- sábado 11 mayo 2024
La acusación popular en la causa contra Miguel Blesa, que ejerce el sindicato Manos Limpias, ha presentado este lunes una denuncia contra el fiscal del caso, Agustín Hidalgo, al estimar que "actúa como si fuese el abogado defensor de los imputados" Blesa y Gerardo Díaz Ferrán.
- Al carecer de potestad legislativa, Ceuta se rige por una norma de 1958 que grava tanto la venta de cartones como los premios, a los que se pretende rebajar su tasa de impuestos
- "Queremos contribuir al mantenimiento del empleo en una actividad, que como toda la relacionada con el ocio, se encuentra especialmente afectada por la situación económica", apunta Martínez
Ante el desacuerdo con el Gobierno, el PSOE se ha marcado como objetivo compensar cuanto antes a los afectados por las preferentes más de un año después de abandonar el Ejecutivo. Así, además de la vía parlamentaria con la que pretenden establecer un "arbitraje neutral" para que todos los afectados sean compensados de manera justa, los socialistas quieren también agotar la vía judicial. En rueda de prensa, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha anunciado que su partido presentará una denuncia ante el fiscal general del Estado para pedirle que abra una investigación al respecto.
El PP ha expresado este martes en el Congreso su rechazo a tramitar la proposición de ley del PSOE para modificar la Ley General Tributaria con el fin de poder publicar el nombre de los beneficiarios de la amnistía fiscal, una reforma apoyada por todos los grupos de la oposición salvo CiU, que ha preferido abstenerse.
- “Si sigue delirando va a tener que delirar delante de un juez”, le ha lanzado Carreira al socialista cuyas declaraciones ha calificado como “carracadas”
- Carreira recuerda a Carracao que el contrato de Urbaser se aprobó con los votos del GIL y del PSOE
- Bel califica la actuación del portavoz socialista como “torticera” y “basada en la inmadurez e inexperiencia”
El Fiscal Superior vasco, Juan Calparsoro, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ha incoado diligencias de investigación contra la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Mintegi, por afirmar el pasado 14 de marzo que el asesinato del líder del PSE-EE alavés Fernando Buesa, fue de "origen político" y podría haberse "evitado" mediante el diálogo. En su escrito, Calparsoro considera necesario "investigar las circunstancias y el contexto en que se realizaron esas manifestaciones para determinar si pudo cometerse" por ella o por "otras personas" un delito de enaltecimiento o de justificación del terrorismo "o de descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas del terrorismo, tipificado en el artículo 578 del Código Penal".
Tras un interminable procedimiento, ocho años de instrucción y nueve jueces, el expresidente de la diputación de Castellón se sentará en el banquillo. El caso arrancó con la querella del empresario Vicente Vilar, dueño de Naranjax, una sociedad de productos citosanitarios
El juez del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente del PP provincial, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública dentro del 'caso Naranjax'.
- Los ingresos en concepto de IPSI Importación han aumentado un 18,3% y los del IPSI Operaciones Interiores un 24% en enero y febrero con respecto al mismo periodo de 2012
- Vivas se verá el martes con el secretario de Estado de Hacienda para intentar aclarar de una vez el concepto de 'ciclo mercantil completo'
- La coalición critica que el Ejecutivo local haya subido el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) "un 15%" y reclama una revisión "íntegral y profunda" de las cargas tributarias locales
- "La necesidad de financiar a corto plazo la enorme deuda acumulada por el despilfarro es el único criterio de una política que perjudica notablemente a los ciudadanos", denuncian los localistas
El Gobierno aumenta la pena de prisión máxima por ese delito a seis años, en lugar de los cinco establecidos hasta ahora.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una modificación del Código Penal, que prevé una pena de prisión máxima de 6 años por delito fiscal, en lugar de los 5 establecidos hasta ahora. Asimismo, el plazo de prescripción de las infracciones más graves se eleva de 5 a 10 años.