heredera del franquismo.
A pesar de todo, esa derecha rancia y recalcitrante llegó al Gobierno de España de la mano de José María Aznar en 1996 y entre otra muchas, aprobó la Ley que obligaba a revalorizar automática las pensiones que ahora, los del talante, han derogado, congelando por primera vez en nuestra historia las pensiones. Un Gobierno, que a pesar del agujero dejado por el partido socialista dirigido por Felipe González jamás, recortó los sueldos de los funcionarios públicos. Un Ejecutivo, que redujo la tasa de paro del 22% al 11%, creando 5 millones de puestos de trabajo. En definitiva, un partido popular que cambio el rumbo de un país a la deriva.
Pese a todas las acusaciones, pese a todas las críticas difundidas durante años por la izquierda progresista contra el partido popular al final, las decisiones adoptadas por nuestro actual Gobierno han demostrado fehacientemente que, quienes han finiquitado el Estado del Bienestar han sido ellos mismos, los del talante, los únicos defensores de los derechos y libertades, los de la ceja. Los que han recortado el sueldo a los funcionarios, los que han congelado las pensiones, los que han eliminado las ayudas por nacimiento, los que han incrementado la presión fiscal sobre los ciudadanos, los que pretenden ampliar la edad de jubilación e incluso, amenazan con implantar el copago en la sanidad pública. En definitiva, quienes han provocado que el número de desempleados se haya disparado a los 5 millones.
En 1996 el Partido Popular recibió un país con una tasa de desempleo del 22% y un déficit público superior al 15%. Hoy, España se encuentra en peores condiciones que la mencionada como consecuencia de otro Gobierno del partido socialista. Sin embargo, los españoles ya conocemos por experiencia propia la solución adecuada al problema en cuestión, la salida inmediata de José Luís Rodríguez Zapatero a través del adelantamiento de las elecciones y el apoyo mayoritario de la ciudadanía, una vez más, al Partido Popular. Soluciones del pasado para resolver los problemas del presente.

El pasado jueves, nuestros representantes políticos respondieron con generosidad a las reivindicaciones de los desempleados ceutíes, anteponiendo el interés general a los intereses de las diferentes formaciones políticas con representación parlamentaria. Durante unas breves horas, los portavoces parlamentarios consensuaron solidariamente el contenido de un documento compuesto por 43 medidas, que expresaba la voluntad de la clase política ceutí en incentivar el mantenimiento y la creación de empleo aunque, siempre condicionada por la capacidad y competencia del Gobierno de la Ciudad.

Medidas elaboradas en respuesta a la gravísima situación socio económica que afecta especialmente a un mercado laboral cuyas cifras son realmente alarmantes; hemos alcanzado los 4.500.000 de desempleados, entre los cuales, 1.220.000 corresponden a familias con todos los miembros parados y 1.434.000 desempleados sin ningún tipo de prestaciones. Siete comunidades autónomas superan el 20% en la tasa de desempleo y seis provincias superan el 25%. Datos, que muestran la realidad de una situación que afecta directamente a las familias españolas aunque, las previsiones mostradas por diferentes organismos nacionales e internacionales prevén un incremento de estas cifras.

El documento aprobado por unanimidad, incide en la inversión pública como principal fuente de generación de empleo, incluyendo una cláusula social a partir de su aprobación en todas las obras a licitar, que superen los 50.000€ al objeto, de incentivar el acceso de los desempleados ceutíes al mercado laboral. Promueve la creación de una escuela especializada, que posibilite la formación de estos trabajadores como actuación prioritaria en su inserción laboral. Todos los grupos parlamentarios, sin excepción alguna, apoyan las reivindicaciones del Ejecutivo local en relación a las peticiones formuladas al Ejecutivo de la nación respecto a la actualización de nuestro obsoleto Régimen Económico y Fiscal especial como elemento dinamizador de nuestra economía así como, aprueban la elaboración de planes sectoriales específicos para el comercio, el turismo y el puerto.

Por todo ello, todos los ceutíes, sin exclusión alguna, debemos congratularnos con la generosidad mostrada por nuestros representantes quienes, en un ejercicio de responsabilidad política han respondido unánimemente a las reivindicaciones legítimas de los desempleaos ceutíes, desde el compromiso y la lealtad, consensuando un documento que incorpora 43 medidas, que sin ninguna duda, incentivarán el mantenimiento y la creación de empleo. Un documento, que además incorpora la principal exigencia de quienes en los últimos días han manifestado públicamente sus reivindicaciones en la calle a través de la movilización sindical, la cláusula social, que obliga a las empresas constructoras a contratar un número predeterminado de desempleados ceutíes. En definitiva, gratitud y esperanza hacia quienes han sido capaces, por unos instantes, de obviar intereses partidistas en la búsqueda del interés general a pesar, de los muchos obstáculos que aún quedan por superar antes de alcanzar el objetivo final.
Reflexión aparte, merecen las últimas declaraciones manifestadas tanto, por el máximo dirigente de la UDCE, Mohamed Alí como, por el máximo representante del PSOE, José Antonio Carracao, quienes han mostrado su irracionalidad e incoherencia política al criticar, un día después, las medidas que ellos mismos habían apoyado al rubricar un documento que incorporaba muchas de las actuaciones incluidas en el programa electoral con el cual, el Partido Popular había concurrido a las últimas Elecciones Autonómicas