Poco antes de las seis de la tarde de este miércoles se ha iniciado una de las declaraciones más esperadas en el marco del Caso Emvicesa, la de Susana Román, la que fuera consejera de Fomento, y posteriormente de Hacienda, y la encargada, precisamente, de denunciar ante el juzgado el caso que hoy la sienta en el banquillo.
Román ha optado en su declaración por contestar a su letrado y al Ministerio Fiscal y lo ha hecho durante cerca de tres horas en las que ha tratado de dejar clara su postura: la de que la instrucción parte de un error de base y es el de considerar como válida la ordenanza de 1998 que reconoce a la Comisión Local de la Vivienda como la encargada de las adjudicaciones cuando la misma, tal y como explicó este martes también la funcionaria Josefina Álvarez, había quedado derogada por la ordenanza de 2006. Y ahí está el quiz de la cuestión para Román, en el hecho de que la normativa de 2006 habla de la potestad de selección, es decir, de determinar si las viviendas se destinarán a jóvenes, mayores, discapacitados o cualquier otro tipo de colectivo, pero no la de adjudicación, una competencia que está en manos de EMVICESA y que, ha insistido, así queda recogido en sus estatutos.
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A partir de ahí, y entrando en el relato de los hechos, la ex consejera del Gobierno de la Ciudad, ha explicado que, además, en las promociones de las 170 y 317 viviendas de Loma Colmenar se dio una situación excepcional y es que han sido las únicas, hasta el momento, financiadas de forma exclusiva por el estado, sin participación de la ciudad (tampoco en la compra de suelo), por lo que fue una Comisión Técnica con el Estado la que determinó el procedimiento de adjudicación, con el Registro de demandantes de vivienda y los cupos determinados como base. De hecho, ha explicado Román, ni siquiera fue ella la que inició el procedimiento, sino su antecesor en el cargo, Guillermo Martínez, que es quien encarga a EMVICESA que redacte la lista de los 170 adjudicatarios “a través de esos cupos y de las personas del registro de demandantes”.
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La ordenanza de 2006, además, considera Román, puede actuar de manera supletoria a la Comisión Técnica, con lo que no se habría omitido tampoco la normativa en ese caso, ya que en el artículo 15.2 no obliga al proceso de convocatoria pública, sino que determina que “se podrá prescindir de la convocatoria pública y traer a todos los registrados en el Registro de Demandantes de Vivienda”, algo a lo que, bajo su punto de vista, obligaba el mandato de la Comisión Técnica con el Estado. Así, bajo esta circunstancia, ha insistido, la lista provisional “son todos los demandantes de vivienda”.
No han quedado fuera de la declaración de la exconsejera los famosos compromisos. Los primeros, en las 170 viviendas, ha explicado, provenientes del tapón generado por todas las actuaciones singulares llevadas a cabo en años previos, que ha reconocido el arquitecto municipal esta mañana, y que era obligatorio realojar. El listado era tal que no fue suficiente con las 225 viviendas situadas junto al Hospital, dedicadas integramente a actuaciones singulares, y fue arrastrado en parte a las 170. El segundo elemento para el caos fue el de que nadie estudió previamente que tipo de viviendas era necesario construir en Ceuta y al adjudicar las 170 muchos adjudicatarios renunciaron a las mismas por ser inviable desarrollar la vida familiar en un estudio. Fue a estos a quienes se otorgó un futurible, ha reconocido, que en cualquier caso estaría ligado a las circunstancias en el momento de la nueva adjudicación.
A todos estos argumentos ha intentado encontrar brecha la Fiscalía, aludiendo a las primeras declaraciones de la exconsejera que, sin embargo, se ha mantenido en su argumento, señalando que en el momento de la instrucción no tenía el conocimiento que tiene en la actualidad de un procedimiento que ha tenido que ir reconstruyendo con su defensa durante los últimos 8 años y que ahora tiene claro.
Respecto a los motivos por los que firmó los contratos de las 170 viviendas, eje central de la declaración de Román, la misma ha señalado que lo hizo porque se los pasó la jurídico y porque nadie le advirtió de que hubiera ningún problema. Unos contratos que le llevaba la propia María José Cariñanos a su despacho y que fue firmando según le llegaban porque “no tenía ninguna razón para dudar”.
No ha perdido tampoco la oportunidad Susana Román de referirse a la juez de instrucción, Raquel Lucini, de quien ha asegurado que “esta señora no preguntaba, atosigaba”, me subieron a declarar “delante de una persona que me comía para que dijera lo que ella quería que dijera”, una actitud que ya han remarcado otros acusados. La exconsejera, profesional del derecho, ha subrayado, además, que “he alucinado con algunas de las cosas que están transcritas” y ha puesto sobre la mesa que “el señor secretario no era la persona que transcribía las actas. No sé quien las transcribía”.
