La semana pasada, los españoles tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación, de una información que revela claramente la incapacidad del Ejecutivo socialista que, al igual que ocurriera a mediados de los años noventa, plantea una propuesta antisocial de reforma del sistema de la Seguridad Social, al pretender ampliar la edad de jubilación ordinaria desde los 65 a los 67 años. Medida argumentada en una supuesta incapacidad de mantener el actual sistema nacional de pensiones a consecuencia del envejecimiento de la población activa.
Información, precedida de la publicación en los medios de comunicación de las últimas cifras aportadas por la Encuesta de Población Activa para el primer mes del nuevo año, indicando un aumentó en 124.890 personas, lo que supone iniciar el año con una cifra de 4.048.493 de desempleados, la mayor cifra desde 1996. Con este incremento, la tasa de paro creció nueve décimas en los últimos tres meses del ejercicio pasado, alcanzando en este primer mes del año el 21,66%. No obstante, según los datos facilitados por importantes organismos internacionales, aún no hemos alcanzado la cota máxima de unas cifras que evidencian la incompetencia del Ejecutivo socialista.
Por tanto, resulta más que evidente, que el motivo que justifica esta medida, es la considerable disminución en el número de trabajadores que cotizan a las arcas públicas como consecuencia de la nefasta gestión económica de José Luís Rodríguez Zapatero y su equipo económico. Una medida rechazada por todas las centrales sindicales y formaciones políticas a través de sus máximos mandatarios; Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez, Mariano Rajoy, Artur Mas, Gaspar Llamazares, Joan Herrera e incluso, el portavoz de la corriente interna del PSOE Izquierda Socialista, Juan Antonio Barrio de Penagos.
Propueta, que supone un grave recorte en los derechos de los españoles, el mayor ataque al modelo social español de los últimos años, solo equiparable al denominado “Plan de Empleo Juvenil” ideado por el Ejecutivo socialista de Felipe González, con el objetivo de que los jóvenes tuvieran un primer empleo y adquirieran experiencia pero, que en realidad originó los contratos "basura", llamados así por su baja remuneración y porque su extinción no daba derecho a prestaciones sociales o la legalización de las empresas de trabajo temporal ETT con el objetivo de crear empleo aunque este fuera precario y en peores condiciones.
Una vez más, la historia se repite y al igual que ocurriera en el año 1995, todos las fuerzas sociales han expresado su rechazo a una medida planteada en la última semana a pesar de que, semanas antes el propio ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, llegara a afirmar que no contemplaba esta posibilidad y recordaba que España era uno de los países de la vieja Europa con la edad de jubilación más tardía. En definitiva, una medida propuesta por una formación supuestamente de izquierdas que solo ha recibido su aprobación desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.