La declaración de Antonio López se ha extendido a lo largo de la mañana hasta pasadas las dos y media de la tarde y continuará esta misma tarde, desde las cinco, cuando está previsto que José María Calero retome el interrogatorio de su cliente, antes de que procedan a hacerlo tanto la Fiscalía como el resto de letrados (a los que el principal encausado ya ha anunciado que responderá).

Tras la revisión del patrimonio de López y cómo lo ha obtenido, su abogado se ha centrado en tratar de probar dos cuestiones que ya ha manifestado en diversos momentos del juicio, que vive la su tercera semana, y que pasan por, en primer lugar, la indefensión del que fuera gerente de Emvicesa durante el proceso de instrucción y, en segundo, que se siguió el procedimiento establecido para la adjudicación tanto en los que se refiere a las 170 como a las 317 viviendas de Loma Colmenar.

Así, en el primero de los casos, Antonio López ha repasado con su abogado como fue detenido el 14 de febrero de 2017. “Salía de cada de mi pareja, en una de las avenidas más importantes de Marbella”, ha explicado, cuando “se me cruza un coche por delante y otro por detrás, salen cinco o seis policías armados, y me dicen está usted detenido, bájese del coche”. En aquel momento, ha recordado, fue trasladado a la Comisaría donde un comentario del inspector del caso (“Nani”) le hace comenzar a preocuparse: “me dice, venga Antonio, que sabemos que tienes información de la financiación ilegal del PP de Ceuta, de Juan Vivas (y de otro político más y un empresario de la construcción de los que no voy a revelar el nombre), dime lo que tienes que sé que esta noche tienes una cena con tu pareja”.

“Se me encendió la luz roja”, ha asegurado el principal encausado por el caso Emvicesa, quien ha explicado que desde ahí fueron a su casa a realizar el registro que “fue bastante distendido”. Fue en ese marco en el que, ante la ya sabida copia de la Fuensanta, y ante el valor que se le presuponía, él mismo facilita copia de la factura. Un acto, que siempre la versión de López, lleva al agente a ponerse en contacto con la jueza de instrucción y decirle “la hemos cagado, aquí no hay nada”. Apenas unos segundos después, ha asegurado, le sacó a la terraza y le aseguró que “al menos uno de los delitos” que se le imputaban le iba a caer.

Ante estos sucesos durante la detención y posterior registro, el principal acusado del caso Emvicesa ha puesto sobre la mesa su “indefensión total” durante los 13 meses que permaneció en prisión, así como la negativa a aceptar ninguna de las diligencias que presentaba su defensa. López no ha dudado, además, a la hora de sacar a relucir la relación entre la juez de instrucción y el inspector del caso, negando, eso sí, que la filtración de la foto de ambos juntos (publicada en un medio local) hubiera salido de su entorno.

Su trabajo en Emvicesa

Tras el repaso a los momentos de la detención y la estancia en prisión, José María Calero ha continuado su interrogatorio centrándose en el trabajo que su defendido realizaba en Emvicesa. López ha recordado como fue el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, el que el ofreció ir en las listas del PP en el mes de marzo de 2007, formando parte de las mismas apenas dos meses después. Desde entonces, tras la mayoría absoluta del PP, López pasó a ser gerente de la empresa pública de vivienda en sustitución de Francisco Márquez, quien se convirtió entonces en presidente del Consejo de Administración de la misma. Fue Márquez, ha explicado, quien en el poco tiempo que tenía fue enseñándole como funcionaba la empresa. El tiempo (estuvo dos legislaturas al frente de EMVICESA) le dio la experiencia. Su función, ha explicado, pasaba por organizar el trabajo, impulsar expedientes, muchos heredados, y hacer que la empresa funcionara. Igualmente, ha asegurado, su puerta estaba siempre abierta para quien acudía a él.

Durante sus 8 años de gerente de Emvicesa, ha explicado, se adjudicaron 6 promociones con cerca de 600 viviendas en las que, ha asegurado, “jamás ha habido reclamación, contencioso o queja por escrito”. López, además, ha asegurado que “todo lo que he hecho y se ha firmado siempre ha sido con el visto bueno del gabinete jurídico”.

El Registro de Demandantes de Vivienda

Fue también durante estas legislaturas, concretamente en 2011, cuando se creó el Registro de Demandantes de Viviendas, de cumplimiento obligado de acuerdo con el Plan de Vivienda de 2009, del que Ceuta obtuvo una inversión de 27 millones de euros. Y es este Registro de Demandantes en el que la defensa de López ha echado toda la carne en el asador. Así, el acusado ha explicado que el ingreso en el mismo implicaba un acto administrativo, con el formulario relleno, la documentación preceptiva y el cumplimiento de requisitos como claves para que el registro fuera efectivo. Un registro que, ha explicado, otorga un número al demandante y va firmado por el consejero del área de vivienda. En el registro todo el mundo debe contar con la documentación correcta y, según Antonio y su defensa, es la base de los listados de adjudicatarios puesto que permite hacer una primera criba de acuerdo con las características especificadas en cada promoción. En este sentido, López ha asegurado no era imposible “meter de tapadillo a alguien” y ha negado que él contara con ninguna “lista manuscrita”. De hecho, ha asegurado, “yo nunca he elaborado ningún listado”.

Respecto a si recibía “llamadas para ayudar” a gente. López ha reconocido que “recibía y asesoraba a muchísima gente”. Gente que le llegaba “primero desde Presidencia, todos los días, a diario. Todo el día tenía que atender a gente con dramas muy importantes, situaciones de necesidad absoluta”, ha asegurado antes de añadir que él, simplemente, se limitaba a asesorarles o derivarles a los servicios que pudieran atenderles en casos de imperiosa necesidad.

Las 170, las 317 y los compromisos

Una parte fundamental de la declaración de Antonio López esta mañana se ha basado en demostrar que los procedimientos de adjudicación de las 170 y las 317 viviendas fueron muy similares. “En las 317 seguimos actuando y trabajando, cupos de comisión técnica de evaluación, ordenanza de 2006 y misma manera de la que se ha trabajado siempre”. Para las primeras, según la versión de López, había más de 250 personas que procedían de realojos, demoliciones y actuaciones urbanísticas, por lo que “veníamos arrastrando muchísimas familias con necesidad de vivienda”. Las 170, sin embargo, no se ajustaban a las necesidades de las familias, puesto que la mayor parte de las mismas eran estudios, de ahí que, tras abordar la cuestión con Márquez el mismo le hablara de la posibilidad de establecer lo que se han dado en llamar “compromisos”. Una figura, ha afirmado, que recogía la ordenanza y que el propio Márquez había empleado con anterioridad. López ha asegurado que estos compromisos se otorgaban a demandantes de vivienda después de comprobar que cumplían los requisitos y que no eran una moneda de cambio, responsabilizándose solo de los firmados por él y asegurando que hay muchos sin firma o, directamente, falsificados.

Las firmas de Román y las firmas de López

Otro de los puntos clave en la declaración ha sido el relativo a por qué algunos de los contratos preparados para la firma de las 317 viviendas estaban firmados por Susana Román y otros por el propio Antonio López. Así ha asegurado que se debió a un error, puesto que se usó el mismo modelo que para los de las 170 viviendas, en los que la máxima responsable era la entonces consejera. El nombramiento de López como viceconsejero y sus facultades establecían que fuera él quien tuviera que firmar los contratos de la promoción de la discordia y no la entonces consejera.

López ha aclarado, además, que los trabajadores de Emvicesa solo acudieron 2 o 3 tardes a trabajar para sacar adelante el trabajo que no daba tiempo por la mañana, algo que se había venido haciendo también en las fechas cercanas a adjudicaciones previas. Así, ha insistido el principal acusado, “llevábamos dos años trabajando en eso y en las últimas semanas se apretó el trabajo”. Porque aunque el Gobierno se encontraba en funciones, ha insistido, su trabajo pasaba por dejar finalizado el proceso de cara a que quien asumiera el cargo pudiera realizar la adjudicación de viviendas. “No se podían entregar porque estábamos en funciones, pero sí terminar el trabajo administrativo que llevaba desarrollándose dos años”, ha afirmado.

La filtración de la “lista fantasma”

Finalmente, a última hora de la mañana y a preguntas de su abogado, López ha reiterado que “yo no mandé ningún listado de nombres a ningún medio”, señalando que, a la vista de los hechos, él ha sido el principal perjudicado. 

El ex gerente de Emvicesa ha señalado que “yo me levanté con el listado como todo el mundo”. Así, ha continuado, “tenía 7 millones de llamadas, intenté ver lo que había pasado, ponerme en contacto con Susana Román...”, “le escribo mensajes, llamé a todo el mundo y nadie me cogió el teléfono”, ha explicado, “hubiera sido tan fácil de arreglar como hacer una rueda de prensa o una nota diciendo que no era el listado definitivo”. “Ya dirá Susana si sufrió presiones o no para proceder a la denuncia”, ha culminado esta parte de su intervención.

Y es que Antonio López se ha mostrado dolido por pasar a ser “defenestrado”. “Todos los que en 8 años fueron compañeros míos dejaron de saludarme por la calle, nunca me han dejado dar mi versión, la estoy dando por primera vez aquí en esta sala”.