El informe con 22 pasos ya dados y otros 8 que se acometerán el año que viene aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno para demostrar que ha atendido y piensa seguir haciéndolo las recomendaciones incluidas por el Tribunal de Cuentas (TCu) en sus últimos dictámenes de fiscalización sobre la Administración ceutí no atiende a todos los reproches que el órgano fiscalizador recoge en sus textos.

Una de las actitudes del Ejecutivo ceutí que también merece la reprimenda del TCu en su anteproyecto de Informe de Fiscalización de la Ciudad sobre los ejercicios de 2002 a 2004 es la disposición del Gobierno presidido por Juan Vivas a abrir la cartera pública para resolver las tensiones que en las relaciones laborales se producen, a veces, en las empresas que ejercen de contratas externas, proceder que se ha repetido durante los últimos años en Urbaser y la concesionaria de la desaladora.

A esta última empresa se refiere el reproche concreto del TCu. Según su relato de los hechos, en 2002 la Administración local rubricó un contrato de concesión de la explotación de la planta y construcción y explotación de las obras hidráulicas que fijaba en 0,5160 euros el coste por metro cúbico de agua producida en la desaladora y suministrada a la red por la gestión del servicio público. 

Diecisiete meses más tarde, en noviembre de 2003, se tramitó y formalizó una modificación del mismo que tuvo como objeto “un incremento en los gastos del personal adscrito a la planta desaladora y un mayor volumen de obras necesarias para un mejor suministro de agua a la población manteniendo el equilibrio financiero”. En virtud del mismo el precio unitario de explotación del servicio pasó de 0,5160 a 0,5931 euros por metro cúbico, un 15% más.

"La modificación del precio unitario correspondiente a la explotación del servicio tuvo como objeto la asunción del coste de los incrementos retributivos derivados de un convenio colectivo suscrito entre la UTE concesionaria y sus trabajadores con posterioridad a la formalización del contrato, convenio que fue celebrado a instancias y previa autorización del Consejo de Gobierno de la Ciudad en Sesión celebrada el 16 de diciembre de 2002, para hacer frente a la necesidad de 'normalizar y regularizar las relaciones laborales del personal empleado en la Planta Desaladora', sin que en el expediente aportado se especifiquen las circunstancias concretas motivadoras de la invocada necesidad", concluye el TCu.

Actitud "incongruente" con la legislación

A juicio del órgano fiscalizador "la directa intervención de la Administración contratante en la regulación jurídico-laboral de las relaciones entre la UTE adjudicataria y sus empleados es ajena a las facultades que la legislación de contratos públicos reconoce a la Administración en la ejecución de los contratos en los que es parte, además de resultar incoherente con la gestión indirecta del Servicio mediante una contrata externa".

"Por otra parte", razona, "la asunción por la Administración del coste derivado del convenio colectivo es incongruente con el principio de ejecución del contrato a riesgo y ventura del contratista, recogido en el artículo 98 del Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

A juzgar por los antecedentes más recientes el Gobierno local no ha modificado sustancialmente este comportamiento. En 2008, sin ir más lejos, la propia portavoz del Ejecutivo, Yolanda Bel, reconoció a los medios que la Ciudad había mediado en el conflicto surgido entre Urbaser y su plantilla prometiendo a la empresa hacerse cargo de parte de los costes que supusiera la subida salarial que reclamaban los trabajadores para evitar una huelga.

Consulte, íntegro, el documento aprobado por el Consejo de Gobierno.

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Consulte, íntegros, los anteproyectos de los dos informes del Tribunal de Cuentas:

- Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus Organismos Autónomos y de las sociedades por ella participadas, ejercicios 2002 a 2004

- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2005