{mosimage} La Consejería de Consumo de la Ciudad ha decidido abrir un expediente para estudiar la existencia de presuntas prácticas contrarias a la competencia por parte de las compañías navieras, según ha anunciado la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel. Esta decisión se ha producido tras recibir el primer informe que la Ciudad ha encargado después de lo que desde el Ejecutivo Vivas se consideró una subida desorbitada de precios durante la Semana Santa, y que afectó por igual a todas las compañías.

Uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno durante las últimas semanas es que todos los problemas de la Manzana del Revellín comienzan con lo que denominan "venta" del subsuelo de la actual Manzana para construir un aparcamiento. Así se le ha escuchado a Francisco Márquez, a Pedro Gordillo o incluso a Juan Vivas. El PSPC ha recordado en una rueda de prensa que el expediente para la concesión, que no venta, con el objetivo de construir ese y otros aparcamientos lo realizó el propio Juan Vivas. Una decisió que según el secretario de Política Municipal de los localistas, Juan Luis Aróstegui, no tiene nada que ver con la situación actual de la Manzana, y que fue aceptado por su momento por todos los partidos presentes en el Ayuntamiento. Un acuerdo que posteriormente no fue revocado por nadie, ni tan siquiera por el PP durante la época de Fortes al frente de la Ciudad.

El pleno del Consejo Económico y Social no ha podido reunirse finalmente esta mañana para votar el expediente del traslado del mercado central a la Manzana del Revellín. Y ha sido así porque el reglamento indica que para que se celebre una reunión de urgencia, como era el caso, debe contar con el voto por unanimidad de los componentes. La negativa de los representantes de CCOO y UGT ha obligado a desconvocar la reunión y esperar una convocatoria ordinaria, que se celebraría a inicios de la próxima semana.

El Consejo Económico y Social ha dado el visto bueno al expediente del traslado del mercado a la Manzana del Revellín, con el apoyo de los representantes del Gobierno local y los empresarios, y la oposición de los sindicatos. De esta forma y según denuncia CCOO, el dictamen es el primero de la historia del CES que se emite sin consenso.

La decisión del Tribunal Supremo de no aceptar el recurso de la Ciudad sobre la sentencia que declara ilegal la Manzana del Revellín ha provocado una cascada de consecuencias. La última y quizás más importante es la propuesta de la empresa propietaria del solar, 'Manzana del Rebellín S.L.', de ofrecer la ocupación de su espacio comercial para instalar el mercado central por 130.000 euros al mes durante 25 años. Es la última solución puesta sobre la mesa para tratar de ejecutar una sentencia que prohíbe la instalación de zonas comerciales en el porcentaje previsto, tal y como recogía el acuerdo entre la Ciudad y la empresa propietaria para poder construir al menos parte del proyecto original del prestigioso arquitecto portugúes Alvaro Siza. Todo el mundo da por sentado que habrá que indemnizar a la sociedad dueña del terreno por no poder gestionar un espacio que le pertenece, sin embargo, y según ha podido conocer Ceuta al día, existe otra posibilidad, ya que el Gobierno local podría instar la nulidad del expediente de venta del solar.

La portavoz del Ejecutivo local, Yolanda Bel, ha declarado que espera que los "organismos que tienen que informar lo hagan debidamente" en el caso del expediente a Endesa, después de que el retraso de un documento de la Comisión Nacional de la Energía provocase la caducidad de las actuaciones. Una frase que según Bel "no es ninguna amenaza", pero que sin embargo la Ciudad "tendrá que tomar alguna medida" para que situaciones de este tipo no se produzcan "porque no se puede estar abriendo expedientes porque los organismos no informen".

La Ciudad podría contar antes de que finalice el mes de septiembre con la resolución final del Servicio de Industria, según informó el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel. Este documento, que ya incluirá la tipificación de la presunta falta cometida por Endesa, en caso de que se certifique su culpabilidad, así como la cuantía de la sanción aplicable, será remitido a continuación a la compañía afectada para que realice de nuevo las alegaciones oportunas.

“El expediente a Endesa es un proceso largo y complejo”. Esta frase se ha convertido durante meses en la respuesta habitual de la portavoz del Gobierno a las preguntas sobre el proceso sancionador que la Ciudad abrió a Endesa por los cortes de luz de finales de octubre y principios de noviembre. Lo que seguramente no podía imaginarse el Ejecutivo local es que el proceso iba a ser tan largo que terminase por caducar al cumplirse los plazos legales para emitir una resolución. La legislación da un plazo máximo de seis meses para que la Administración notifique el resultado de la posible sanción a los interesados, un tiempo que en este caso ya ha sido superado, pero que sin embargo no ha supuesto frenos a las intenciones del Gobierno local para esclarecer las posibles responsabilidades.

La valoración final sobre las presuntas irregularidades en el pago de nóminas a algunos funcionarios de la Ciudad está pendiente del informe de la Intervención, según ha anunciado la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel. La portavoz ha reconocido que el proceso es algo lento, pero que en asuntos de esta importancia es fundamental dar los pasos con cautela.

El sindicato Comisiones Obreras ha solicitado al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, a través de su representante Jesús Barrientos, una reunión extraordinario para esclarecer la construcción de una vivienda dentro del terreno de la eléctrica destinada presuntamente al director de la central. Una irregularidad que CCOO explica ha quedado acreditada en la instrucción del expediente, pero que sin embargo ha recibido una sanción desproporcionada, ya que a juicio del sindicato la falta es "muy grave", por lo que requiere de una multa de mayor cuantía y la consiguiente demolición de la vivienda.

El secretario de Organización de la Ejecutiva Federal del PSOE, José Blanco, ha afirmado que el expediente abierto por la Junta Electoral de Ceuta al presidente del PP, Mariano Rajoy, por pedir el voto en un acto celebrado en la ciudad el pasado sábado es "una anécdota", ya que señaló que "llevamos todos incitando al voto desde hace mucho tiempo".

La Junta Electoral de Zona ha decidido incoar expediente sancionado al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, por pedir el voto para Juan Vivas durante su visita a Ceuta, tal y como denunció el PSOE. La Junta toma por tanto la misma decisión que en el caso de la denuncia del PP contra la candidata socialista Antonia Palomo. Además, la Junta también ha aceptado un escrito presentado por el PP contra la coalición UDCE-IU, a la que se obliga a retirar los carteles electorales que han sido pegados hasta el momento.

La Junta Electoral de Zona ha decidido abrir expediente sancionador administrativo a la candidata del PSOE, Antonia Palomo, por pedir el voto en un acto del partido. Palomo fue denunciada por el PP, que también presentó un DVD con el acto de presentación de la candidatura, en el que Palomo pidió el voto para su partido.

El Juzgado Togado Militar de Ceuta se ha inhibido en el caso del espionaje militar a civiles, tal y como ha recomendado el fiscal. De esta forma, el expediente que se tramitaba hasta ahora en Ceuta pasará a instruirse en el Juzgado Togado Central en Madrid. El juez militar sí ha admitido antes de desvincularse del proceso la personación del secretario general de CCOO, Juan Luis Aróstegui, como parte en la causa.

La Unión Federal de Policía ha denunciado un caso de persecución sindical a una de las líderes del sindicato en Ceuta, la subinspectora Ana Moya. La UFP ha puesto en manos de su servicio jurídico el expediente abierto contra Moya por unas declaraciones en las que denunciaba el acoso a miembros de las Fuerzas de Seguridad. El secretario nacional del sindicato, José Méndez, afirma que este expediente atenta contra la libertad sindical.

La Ciudad ha decidido abrir un expediente sancionador a Endesa por una presunta falta muy grave, según ha anunciado la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel. Sin embargo, los representantes de la Consejería de Fomento no se han reunido todavía con la empresa para explicarles el procedimiento que se ha seguido. La eléctrica tendrá un plazo de alegaciones para explicar por qué no existía el supuesto sistema de prevención que según los técnicos del Gobierno local debía estar previsto antes del inicio de las obras.