La fiscalía de Múnich anunció hoy la acusación formal contra el presunto criminal de guerra de origen ucranio John Demjanjuk como colaborador en 27.900 casos de asesinato durante el nacionalsocialismo.
La fiscalía muniquesa acusa al anciano de 89 de años de haber conducido en 1943 a miles de judíos a las cámaras de gas en el campo de exterminio nazi de Sobibor, en la Polonia ocupada.
Demjanjuk, que insiste en su inocencia, se encuentra en prisión preventiva en la capital bávara desde su extradición a Alemania por Estados Unidos el pasado mes de mayo.
La principal prueba contra Demjanjuk es su antiguo documento de identificación como personal al servicio de las SS con el número 1393, cuya autenticidad fue certificada por peritos policiales muniqueses y que fue determinante para que EEUU accediera a su extradición.
Además, los fiscales disponen de una lista de traslados de marzo de 1943, en la que se anuncia el envío de John Demjanjuk al campo de concentración de Sobibor para que trabajase en el mismo como guardián.
La fiscalía muniquesa señaló que no se ha determinado aun la fecha del comienzo del proceso contra Denjanjuk, decisión que queda en manos de los jueces de la Audiencia de Múnich.
Tras la entrega del pliego de acusación, Demjanjuk y su defensa tienen un plazo para hacer posibles alegaciones, tras el cual el tribunal decide la fecha para el comienzo del proceso.
El abogado alemán del presunto criminal nazi, Günther Maull, comentó hoy que no espera que el juicio pueda comenzar antes de finales de setiembre.
La pasada semana el Tribunal Constitucional alemán (TC) había rechazado un recurso presentado por Demjanjuk en contra de su extradición a Alemania por parte de Estados Unidos.
El TC indicó que el recurso no era admisible puesto que Demjanjuk no había precisado en el mismo cuáles de sus derechos fundamentales habían sido lesionados.
Los abogados del presunto criminal de guerra nazi habían tratado de evitar el proceso alegando que su defendido no estaba en condiciones de ser sometido a juicio por razones de enfermedad pero los informes médicos determinaron que Demjanuk si puede ser juzgado.
La única limitación impuesta por los médicos forenses es que las jornadas del proceso deberán limitarse a dos sesiones, mañana y tarde, y que cada una no podrá superar los noventa minutos.
Demjanjuk, según la versión de la fiscalía, llegó a Sobibor en 1942 como prisionero de guerra del Ejército Rojo, aunque se mostró dispuesto a colaborar con los nazis para mejorar las condiciones de su internamiento y ayudó en el exterminio de otros prisioneros.
El acusado, en cambio, ha sostenido siempre que fue reclutado por el Ejército soviético en 1941, que los alemanes le capturaron un año después y que le tuvieron prisionero hasta 1944.
Tras la II Guerra Mundial fue reconocido como "Displaced Person" -"DS", siglas para ex confinados y esclavos del nazismo- y pidió que se le autorizase emigrar a Argentina, primero, y a EEUU, después.
Hasta que emigró a EEUU en 1952, pasó por unos diez campos de refugiados y alegó, sobre su estancia en Sobibor, haber trabajado como chófer por 40 zlotis polacos al mes.
Demjanjuk vivió tranquilamente como emigrado en EEUU hasta que a finales de los 70 se reveló su implicación en el Holocausto. En 1981 se le retiró la nacionalidad estadounidense y en 1986 fue extraditado a Israel, como presunto "Iván el Terrible" de Treblinka.
Fue condenado a muerte en 1988 por complicidad en el asesinato de 800.000 judíos tras ser reconocido por supervivientes como el verdugo de ese campo de exterminio, asimismo en la Polonia ocupada.
Pero el Tribunal Supremo israelí anuló la condena en 1993 al presentar sus abogados documentos procedentes de la Unión Soviética, según los cuales no quedaba suficientemente probada que su identidad correspondiera a la de "Iván el Terrible".
Demjanjuk regresó a EEUU y vivió estos años como apátrida con su familia, sacudido por nuevas amenazas de proceso -las últimas, procedentes de Ucrania, sin éxito- y nuevos dramáticos recursos alegando que una extradición a su edad equivalía a una tortura.
Por una vez, y sin que sirva de precedente, PP y PSPC coinciden en algo. Y es que tanto el presidente de los populares, Pedro Gordillo, como el secretario general de los localistas, Iván Chaves, han acusado en los micrófonos de RNE al PSOE de inventar excusas para no sentarse a negociar la reforma del Estatuto de Autonomía. A ninguno de los dos les parece lógica la respuesta socialista de aplazar las negociaciones vinculando el nuevo modelo de financiación con el Estatuto, y ambos mantienen que se trata de un simple pretexto tan absurdo como que "está lloviendo", como explica Gordillo, o que "echan por la tele un partido de la Copa del Rey", ironiza Chaves.
Los integrantes de la asesoría jurídica de Comisiones Obreras de Ceuta han acusado de "mentiroso" al vicepresidente de la Ciudad, Pedro Gordilo, que anunció que los abogados del sindicato habían puesto en cuestión la viabilidad de la denuncia presentada por la presunta contratación irregular del gerente de Amvicesa, y cuyo fallo judicial ha sido favorable para el Gobierno en primera instancia. El servicio jurídico de CCOO confirma como ya anunció Ceuta al Día que recurrirá la sentencia, y cree que las palabras de Gordillo lo único que intentan es "protegerle de la posible sanción que repercutiría sobre él y la Ciudad si el recurso, como es previsible ateniéndose a la jurisprudencia consultada, prospera".
Bajo el sorprende grito de 'Esto es España', menos de una veintena de personas se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno para protestar por lo que aseguran es una reducción de efectivos militares en Ceuta. El grupo, compuesto en su mayoría por mujeres de oficiales, las conocidas como 'militaras', asegura que repetirá las concentraciones cada jueves por la mañana y en cada arriado de bandera. Las afectadas han mostrado su indignación con el traslado de sus esposos ya que según ellas Ceuta es tan sólo "una plaza militar" y esta medida supondrá un grave daño económico y social para una ciudad que según ellas no puede vivir sin los militares. Por este motivo recuerdan a los ceutíes que también son afectados, y han lamentado que no hayan salido todavía a la calle para apoyarlas en sus reivindicaciones de carácter estrictamente personal.
Los sindicatos CCOO y CEMSATSE han acusado al Ingesa de ejercer presiones para entorpecer el desarrollo de la huelga convocada en la Sanidad. Las dos centrales sindicales convocantes han explicado por ejemplo como se ha forzado a gente a que acudiese a trabajar y posteriormente se ha comprobado si estaba en el trabajo o no o se han incluido en los servicios mínimos a todos aquellos que habían mostrado favorables a acudir al paro. Como ejemplo, los sindicatos han explicado que la plantilla del hospital ha sido en estos días casi de la totalidad, por unos servicios mínimos que han sido "demasiado benevolentes" por su parte. CEMSATSE y CCOO ya han anunciado que si el Ministerio no replantea su postura y atiende las demandas de los trabajadores del Ingesa, en septiembre se convocará otro paro, y este no de tan sólo unas horas sino completo, con servicios mínimos reales. Puede escuchar el contenido completo de la rueda de prensa en el interior de la noticia.
Los socialistas ceutíes han acusado al PP de pedir el regreso de las competencias de Urbanismo a la Ciudad para dárselas "de nuevo al GIL", ante un posible nombramiento de Francisco Márquez como nuevo responsable de Fomento. Gonzalo Sanz ha declarado que la intención de dar la responsabilidad de Urbanismo a Márquez "no sólo es una zancadilla a la honestidad política sino una verdadera atrocidad en una ciudad que ya ha vivido la desgracia de una Administración del GIL".
