PROCESO JUDICIAL

El futuro de los inquilinos de las 170 VPO, pendiente del alcance de la presunta prevaricación administrativa

El futuro de los inquilinos de las 170 VPO, pendiente del alcance de la presunta prevaricación administrativa
Imagen de recurso.
Imagen de recurso.  

El futuro de los inquilinos de las 170 viviendas de promoción pública de Loma Colmenar ubicadas junto al Hospital en sus casas estará ligado al alcance en el que se delimite la presunta prevaricación administrativa que se imputa a varios miembros de la Comisión Local de la Vivienda durante la pasada legislatura. Si la irregularidad se probase máxima en una sentencia que presumiblemente no se conocerá antes de años, el proceso de adjudicación podría declararse nulo íntegramente y, por lo tanto, reiniciarse desde cero.

Según las fuentes consultadas por Ceutaldia.com, esa la hipótesis más grave para los adjudicatarios. En cualquier caso se da por hecho que aquellos que se demuestre que pagaron por las casas o aparecieron en los listados sin ningún sostén que avalase tal condición perderán sus viviendas con la consiguiente rescisión de los contratos.

Según el sumario del ‘caso Emvicesa’, en las 170 VPO hay media docena de adjudicatarios que no figuraban en su momento como demandantes de viviendas cuando consiguieron hacerse con una de esas casas. A otros cinco arrendatarios se les ha colocado el cartel de investigados por un presunto tráfico de influencias. Entre los beneficiarios de la promoción se contaron vecinos desalojados por la remodelación de los viales de acceso al Príncipe, del Puente Quemadero, INVERCAP, González Besada... También hubo cupos para discapacitados, jóvenes menores de 35 años...

A juicio de la Policía, el procedimiento de adjudicación de las 170 VPO es “irregular en prácticamente su totalidad, lo que ha llevado a la entrega ilegal e ilícita de viviendas de una forma arbitraria con el consiguiente perjuicio al resto de demandantes”.

Desde el punto de vista de los investigadores, la “carencia de publicidad y de garantías del procedimiento” eran aprovechados por los investigados “para la comisión de los delitos esclarecidos, ya que la posibilidad de no hacerlo público el proceso les garantizan esa ocultación de datos a la ciudadanía”.

Además, han remarcado, y así consta en el sumario, que “en relación a la supuesta adjudicación por actuaciones singulares, en base a las manifestaciones de algún miembro de la Comisión que dice que las viviendas se entregaron por actuaciones singulares, se significa que no se realiza ningún trámite, propuesta o acuerdo por parte de la Comisión”. Así, sin Decreto ni soporte normativo, “este procedimiento se advertiría ilegal en forma”.