Nueva York- Si a la Gran Depresión historiadores y psicólogos coinciden en que se le podía haber llamado la Gran Desesperación, la actual crisis podría haberse conocido como la Gran Recesión, según el profesor de historia económica de la NYU Stern School of Business, Richard Sylla.
Si se toma al pie de la letra el último informe del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre el crecimiento  de un 0,9% de la economía (3,5% en tasa anualizada) entre julio y septiembre, se podría decir que la recesión, que empezó en diciembre de 2007, ya ha terminado. Y lo hace precisamente cuando se cumple el 80 aniversario del gran colapso de los mercados el 29 de octubre del año 1929.
Ayer, la administración Obama informó que el paquete de estímulo económico del presidente Barack Obama de 787.000 millones de dólares ha salvado o creado alrededor de 650.000 millones. Todavía así, el líder estadounidense reconoció que su regla de medir el fin de los problemas económicos es que los ciudadanos puedan pagar las facturas holgadamente.
El péndulo de la crisis
¿Cuál será el futuro de EE UU? El experto de la consultora financiera Standard and Poor´s David Wyss explica a LA RAZÓN que «hay un péndulo en las políticas económicas que se mueve en cada gran crisis».
«En los años 30, lo hizo hacia un gobierno con más control y con influencia en la economía. La crisis del petróleo en los años 70 llevó a la revolución Reagan. Entonces, el péndulo se movió hacia un gobierno más pequeño. Ahora, lo vuelve a hacer otra vez. Espero ver más regulación gubernamental, sobre todo en los mercados financieros, y más influencia en el sistema sanitario y las políticas de empleo», destaca el experto.
El profesor en política de la Universidad de St. Joseph´s Randal Miller también coincide en que habrá «más» regulación a consecuencia de la crisis, aunque desconoce en qué grado se producirá. El historiador Richard Sylla admite a este periódico que el que los estadounidenses prefieran que el gobierno apenas intervenga se debe a la historia del país. «Les gusta ser independientes y responsables de sus propias vidas. No quieren depender de nadie. Eso sí, esta crisis les ha enseñado que a veces el sector privado no es tan eficiente como pensaban», recuerda el historiador, que también anticipa reformas financieras y más control gubernamental en sus responsabilidades sociales.
Todavía así, Sylla se muestra optimista y prefiere decir que hay un 90% de personas que todavía tienen trabajo en vez de apuntar que hay casi un 10% de empleados que han perdido su puesto laboral en EE UU. El informe de septiembre reveló el índice de paro en el 9,8%, aunque se esperan las cifras de octubre la semana que viene.
Regulaciones específicas
Miller augura que habrá más regulación en el precio de los medicamentos, la asistencia del sistema sanitario, las prácticas médicas y los programas de seguros, incluso aunque no se pueda consolidar un plan nacional de reforma sanitaria. «Entonces –a su juicio-, las regulaciones serán específicas y vendrán en diferentes formas de legislación», señala.
«Además, los problemas de salud de los estadounidenses, como la obesidad, traerán más presiones para que haya más regulación en las etiquetas de los productos alimenticios o el que ciertos alimentos (caramelos o barras de chocolate) estén al alcance de los niños», admite Miller, que destaca que el clima político no permitirá mayores reformas regulatorias.

MADRID- El pasado 13 de octubre se supo que Arnaldo Otegi y otras nueve personas habían mantenido reuniones en relación a una propuesta política del propio Otegi que la izquierda abertzale pretendía impulsar para volver a las instituciones por medio de un supuesto distanciamiento de la violencia.
Ese día, la sonrisa cínica del portavoz de la ilegalizada Batasuna volvió a ser inmortalizada por las cámaras cuando era conducido esposado. Está –están todos los detenidos– acusados de recomponer la «mesa nacional», para lo que habían creado un órgano denominado «Bateragune», cuya traducción al castellano significa «todos juntos» o lugar de encuentro.
Tras este golpe de las Fuerzas de Seguridad para impedir el renacimiento de Batasuna, el siguiente paso bien podría apuntar a los reductos de Acción Nacionalista Vasca (ANV) que perviven en los ayuntamientos del País Vasco desde las elecciones municipales de mayo de 2007.
Entonces, en plena tregua de ETA, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, impugnó 110 de las 265 candidaturas de ANV, lo que permitió su entrada en decenas de consistorios.
En la apertura del Año Judicial,  el fiscal del Estado abogó por cambiar la ley para impedir que los concejales de ANV continúen en sus cargos después de que –en septiembre de 2008– el Tribunal Supremo ilegalizara la formación a instancias del Ministerio Público. En palabras de Conde-Pumpido, «se trata de poner coto a una situación difícilmente aceptable en democracia: que quienes concurrieron a un proceso electoral en las filas de un partido político que luego ha sido ilegalizado por su vinculación con una organización terrorista puedan seguir ostentando el Gobierno de las corporaciones municipales».
Para conseguir ese objetivo, el fiscal general del Estado reclama que debe modificarse la vigente Ley de Bases de Régimen Local, en concreto su artículo 61. Por el contrario, el Partido Popular considera que este texto legal, tal como está articulado, ya abre la puerta a la disolución de un ayuntamiento en el supuesto de «gestión gravemente dañosa para los intereses generales».
Desacuerdos
Una diferencia de criterio que puso de manifiesto también el desacuerdo en este punto entre el PSE del lendakari Patxi López y su socio de Gobierno, el PP vasco de Antonio Basagoiti. El pasado 23 de septiembre, ambos partidos escenificaron sus diferencias al votar una iniciativa de UPyD que pedía al Gobierno de España que disolviera los consistorios de ANV en aplicación del artículo 61,1 de la mencionada ley. El PSE votó en contra.
El portavoz socialista en la Cámara vasca, José Antonio Pastor, basaba su negativa en que la propuesta firmada por PP y UPyD «fuerza» la Ley de Bases de Régimen Local y «va más allá» del texto de la norma. Según indicó, «todos los dictámenes jurídicos que se han emitido hasta la fecha coinciden en que, con la ley actual, no se puede negar a las personas electas el derecho a permanecer en los cargos públicos para los que fueron elegidos aunque haya sentencias de ilegalización».
En el PP tienen una visión muy distinta. Juana de Bengoechea, concejala popular en Irún y vicesecretaria del PP en el País Vasco, asegura que «ningún juez ha emitido sentencia en un caso semejante con la ley actual». En su opinión, la pregunta clave es: «¿No condenar el asesinato de un vecino a manos de los terroristas de ETA puede considerarse gestión gravemente dañosa para los intereses generales?». Según el artículo 61,2 de la Ley de Bases de Régimen Local, serán «decisiones gravemente dañosas» para ese interés general «los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».
El orden lógico de los hechos sería que el Ejecutivo nacional o las diputaciones forales disolvieran los ayuntamientos de ANV basándose en ese artículo 61, lo que daría ocasión a que un magistrado «interpretara la norma» y fallara para «saber si es suficiente» según está articulada, apunta Bengoechea.
El siguiente paso sería nombrar gestoras que administrasen los consistorios –como se hizo en Marbella–, pero el Gobierno no está por la labor. Ha actuado para defenderse de las actuaciones contra derecho de estas administraciones locales, e incluso les ha ganado en algún caso en los tribunales, pero no aplica la ley con la disolución como objetivo.
Al Grupo Mixto
Mientras, los ediles de ANV permanecen en sus cargos después de que su formación haya vivido una suspensión penal por un auto del juez Baltasar Garzón y una ilegalización por una sentencia del Supremo. Así, el magistrado de la Audiencia Nacional suspendía en febrero de 2008 explícitamente al partido ANV y, en segunda comunicación, a los grupos municipales de ANV. En la mayoría de las corporaciones se consideró que el auto sí permitía que los grupos municipales de la formación pasasen a ser «grupos mixtos».
La Sala 61 del Supremo, por su parte, ilegalizaba en septiembre de 2008 al partido y hacía alusión a «entidades continuadoras». En aquella ocasión, en la mayoría de los ayuntamientos se estimó que la sentencia imposibilitaba que los concejales pasasen a formar «grupo mixto» y que, forzosamente, habían de ser considerados «concejales no adscritos». Sin embargo, el fallo no fue comunicado a las instituciones, por lo que no existía conocimiento oficial y no tenía por qué surtir efectos en ese momento.
La comunicación a ANV de la sentencia debiera haber provocado la desaparición de los grupos municipales de esta formación y la imposibilidad de que formaran «grupos continuadores», como serían los «grupos mixtos». Había dudas entonces de que existiera una conexión jurídica probada entre un partido político y el grupo institucional. De hecho, en el Congreso de los Diputados se ha visto el préstamo de electos para formar grupos: los electos que se presentan en una lista no tienen por qué coincidir con los que forman grupos institucionales. No faltaron por este motivo defensores de que la sentencia de ilegalización sobre el partido no afectaba a los grupos municipales mientras no hubiera una pronunciación explícita y oficialmente comunicada por el tribunal en ese sentido.
Pero, en la primavera de este año, el Supremo especificó que el cumplimiento de la sentencia exigía la disolución de los grupos municipales de ANV y la imposibilidad de formar un «grupo mixto», porque se le consideraría «continuador». Y es que hasta ahora, tanto la doctrina del Supremo como la del TC han incidido en que el escaño no pertenece al partido, sino a los electores que lo han hecho posible con sus votos.
 

Artículo 61

El precedente de Marbella
El artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local sólo se ha aplicado hasta ahora en el Ayuntamiento de Marbella. Dice así:
1.- El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2.- Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
3.- Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales (...).
 

Las instituciones europeas han recibido con satisfacción el respaldo del pueblo irlandés al Tratado de Lisboa porque repercutirá  n una Unión Europea "más fuerte y eficaz". El presidente de la Comisión, Jose Manuel Durao Barroso, y el primer ministro sueco y presidente de turno del Consejo, Fredrik Reinfeldt, se han apresurado a defender que el texto cuenta ya con la "aprobación democrática" de los 27, a pesar de que Praga no lo ha ratificado formalmente.  

"El mensaje de hoy es simple y claro: Gracias, Irlanda". Así de rotundo se mostró Barroso al inicio de la rueda de prensa ofrecida en Bruselas tras conocer los datos del referéndum en Irlanda y en la que no pudo evitar mostrarse "muy feliz" por un resultado que evita una nueva crisis institucional a la Unión Europea. "Es un gran día para Irlanda y para Europa", aseguró. Barroso agradeció la "señal de confianza" enviada por el pueblo irlandés con este apoyo al Tratado de Lisboa y por reconocer con ello "el papel que ha jugado la Unión Europea respondiendo a la crisis económica". Además, interpretó el resultado favorable como una prueba de que Irlanda quiere colocarse "en el corazón de Europa" y de que ha dado por buenas las "garantías" dadas por la UE a Irlanda como, por ejemplo, asegurar un comisario por cada Estado miembro, factor que   Barroso ha juzgado "importantísimo".  

Polonia y República Checa, últimos escollos  
Una vez subrayado que el Tratado ya ha sido "aprobado democráticamente" por "todos" los Estados miembros, Barroso pidió a Polonia y a República Checa -países que aún no han ratificado formalmente el texto-  que aceleren los "procedimientos necesarios" para que Lisboa entre en vigor "lo antes posible".  

El Parlamento "soberano" de República Checa expresó "claramente" su aprobación al Tratado y el Tribunal Constitucional ha fallado que es "compatible con la constitución checa", por lo que el presidente de la Comisión se mostró "tranquilo" sobre la total ratificación del texto en este país. Estoy convencido de que (Praga) lo va a aprobar formalmente. La única cuestión es saber cuándo", reiteró Barroso.

El presidente de turno de la UE, el sueco, Fredrik Reinfeldt, siguió la línea marcada por el jefe del Ejecutivo comunitario en su  discurso y descartó la necesidad de convocar una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE para presionar a Praga. Los días 28 y 29 de este mes habrá una reunión oficial de los líderes europeos en Bruselas y para Reinfeldt ése es el "calendario perfecto" para abordar la cuestión.  

Descartada esa cumbre extraordinaria, Reinfeldt sí ha considerado oportuno convocar al primer ministro checo a una reunión el próximo miércoles en Bruselas para hablar de la necesidad de acelerar el proceso completo de ratificación. El primer ministro sueco también acudirá al Parlamento Europeo el  mismo miércoles acompañado de Barroso y enviará el jueves a su   ministra de Asuntos Europeos, Cecilia Malmstrm, a Praga.