El sector hostelero teme ser "apuntillado" por la tasa de ocupación de la vía pública

El sector hostelero teme ser "apuntillado" por la tasa de ocupación de la vía pública
Bulaix se reunirá este mediodía con los afectados.

- Los presidentes de la Confederación de Empresarios de Ceuta y de la Cámara de Comercio rechazan la "improvisación constante" del Ejecutivo local

- Caballas aboga por incorporar a la modificación de la Ordenanza “algún factor de corrección” para eximir o bonificar a los locales con problemas económicos


“En principio, mal”. Así se ha tomado el presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Rafael Montero Ávalos, la propuesta que la Consejería de Hacienda llevará al Pleno del próximo martes para la aprobación inicial de una modificación de la Ordenanza de la ‘tasa por el aprovechamiento especial por ocupación de terrenos de uso público, con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa’ de 2004 con el objetivo eliminar la exención que hasta ahora favorecía a todo el sector y empezar a cobrar entre 360 y 50 euros al año por metro cuadrado de vía pública ocupada, según la categoría fiscal de la vía en cuestión. Montero, que se ha confesado “nada partidario del ‘gratis total”, ha lamentado sin embargo que “si en 2004 se aplicó una salvedad para promocionar la actividad turística en Ceuta es incomprensible que ahora, en plena crisis, con todo el mundo ahogado, se suprima”.

“Las cantidades barajadas me parecen una barbaridad porque una mesa con sillas ya ocupan unos cuatro metros cuadrados, lo que para un local con cinco sitúa su factura en cerca de 8.000 euros anuales en el caso más gravoso por una parte del negocio que rinde realmente sólo durante cuatro o cinco meses al año”, ha ejemplificado.

El líder de la patronal ceutí cree que el momento elegido tampoco es el oportuno: “Cuando todavía no sabemos cómo terminará el proceso de regularización de las terrazas no parece adecuado arrojar un motivo de inseguridad más sobre el sector, al que terminarán de apuntillar”.

A juicio del presidente de la CECE, la hoja de ruta gubernamental debería pasar por “concluir la regularización de terrazas, primero; estudiar con los implicados los problemas y soluciones del sector, después; y finalmente, si es necesario y procedente, analizar cuál debe ser la cuantía a cobrar”.

“No es aceptable”, ha criticado, “que para cobrar sí haya distintas zonas y cierta flexibilidad y para otras cosas se quiera aplicar la norma al pie de la letra, ni que se repercuta un sobrecoste a uno de los pocos sectores que todavía está medio funcionando en Ceuta”.

 

Este viernes a mediodía, reunión en la Cámara

Con el celular “atestado” de llamadas de empresarios hosteleros “indignados, cabreados, con ganas de tirar la toalla y de plantarse en la calle”, el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, ha criticado también con dureza la política de “improvisación permanente” con la que a su juicio está gestionando el Gobierno local el asunto de las terrazas.

“Hace poco tiempo se podía pedir una terraza con sencillez, crear empleo e intentar funcionar, pero de la noche a la mañana, por motivos ajenos a la actividad y a la clientela, se empezó a cambiar una y otra vez la normativa para obligar a los afectados a gastar dinero en técnicos con una inversión hecha, a asumir un tremendo desgaste personal y a seguir en la inseguridad total”, ha recordado Bulaix, quien alerta de que “a dos días para que termine el plazo el 90% de las terrazas de Ceuta siguen sin haberse podido regularizar”.

“Por si fuera poco”, ha sumado, “nos enfrentamos a denuncias que en muchos casos son irreales, renunciamos a tener mobiliario con publicidad de patrocinadores para estar exentos de la tasa de ocupación de la vía pública y al final acabamos pareciendo delincuentes a los que nos van a meter 360 euros por metro cuadrado en las calles de categoría A”.

Según Bulaix “lo único positivo de todo esto es que está fortaleciendo la unidad del colectivo de hosteleros, que es uno de los pocos sectores que sobrevive en Ceuta creando empleo y riqueza y a veces pasando penurias”. El presidente de la Cámara ha asegurado “echar de menos” que la Consejería de Turismo “se posicione en este asunto”. “Ellos crearon una exención de esa tasa para dar una mejor imagen de la ciudad y ahora, con la inversión realizada, vuelven a cambiar las reglas de juego”, ha reiterado Bulaix, que este viernes se reunirá con todos los afectados por la modificación “para consensuar una movilización común”.

Caballas aboga por bonificiar a los negocios con problemas

La coalición Caballas, de la que nació la propuesta de no seguir permitiendo a todos los negocios hosteleros de Ceuta, con independencia de su tamaño y ubicación, ocupar la vía pública sin pagar nada a cambio, planteamiento que fue aceptado para ser sometido a estudio por Carreira, propondrá que el cambio de la Ordenanza de 2004 introduzca “algún factor de corrección” de las tarifas establecidas.

“La idea no es, desde luego, que ningún local se vea abocado al cierre por el pago de la tasa, por lo que intentaremos enmendar la propuesta que eleve al Pleno el consejero para lograr que se exima o se bonifique lo máximo posible a aquellos empresarios que acrediten que el rendimiento que obtienen de su actividad no les permite hacer frente a su obligación”, han precisado fuentes localistas.

La propuesta de cambio de la Ordenanza elaborada por la Consejería de Hacienda establece un abanico de tarifas que va desde los 360 euros/año por metro cuadrado ocupado en calles de categoría fiscal A hasta los 50 de las vías de nivel E (en medio, 252, 175 y 100 euros por ejercicio para las calles B, C y D, respectivamente). Cuando el espacio afectado por la utilización privativa esté situado en la confluencia de varias vías públicas, se aplicará “la tarifa que corresponda a la de categoría superior”. Para el Ejecutivo estas tarifas “respetan los principios de capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer la tasa, así como los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad”.

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