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Los centros sanitarios de Madrid se han concentrado a las 12 horas para celebrar la paralización definitiva de plan privatizador y la dimisión de Lasquetty
Abrazos y lágrimas, aunque esta vez de alegría. La marea blanca ha ganado la batalla a la privatización de la sanidad. Todos los centros sanitarios de Madrid se han concentrado a las 12 horas, especialmente el personal de los 6 hospitales y los centros de salud afectados. Celebraban lo que es ya la paralización definitiva de plan privatizador del Gobierno madrileño
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- La coalición pide "que la Ciudad saque a concurso-subasta la explotación de las instalaciones, que son de titularidad pública, y se adjudique a la oferta más ventajos"
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- Caballas-Equo critica que la reforma aprobada por el Consejo de Ministros supone "un nuevo golpe para los consumidores, que verán de nuevo incrementar su factura"
El presidente del Banco Santander, Emilio Botíbn ha asegurado hoy que "no hay ningún impedimento legal" para que el consejero delegado del grupo, Alfredo Sáenz, siga desempeñando sus funciones.
"Tenemos informes terminantes de que no hay elemento legal para que siga ejerciendo sus funciones", ha dicho Botín en respuesta a uno de los primeros accionistas del banco al que ha querido responder inmediatamente y no al final del turno de preguntas como suele ser habitual.
Además, el presidente del Santander ha destacado que Sáenz "ha desarrollado una magnífica labor y que el consejo del banco ha ratificado su plena confianza" en él.
A principios de marzo, el Banco de España inició el proceso para decidir si Sáenz puede continuar en su puesto como consejero delegado del banco teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo consideró que el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incurrió en una "clara extralimitación" de la Ley del Indulto. Y ello tras anular los efectos administrativos de la medida de gracia que concedió a Sáenz, que le permitió seguir ejerciendo su actividad bancaria.
En marzo de 2011, el Tribunal Supremo condenó al consejero delegado del Banco Santander a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer funciones en banca por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993.
Ahora, tras la decisión del Supremo, el Banco de España debe ser quien decida si Sáenz cumple con los criterios de "honorabilidad" y puede seguir ejerciendo su cargo.
Tras conocerse la decisión del Supremo, la defensa de Sáenz ya anunció que recurriría la sentencia y presentaría un recurso de amparo "por infracción del derecho de igualdad y del derecho a tutela judicial efectiva".
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