El Gobierno que preside Juan Vivas ha salido al paso del contenido de los dos últimos anteproyectos de informes del Tribunal de Cuentas (TCu) sobre su gestión conocidos, relativos a los ejercicios del periodo 2002-2005, con dos argumentos básicos. El primero apunta que “la inmensa mayoría” de las recomendaciones en ellos incluidas han sido adoptadas ya por el Ejecutivo o están en vías de serlo. El segundo, que no tiene ninguna razón para palidecer de vergüenza por su contenido dado que a) esta es “la Administración más fiscalizada de España”; b) “nadie sale indemne de una fiscalización especial cuando le comparan con el canon, con el ideal”; y c) “lo analizado por el órgano fiscalizador ha sido sólo el 20% de los expedientes tramitados y estamos seguros de que la gran parte lo han sido correctamente”.

Son palabras del consejero de Hacienda, Francisco Márquez, que ha sido el encargado de poner voz y cara a la defensa de su gestión que ha hecho el equipo de Vivas, que en un tiempo récord recopiló todas las medidas implementadas para cumplir con las consignas del TCu y elaboró una nueva batería con ocho promesas para ejecutarlas en 2011 en esa misma dirección.

De entre lo ya hecho el Gobierno del PP ha resaltado su esfuerzo por reducir el gasto en altos cargos y otros dispendios, hecho ya constatado por el TCu en 2005 sobre el último ejercicio del periodo 1998-2001, cuando Vivas accedió a la Presidencia de la Ciudad. Igualmente se han puesto en unas solas manos, las de Márquez, todas las competencias para la contratación de Personal, antes dispersas, y el consejero ha tomado cartas en el asunto para ejecutar la liquidación de los cánones de concesiones administrativas de aparcamientos (y otras propiedades municipales) que hasta hace pocos años no se cobraban.

Sobre la gestión del Inventario de la Administración local la formación en el poder desde hace diez años también ha resaltado que se ha logrado “implantar una nueva aplicación informática” para mejorar su “contabilidad, identificación y delimitación” y que se ha aprobado un Reglamento (en 2009).

Idéntico camino se siguió, en 2005, con los desbarajustes identificados a finales del siglo pasado con la concesión de subvenciones. En ese año se aprobó un Reglamento que fue posteriormente modificado, en 2009, al saltar el escándalo del Consejo de la Juventud, que finalmente no ha tenido tampoco ninguna responsabilidad contable para ninguno de sus protagonistas dentro o fuera de la estructura de la Ciudad Autónoma.

“Hemos cumplido año tras año los objetivos de estabilidad presupuestaria y la carga financiera, que mide nuestro nivel de endeudamiento, se ha mantenido muy por debajo de los límites máximos permitidos por el Estatuto de Autonomía”, ha destacado el Ejecutivo local, que también presume de que “el estado financiero de las sociedades mercantiles ha evolucionado de forma positiva sin que exista ninguna en situación de disolución o que haya presentado pérdidas en su balance en sus últimas cuentas anuales”.

En algunos casos la Ciudad ha tenido que hacer, para lograrlo, a juzgar por lo reflejado en sus informes por el Tribunal, algún artificio contable como el de endosar a Emvicesa un crédito millonario “como instrumento para situar este pasivo financiero al margen de las cuentas de la Administración Autonómica”.

Contratación

A pesar de que hace menos de tres meses que uno de sus consejeros fue cesado tras advertirse en su gestión irregularidades similares a las ahora puestas de relieve en 2002-2004 en forma de recurso sistemático a los controles menores el Gobierno dice que “hemos endurecido los requisitos de carácter interno para este tipo de contrataciones”. No ha sido hasta el Presupuesto que acaba de entrar en vigor cuando ha rebajado a 3.000 euros el recho de gasto para eludir controles internos, límite que fue elevado a 6.000 al principio de esta misma legislatura.

En relación con las retribuciones del personal el Gobierno afirma que “se realizan de forma correcta” a pesar de que también durante la presente legislatura estalló el denominado ‘caso Nóminas’ por los presuntos pagos discrecionales de complementos que se realizan a algunos funcionarios, vicio que también constata en sus informes sobre 2002-2005 el órgano fiscalizador.

Enumerados sus méritos, el Gobierno también ha “informado” a la ciudadanía de lo que debe hacer con lo que escuche sobre este tema: Ni caso. “Lo van a usar electoralmente porque estamos a cuatro meses y medio de las elecciones y van a instrumentalizar al Tribunal de Cuentas; habrá párrafos descontextualizados para colocar en portadas y se olvidarán que las conclusiones son de hace 8 años y de lo que se ha mejorado. Cualquier cosa les va a valer”, ha augurado Márquez.

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 Consulte, íntegros, los anteproyectos de los dos informes del Tribunal de Cuentas:

- Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus Organismos Autónomos y de las sociedades por ella participadas, ejercicios 2002 a 2004

- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2005