El Gobierno local denuncia por "falsas acusaciones" a miembros de CCOO
04 febrero 2009 22:39 h.
La Ciudad Autónoma, a través de su Asesoría Jurídica, ha presentado esta mañana en el Decanato de los Juzgados de Ceuta una denuncia contra el secretario general de Comisiones Obreras, Juan Luis Aróstegui Ruiz, y el secretario de Organización de esta central sindical, Ramón del Valle-Inclán Moreda, al considerar que pueden haber cometido los delitos de denuncia falsa y/o calumnias con publicidad y/o injurias con publicidad, por las actuaciones realizadas tras presentar –el pasado día 20 de enero– ante la Fiscalía de Menores una denuncia por un supuesto caso de torturas sistemáticas en el centro de reforma de Punta Blanca.
En la argumentación se señala que pese a la gravedad de las acusaciones dirigidas contra los trabajadores de Punta Blanca, se hace sin “el más mínimo elemento de prueba”, tal y como reconoce explícitamente el propio Aróstegui en una entrevista con un medio de comunicación, donde llega a decir que su acusación se basa en “testimonios veraces de personas” sin que especifique, pese a ser preguntado por ello, su identidad y, por tanto, sin que se pueda determinar la veracidad de lo denunciado y manifestado por el sindicato. Esta falta de elementos de prueba se vuelve a poner de manifiesto en la nota de prensa enviada por Comisiones Obreras en la que se habla de la existencia de un “protocolo de actuación” y de “maltrato institucional”, unas acusaciones que adolecen “de la más mínima verosimilitud”, según consta en la denuncia de la Ciudad.
Según el gabinete de prensa de la Ciudad la actuación del sindicato deja abiertos varios interrogantes que se relatan en el escrito de la Asesoría Jurídica cómo por qué no trató de contrastar esa información que supuestamente había recibido, aunque fuera con los representantes sindicales en la Ciudad o en el propio centro de reforma. Todo esto hace pensar que al secretario general de Comisiones Obreras “no le convenía que la realidad le privase de protagonizar una notoria denuncia”, se señala en el escrito de denuncia de la Ciudad. Es decir, que el sindicato careciendo de pruebas no sólo no se conforma con denunciar el supuesto maltrato de los menores internados en el centro de reforma, sino que, “dando unilateralmente por probado los hechos denunciados”, elevan el tono hasta el punto de hablar de un protocolo institucionalizado de torturas para finalmente comparar el caso con Guantánamo y Abu Ghraib.
La actuación responde, a juicio de la Ciudad, al objetivo “extrajurídico” de comparar la política de menores del Gobierno con los “deleznables” comportamientos de torturas sistemáticas en zonas de guerra, es decir, se trata de lograr, sin más, un “desgaste político”. En este sentido en el escrito de denuncia se resalta también que “el empleo de las siglas CC OO es un manto protector de las actuaciones que ‘ad personam’ deciden los denunciados”, ya que la denuncia a la Fiscalía de Menores no se basa en un acuerdo del sindicato ni a nivel nacional ni local.
Estos hechos a juicio de la Ciudad pueden ser constitutivos de los delitos previstos en el Código Penal de denuncia falsa (artículo 456, al realizar el sindicato una denuncia ante un funcionario público sin tener pruebas o indicios y posteriormente difundirlo “con temerario desprecio a la verdad, o más bien sin importar su verosimilitud, sin la más mínima comprobación”) y calumnias e injurias (artículos 205 y 208, al hacerse “con total desprecio a la verdad”). En estos dos últimos casos sería con publicidad, al haberse difundido la noticia, creando, además, una injustificada alarma social entre los menores internados, sus familiares y de la propia plantilla del centro, que “de la noche a la mañana se ve sometida al escrutinio desconfiado de cualquier persona de buena fe a la que se le traslada una acusación tan deleznable como la difundida por los denunciados”.
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