Caballas exige al PP que reconozca que permitió a Urbaser "campar a sus anchas" al menos desde 2001

Caballas exige al PP que reconozca que permitió a Urbaser "campar a sus anchas" al menos desde 2001
El presidente, en una imagen de archivo.

- La coalición no cree estar ante un ilícito penal pero sí ante una grave negligencia: "El Ejecutivo no era el policía que cobraba por dejar cometer un delito, sino el que ni siquiera iba a trabajar", compara Aróstegui, que dice que con Trace se opera igual

- Los localistas piden "responsabilidades políticas" y dar la batalla judicial a Urbaser para recuperar "hasta el último euro" de dinero público que recibió sin merecerlo

- "Nadie puede asegurar que la Ciudad haya pagado el valor real del servicio", señala en sus conclusiones de la Comisión de Investigación


Ríos de tinta y una Comisión de Investigación después, la coalición Caballas sigue creyendo que el Gobierno de Ceuta no fue, durante los últimos diez años, el policía que cobra para dejar cometer un delito. Fue, según el símil utilizado este martes por Aróstegui en rueda de prensa, el agente que ni siquiera está en su puesto para evitarlo. Año tras año, cree la coalición, el Ejecutivo de Vivas pagó y dejó correr dinero público por un agujero que terminaba directamente en los bolsillos de Urbaser sin preocuparse por qué contrapartidas recibía. "Urbaser campó a sus anchas durante 10 años mientras el Gobierno miraba hacia otro lado y no verificaba ni si se compraban máquinas ni si se sustituía al personal ni nada", han resumido.

Según Ali, el primer grupo de la oposición no cree estar ante un "ilícito penal" pero sí ante un comportamiento político "negligente" por el que es preciso que el Gobierno de Vivas "asuma responsabilidades políticas", si ya no es posible en forma de dimisiones al menos "admitiéndolo formalmente". Y, en paralelo, dando la batalla a Urbaser en los Juzgados para recuperar "hasta el último euro" que no debió haber recibido, que para Caballas han sido bastantes más que esos 4,8 que le pide la Administración.

Durante su rueda de prensa, los localistas han lamentado, primero, una cuestión de forma: "El hecho de que las comparecencias sean voluntarias", ha criticado Ali, "impide que se puedan obtener testimonios de interés que podrían explicar las cuestiones fundamentales que no están suficientemente claras en el expediente".

"Es evidente que todo aquel que ha obrado de manera incorrecta miente y la única forma de descubrir las mentiras es contrastando versiones alternativas pero esto no es posible en este modelo de Comisiones de investigación que no cuenta con el necesario respaldo legal", ha advertido Ali, cuyo grupo consideraba "imprescindible" la comparecencia del responsable político de la prórroga del contrato Jesús Simarro, "del Grupo GIL y después del PP, que debería haber explicado los pormenores de tan controvertida decisión política".

También se ha extrañado la comparecencia de la antigua empresa adjudicataria, "que debería haber dado cuenta de su forma de proceder, de sus relaciones con los diferentes responsables del Gobierno y del modo en que rendían, o no, cuentas a la Ciudad". "Ninguna de estas comparecencias se ha producido, por lo una parte esencial de la investigación ha quedado oscurecida", ha subrayado el portavoz.

Lamentos a un lado, la Comisión ha confirmado a Caballas que "la renovación del contrato, que se produjo un año antes de su vencimiento, se llevó a cabo de forma irregular". "El contrato no fue elaborado por la administración que se limitó a aceptar las condiciones impuestas por el adjudicatario y, según testimonio de un compareciente, el expediente 'apareció en la Consejería', que se limitó a tramitarlo, y esta decisión obedeció más a un interés particular que a una verdadera necesidad de la Ciudad", ha detallado Ali.

Ni una factura, ni un papel

Aróstegui ha señalado los agujeros del sumidero por el que cree Caballas que el dinero fluía hacia la cuenta de beneficios de Urbaser sin control: "La renovación del contrato, diseñada a medida de la empresa adjudicataria, presentaba ya en su origen algunos elementos que perjudicaban muy claramente los intereses municipales de entre los que los más sobresalientes son el 15% de Beneficio Industrial y Gastos Generales, que supone que durante todo el contrato la empresa ha manejado 25 millones de euros en conceptos indeterminados, y por tanto de difícil control o justificación, y", ha añadido, "el 15% de coste de financiación del inmovilizado, que implica reconocer un enriquecimiento injusto de la empresa porque el interés aplicable real no supera el 4%".

En el contrato y en la gestión de los distintos responsables de velar por la ejecución del contrato faltó "precisión" en el procedimiento establecido para la revisión de precios y en el modo de revisión, al alza o a la baja, del precio unitario. "Esta omisión", ha denunciado el localista, "deja a la interpretación libre la consideración económica que deben tener los componentes del precio unitario, entre ellos la amortización, en un contrato que tampoco establecía un procedimiento reglado para la fiscalización del cumplimento de las obligaciones contractuales, entre las que cabe destacar la sustitución del inmovilizado amortizado".

"Mientras que el Gobierno disponía de un sistema de control de la prestación de los servicio, carecía por completo de un procedimiento regular y estable para comprobar si la empresa adjudicataria estaba cumpliendo con lo estipulado en el contrato", ha alertado Caballas, que ha subrayado que "no existe ni un solo documento al respecto" para poder saber qué se gastó o no en grandes reparaciones de maquinaria, por ejemplo.

"Todos los comparecientes", ha señalado la coalición, "han aludido de la existencia de unas 'reuniones' entre responsables de la empresa y de la Consejería, de manera muy vaga, y de las que no existe constancia documental, por lo que nadie puede asegurar que la Ciudad haya pagado el valor real del servicio y queda perfectamente acreditada la falta de control que ha permitido a la empresa gestionar con absoluta libertad el servicio, sin sujeción a las condiciones contractuales, lo que ha podido favorecer un enriquecimiento ilícito derivado del incumplimiento".

Tanto Ali como Aróstegui han alertado, además, de que el Gobierno se está comportando con la misma alegría en relación con Trace, a la que dos meses después de la finalización del plazo para renovar toda su maquinaria "aún no se le ha abierto ningún expediente por mucho que prometa Emilio Carreira". "Las cosas están volviendo a salirse del cauce y a entrar en la confusión, que es lo que hace que a la vuelta de diez o veinte años haya que hacer Comisiones de Investigación", han resaltado.

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