El portavoz del Ejecutivo ceutí, Guillermo Martínez, ha vuelto este viernes durante su comparecencia tras la reunión semanal ordinaria del Consejo de Gobierno sobre la posible venta de la sociedad pública 'Puerta de África', propietaria del Tryp, para dejar tan claro que el PP "no renuncia a ninguna fuente de financiación legal" para mantener sus prioridades como que esta enajenación no se producirá en ningún caso "por debajo de una tasación de mercado" ni sin "garantizar" antes la estabilidad de la plantilla con sus nuevos patrones.

"El Gobierno hará todo lo legalmente viable para mantener la extensión y calidad de los servicios públicos que ofrece la Administración local, para no reducir su nivel de política social y para sostener la inversión como mecanismo de dinamización y generación de empleo", ha apuntado Martínez tras la polémica generada a cuenta de la posible venta del hotel de Gran Vía, construido en 1995 y reformado y tasado en 2005 en "más de seis millones de euros".

"La enajenación de activos es una vía para obtener ingresos a la que las Administraciones Públicas, también la Ciudad Autónoma, han recurrido históricamente", ha completado la defensa de su posición Martínez, quien ha querido "que quede claro" que en el mejor de los casos, el de que alguna empresa privada se interese por el inmueble y esté dispuesto a pagar el precio "de mercado" en el que se tase, la operación no se cerrará nunca a espaldas del medio centenar de empleados del establecimiento.

"En cualquier caso, si la enajenación que se concretase, una opción que no está decidida pero que no se descarta, siempre se haría respetando los puestos de trabajo y velando por su estabilidad", ha dicho el consejero de Fomento, quien también ha asegurado que los ingresos que se obtendrían "nunca se destinarían a pagar gasto corriente ni a cancelar deuda".

Preguntado por si otras propiedades municipales como el Parque Marítimo del Mediterráneo o los aparcamientos subterráneos que gestiona Amgevicesa también tienen el cartel de transferibles, el portavoz ha puesto cara de circunstancias. "Es la primera vez que escucho algo parecido sobre el Parque", ha respondido antes de repetir que "la Ciudad no se cierra ninguna puerta dentro de lo legalmente previsto, y la Ley de Bases de Régimen Local no exige desde luego que se mantenga un hotel público".

Dicha norma tampoco obliga a las entidades locales a mantener unas instalaciones de ocio como las del Parque, que en 2010 recibió 1,8 millones de la Ciudad, aunque el coste social de desprenderse del mismo, si hubiese algún interesado, sería sin duda mucho más alto ante el previsible incremento del precio de sus entradas (actualmente pasar un día allí cuesta menos que ir al cine) que hacer caja con el Tryp, según las fuentes consuladas por este medio.

El mínimo exigido

La legislación vigente obliga a todos los municipios a mantener los servicios de alumbrado público, cementerios, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

Además, cuando tienen más de 50.000 habitantes deben hacerse cargo de parque público, biblioteca pública, mercado, tratamiento de residuos, protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas de uso público, transporte colectivo de viajeros y protección del Medio Ambiente.

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