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El acuerdo, al que la administración local aporta 2,4 millones y el Ministerio unos 500.000 euros, tiene por objeto, entre otros, "asegurar los recursos necesarios para la adopción de medidas dirigidas a que los alumnos, en situación de desventaja social y que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por una escolarización tardía o irregular".