COMPROMISOS

Las pesquisas del 'caso Emvicesa' indagan también en la adjudicación de las 170 VPO de Loma Colmenar


Las pesquisas del 'caso Emvicesa' indagan también en la adjudicación de las 170 VPO de Loma Colmenar

 

- La instrucción, bajo secreto de sumario desde hace más de un año, intenta comprobar si los inquilinos de la promoción se corresponden con los realojos y cupos singulares señalados en Comisión

- Parte de los incluidos en la 'lista fantasma' esgrimían "compromisos" de López tras haber renunciado a casas en los bloques ubicados en la parte superior del Hospital

La causa de la 'lista fantasma' de presuntos adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar filtrada "presuntamente" por el ex responsable de Emvicesa, Antonio López, en el proceso de salida de su cargo público sigue sumando folios y derivadas. Quince meses después de decretarse el secreto de sumario (mientras siga así no corren los plazos límite de instrucción), funcionarios de la Policía comisionados por la juez que dirige las investigaciones han vuelto a visitar esta semana las oficinas de Emvicesa, esta vez para recabar más documentación sobre la promoción de 170 VPO construida junto al Hospital Universitario y ocupada hace poco más de cuatro años.

Según las fuentes consultadas, el objetivo ahora es conocer al detalle la distribución de parte de esas viviendas entre distintos cupos de realojos (sobre todo) y constatar que sus adjudicatarios reales se corresponden con los nombres que salieron de la Comisión Local de la Vivienda cuando López todavía llevaba el timón del área. El reparto de esas casas de dirigió en su inmensa mayoría a un amplio grupo de realojos procedentes de Tejar de Ingenieros, Hotel Lisboa, Miramar, el Príncipe o el Puente Quemadero, así como a colectivos singulares (personas con discapacidad, convenios de permuta, menores de 35 años y víctimas de violencia de género) y al cupo general (el resto de las sobrantes).

Parte de los incluidos en la ‘lista fantasma’ que terminó en el Juzgado por denuncia del Gobierno de Ceuta son personas que “habían sido adjudicatarias de una vivienda en la anterior promoción de las 170 viviendas de Loma Colmenar que por problemas de espacio (eran más familia que habitaciones tenía la casa) renunciaron a ellas mediante escrito, asumiendo el Subdirector General de la Vivienda el compromiso [de poco y cuestionable o ningún valor legal] de instar a la Comisión Local de la Vivienda la adjudicación en la promoción de 317”. También había adjudicatarios “por el procedimiento legalmente establecido de los cupos”, refirió la juez en un auto en septiembre de 2015.

En aquella resolución, la instructora se negó a paralizar el proceso de adjudicación de las 317 VPO, la juez ya se refirió a la promoción anexa al Hospital Universitario en comparación con el proceso de reparto de la última. “Es cuanto menos sorprendente que no se firmasen los contratos [de las 170 VPO] hasta el 7 de noviembre de 2012, siete meses después de la reunión de la Comisión, por lo que surge la duda de cómo es posible que realizar la lista discutida y firmar 317 contratos se haga en un plazo de dos meses”, refirió en relación con la celeridad de López en las gestiones tras las últimas elecciones, muy superior a la de cuatro años atrás, cuando sí había dado “sobrada cuenta en un informe de gestión sobre la entrega y la preparación de los contratos tipo de arrendamiento”.

Un número indeterminado de las personas que testificado en el marco de la investigación judicial ha reconocido haber pagado dinero para convertirse en adjudicatarios de viviendas de promoción pública. Las dos primeras pasaron a la condición de investigados por un presunto delito de cohecho el verano pasado tras haber confesado que abonaron un total de 20.000 euros para hacerse con cuatro VPO en la promoción más reciente de Loma Colmenar, con una en un caso y con tres en otro a razón de 5.000 euros por casa.

La Policía Nacional ha abierto como mínimo dos investigaciones en torno a la adjudicación de viviendas de promoción pública, una tras la publicación del listado 'fantasma'. De más atrás venía otra que incluyó la detención y puesta a disposición judicial de al menos una persona por su presunta relación con las exigencias de cantidades de dinero que oscilaban entre los 8.000 y los 10.000 euros para la supuesta adjudicación de VPO. Además la Policía tenía identificadas a seis personas más relacionadas con esta presunta trama pero estas diligencias fueron archivadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad a finales de 2015.