La Defensora del Pueblo cree que lanzar pelotas de goma a los inmigrantes fue legal pero no prudente

La Defensora del Pueblo cree que lanzar pelotas de goma a los inmigrantes fue legal pero no prudente
Imagen de archivo.
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- Soledad Becerril dice que de los informes que ha recibido "se desprende que se ha actuado de acuerdo a la legalidad" aunque recuerda que lleva "solicitando desde 2006 un protocolo para las fuerzas de seguridad"

- La Benemérita entiende que las devoluciones 'en caliente' también están amparadas "atendiendo a los convenios suscritos con Marruecos"


La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha opinado este jueves que desde su punto de vista que la Guardia Civil usase pelotas de goma para repeler el intento de entrada por el espigón del Tarajal de cientos de inmigrantes el pasado 6 de febreo "no fue prudente", aunque sí legal. En rueda de prensa en el Congreso, donde ha hecho entrega del informe anual de la institución, Becerril ha apuntado que esta ha sido su conclusión tras recibir anoche la documentación sobre la tragedia que había requerido a la Delegación y releer el informe relativo a la actuación de las fuerzas policiales.

Según ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press, "la actuación de las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil se ha hecho utilizando procedimientos, métodos y elementos habituales autorizados", sin embargo, "las circunstancias en las que se utilizaron estos medios, entre otros las bolas de goma o balas de goma, no ha sido prudente".

"Del informe se desprende que se ha actuado de acuerdo a la legalidad y la reflexión que yo hago es que la prudencia hubiera aconsejado la no utilización de estos medios", ha dicho la Defensora, quien se ha resistido a ofrecer una opinión más en profundidad porque el asunto está en manos de un juez en Ceuta.

Por ello, ha declinado pronunciarse sobre la existencia o no de responsabilidades en la decisión de utilizar esos materiales antidisturbios. "Nosotros vemos si se ha actuado conforme a la legalidad o no y yo subrayo la palabra prudencia. Lo ocurrido y sus consecuencias, que son muy dramáticas, serán analizadas y si hubiera responsabilidades, lo dirá un tribunal", ha apostillado.

Con todo, ha recordado que la institución que representa lleva "solicitando desde 2006 un protocolo para las fuerzas y cuerpos de seguridad" que delimite "qué se puede hacer, cómo y en qué circunstancias" ante el intento de entrada irregular de inmigrantes en España.

Asimismo, ha destacado que la Unión Europea "debe conocer la situación de las fronteras" españolas, y que su comisaria de Interior, Cecilia Malmström, debería "visitar en persona" los perímetros de Ceuta y Melilla. "España no puede abordar sola esta cuestión, necesita apoyo de la Unión Europea y no sólo económico", ha apuntado.

 

La expulsión 'en caliente', "ilegal"

Por otra parte, Becerril se ha mostrado partidaria de reformar la Ley de Extranjería para adaptarla a las "circunstancias actuales" de la inmigración, pero no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que se emprenda la reforma para legalizar la expulsión sobre la marcha de los inmigrantes interceptados tras entrar en Ceuta y Melilla de forma irregular. Según ha dicho, hoy por hoy esta práctica no se ajusta a la ley y su institución "pide siempre actuaciones acorde con la legalidad vigente".

En este sentido, el informe registrado en el Congreso recoge que en 2013, la Defensora pidió al Ministerio del Interior que dictase instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil para recordar a sus agentes en la frontera de Melilla "cuando se intercepte a un extranjero cuyo propósito sea entrar irregularmente en España, se proceda al traslado de dicha persona a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería".

Se trata de un tema "de preocupación" para el Defensor del Pueblo desde hace una década, tiempo en el que viene recordando a las administraciones competentes la necesidad de cumplir tanto la legislación de extranjería como la Convención de Ginebra sobre los Refugiados frente a esta práctica que impide "identificar y proteger a aquellas personas especialmente vulnerables".

Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Civil contestó este año a los requerimientos de la Alta Institución que "considera que su actuación es correcta, atendiendo a los convenios suscritos con Marruecos" y el Cuerpo Nacional de Policía aseguró que sus funcionarios cumplen la Ley de Extranjería en las ciudades autónomas "de la misma manera que en cualquier otra zona del territorio nacional".

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