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Un juzgado de Sevilla ha ordenado devolver el llamado "canon digital" a un abogado que demostró que usó los CD para copiar juicios, que son actos públicos, y por lo tanto no los utilizó para reproducir obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.
Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla, a la que ha tenido acceso Efe, condena a un comerciante a devolver al abogado Joaquín Moeckel 1,12 euros, importe del "canon digital" de cuatro CD que, según demostró en el juicio, utilizó para reproducir otras tantas actividades judiciales.
Según la sentencia, con ello "queda suficientemente acreditado que el destino o uso final" de los CD no fue la copia privada, que es el objetivo del "canon digital" que, tras ser abonado al comerciante, cobra la Sociedad General de Autores de España (SGAE).
Moeckel ha explicado a Efe que, aunque esta sentencia se refiere solo a su reclamación concreta, podría aplicarse a todos los profesionales de la Justicia como abogados o procuradores y a otras ramas como la Sanidad pública, que utilizan los CD para copiar documentos de su trabajo que tienen carácter público.
El letrado, por ello, ha invitado "a la abogacía de toda España a que a partir de ahora no acceda al pago de un canon que encarece el coste de la Justicia" y que se movilice para modificar una legislación que "presume la ilegalidad de las actuaciones de los profesionales".
Ha informado de que, en su caso, cada uno de los CD le costó 0,45 euros y el canon digital fue de 0,28 euros por cada uno, la mitad del precio, lo que supone un total de 1,12 euros que el comerciante donde compró los soportes, situado en la calle Zaragoza de Sevilla, ya ha depositado en el juzgado.
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil recuerda que la Audiencia Provincial de Barcelona acordó en septiembre de 2008 elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por tener dudas sobre "la aplicación indiscriminada del referido canon a empresas y profesionales que claramente adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para finalidades ajenas a la copia privada".
Cita también un veredicto de la Audiencia de Málaga según el cual aunque la ley "presume" la compra de los soportes citados para reproducir obras protegidas, el ciudadano tiene derecho a presentar pruebas en sentido contrario y demostrar que lo ha utilizado "para otro fin distinto a la causa de tributación".
En su demanda, Moeckel invocó una resolución de septiembre de 2003 de la Comisión Permanente de Justicia del Consejo de la Abogacía Española en la que acordó pedir al ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la supresión del canon digital en los CD usados para juicios orales, aunque hasta la fecha tal petición no ha tenido resultado.
A juicio del abogado, al igual que algunas familias han decidido acogerse a fórmulas como la suspensión de pagos, los ciudadanos podrían presentar demandas similares a la suya y demostrar que no compran los CD para copias obras protegidas sino para actos privados como puede ser almacenar sus fotos familiares.
La Ciudad adeuda a la entidad benéfica Cruz Blanca 800.000 euros que pone en peligro el cobro de las nóminas de los 150 trabajadores de la entidad benéfica, según denuncia Comisiones Obreras de Ceuta. La central sindical, en nota de prensa, culpa del restraso del pago a las "continuas ausencias" de la ciudad del Consejero Francisco Márquez, responsable de firmar los libramientos de pago.
La coalición UDCE-IU denunciará ante la Fiscalía el presunto cobro ilegal de complementos en las nóminas de algunos funcionarios de la Ciudad Autónoma, según ha anunciado este mañana el portavoz del grupo, Mohamed Alí. La Viceconsejería de Recursos Humanos comunicó al jefe de la Unidad Técnica de Habilitación de Nóminas el 24 de septiembre de 2006 que se había detectado esta irregularidad, sin embargo los complementos se han seguido pagando hasta el momento, motivo que originó que la por entonces consejera, Adelaida Álvarez, firmase un decreto el pasado 19 de junio en que se ordenaba la rectificación del cálculo de retribuciones por complemento específico y que se informase sobre los motivos por los que se siguieron realizando los abonos. Mohamed Alí ha calificado esta situación de "escándalo y tropelía", sobre todo teniendo en cuenta que los responsables por entonces de personal, el consejero de Presidencia, José Luis Morales, y la viceconsejera de Recursos Humanos, que siguen formando parte del nuevo Gobierno, estaban al tanto de la situación y no hicieron nada al respecto.
