Las negociaciones para la formación del nuevo gobierno de la canciller alemana Angela Merkel avanzaron hoy, a nivel de las cúpulas de los partidos implicados, entre amagos de ruptura por parte de los liberales y protestas de los antinucleares.
Merkel, presidenta de la Unión Cristianodemócrata, su homólogo de la Unión Socialcristiana de Baviera -Horst Sehofer- y el del Partido Liberal (FDP), Guido Westerwelle, se encerraron en la llamada ronda de "confesionario" en busca de acuerdos a presentar la próxima semana, de acuerdo al calendario virtual previsto.
La sesión del sábado se saldó con un choque frontal entre Westerwelle y Christian Wulf, primer ministro de Baja Sajonia y peso pesado de la CDU de Merkel, relatan hoy los medios alemanes, en que el líder liberal amenazó con que no habría pacto de coalición.
El desencadenante fue un ataque de Wulf contra las pretensiones del FDP de llevar adelante unas rebajas fiscales que, para la CDU, no son realistas dada la situaciones de las arcas públicas. Wulf llegó a acusar a Westerwelle de poco serio y a calificar sus planes fiscales de "vuelo a ciegas" y éste amenazó con el fin.
A Merkel le correspondió el papel de moderadora en el rifirrafe, según coinciden en relatar televisiones públicas y privadas, además del dominical "Bild am Sonntag". Las reuniones son a puerta cerrada y hay compromiso de confidencialidad, lo que no impidió que tal confrontación traspasara no a uno, sino a varios medios.
El disenso fiscal es el más evidente, pero no el único, puesto que asimismo persisten, cuando menos, las diferencias en materia de la sanidad pública, donde el FDP pretende recortar costes.
Sí hubo acuerdo en cuanto a replantear el calendario del cierre de las 17 plantas atómicas aún existentes. Según el pacto aprobado en 2000 por el gobierno rojiverde de Gerhard Schröder, la última central debía dejar de funcionar a más tardar a lo largo de 2021, de manera que el 2022 se habría dicho adiós a esa fuente de energía.
La Unión y el FDP están de acuerdo en prolongar la vida de algunas centrales, las más modernas y seguras, por un periodo aún no detallado, lo que ha reactivado las protestas de los antinucleares.
Desde que se abrieron las negociaciones, dos semanas atrás, centenares de jóvenes han llevado a cabo protestas.
Hoy de las protestas más o menos ruidosas, se pasó a sentadas y otras acciones de bloqueo ante la representación del estado de Renania del Norte-Westfalia, donde se reúnen los futuros socios.
Mientras, el ex ministro de Medio Ambiente y líder de los Verdes, Jürgen Trittin, anunciado nuevas movilizaciones contra la moratoria.
De acuerdo a los planes de Merkel, las negociaciones deberían quedar cerradas entre hoy y los próximos días. Los medios dan por hecho que, salvo que los roces vayan a más, el viernes se presentarán resultados y el equipo al completo.
El día 27 se constituye el nuevo Bundestag (Parlamento) y previsiblemente al día siguiente Merkel se someterá a la votación de la cámara. 

Irán apuntó hoy hacia Occidente en la segunda vista del juicio que se celebra contra más de un centenar de personas acusadas de instigar y participar en las protestas surgidas tras la polémica reelección del presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad.
       Si en la sesión celebrada la pasada semana la Fiscalía centró sus acusaciones en figuras del reformismo como el ex vicepresidente Mohamad Ali Abtahí, este sábado señaló hacia a aquellos a quienes consideró agentes de países extranjeros.
       En la sala destacaban la presencia de la joven profesora francesa Clotilde Reiss y de dos ciudadanos iraníes, Nazak Afshar, empleada local de la embajada gala y su compatriota Husein Rasam, adscrito a la oficina política de la legación británica.
       Hacia ellos apuntó gran parte del acta de acusación leído por la Fiscalía, que los acusó de colaborar con embajadas extranjeras en un plan para derrocar la República Islámica a través de lo que denominó una "revolución de terciopelo".
       Según el texto, reproducido parcialmente por la agencia oficial de noticias local Irna, los encausados participaron "en actos criminales organizados y planeados" cuyo objetivo era alterar el orden público y la seguridad "con ayuda foránea".
       Esos estados extranjeros, "que de forma hipócrita defienden los derechos humanos, utilizan sus medios de comunicación para coordinar su diplomacia en contra de Irán".
       "Intentaron desestabilizar el país apoyando a los reformistas, a quienes financiaron para provocar una brecha entre el pueblo y sus representantes", continuaba el texto.
       "Dieron formación a organizaciones no gubernamentales así como a periodistas y activistas de los derechos humanos para que infligieran daño a la imagen externa de Irán con páginas web" y otros instrumentos, proseguía.
       En este sentido, la Fiscalía señaló directamente al Reino Unido, país al que acusó de urdir la supuesta conjura con meses de antelación.
       "Mucho antes de las elecciones presidenciales del 12 de junio, la embajada del Reino Unido en Irán trató de aproximarse a ciertas figuras políticas en el interior de Irán para poder alcanzar sus objetivos", denunció el texto.
       "La sección política recabó información sobre responsables iraníes, la Guardia Revolucionaria y las milicias Basij. Formó grupos de trabajo, y diplomáticos y empleados locales viajaron a las provincias. Igualmente los envió a las protestas", abundó la nota.
       "El objetivo era cambiar la opinión de la sociedad iraní, infiltrarse entre sus capas sociales y debilitar el gobierno para tratar de derrocarlo", apostilló.
       Leído el acta, el Tribunal Revolucionario procedió a escuchar las alegaciones de una decena de acusados.
       Según Irna, la francesa Clotilde Reiss habría admitido el envío de un informe a la embajada de su país en Teherán sobre los disturbios en la ciudad iraní de Isfahan y pidió perdón por ello.
       La joven, de 24 años, confesó haberlo remitido "al responsable del Instituto de Investigaciones galo en Irán, que depende del servicio cultural de la embajada francesa".
       Reiss también habría aceptado ante el juez que su participación en las protestas se debió a "razones personales".
       "Acepto que fue un error y pido perdón a la nación iraní y a la corte. Espero que me perdonen", agregó.
       Reiss, profesora de francés en la universidad de Isfahan, fue detenida el pasado 1 de julio en el aeropuerto internacional de Teherán cuando se disponía a abandonar el país.
       Junto a ella compareció  Nazak Afshar, empleada local de la embajada gala, quien según Irna habría confesado que la legación ordenó que se diera "cobijo a los manifestantes" si era necesario.
       Igualmente declaró Husein Rasam, contratado local de la embajada del Reino Unido, a quien se le acusa de conspiración y espionaje.
       Según Irna, Rasam, arrestado el pasado mes de junio junto a otros ocho compañeros de trabajo luego liberados, confesó que la plantilla de la embajada estuvo presente en las manifestaciones de protesta por orden de la legación.
       Además, comparecieron este sábado otros ilustres opositores como el periodista Ahmad Zeid Abadi y el ex diputado Ali Tajerani, miembro del aperturista "Frente islámico de Participación", acusados de confabular e instigar a la violencia.
       Por los mismos cargos declararon Hedayat Aqaie, miembro de la plataforma Kargozaran Sazandegi, y Shahabudin Tabatabaie y Javad Emam, responsables de la oficina electoral del principal candidato opositor derrotado, Mir Husein Musaví.
       La oposición iraní, que denunció como fraudulentos los resultados de los comicios, ha tildado el juicio de "mascarada" y ha cuestionado las confesiones.

 Los empleados de Reino Unido y Francia reconocen su implicación
La ciudadana francesa Clotilde Reiss --empleada de la Embajada  francesa-- y el jefe de la División Política y de Seguridad de la Embajada británica en Teherán, Hosein Rasam, han reconocido su   implicación en los disturbios registrados en Irán tras las elecciones   presidenciales del pasado 12 de junio y han pedido disculpas y clemencia por los "errores" cometidos en este sentido. Mientras, Francia y Reino Unido ya han protestado por la celebración de este  juicio al considerarlo "inaceptable" y basado en acusaciones   "infundadas".   
   Tanto Reiss como Rasam están acusados de los cargos de incitación   al desorden público. Además, Reiss ha sido formalmente acusada de amenazar la seguridad nacional iraní, un delito que podría ser penado   con unos cinco años de cárcel, al igual que el espionaje del que se acusa a Rasam. Sin embargo, si se les declara "mohareb" (enemigos de   Dios), la pena puede ser la muerte.   
   Ambos participaban en "un plan de la oposición y los países   extranjeros para derrocar al régimen", según el fiscal del tribunal,   Abdolreza Mohabat, citado por la agencia semioficial de noticias   Fars. Mohabat acusó a las autoridades británicas y estadounidenses de   haber desempeñado un papel en los "disturbios", en los que, también   según Mohabat, murieron 30 personas. "Algunos diplomáticos británicos   tomaron parte en reuniones ilegales en Teherán", según el fiscal.    
   Rasam, según los medios oficiales, ha confesado haber formado   parte de una campaña para alimentar las protestas, manteniendo   contactos con la oposición al triunfador de las elecciones, el   presidente Mahmud Ahmadineyad, sobre todo con su principal rival en   los comicios, el candidato derrotado Mir Hosein Musavi, y a   instancias del Gobierno británico.   
   "En el juicio, Rasam ha hablado sobre la clara interferencia de   los diplomáticos británicos, y de sus contactos con los políticos   moderados y con la sede de campaña de Musavi", según el medio. Rasam   reconoció que recabó información sobre los disturbios y que fue   posteriormente entregada a las autoridades estadounidenses   correspondientes.   

Espía francesa
   Reiss reconoció que había estado presente durante un episodio de protestas en la ciudad iraní de donde impartía clases de francés,  Isfahan. Posteriormente, Reiss reconoció haber entregado "un informe"   sobre los disturbios a la Sección Cultural de la Embajada francesa en   Teherán, dirigida por el secretario Nazak Ashfar, quien también está   siendo juzgado por las autoridades.    
   "No debería haber participado en las manifestaciones ilegales (...). Lo lamento (...). Pido perdón a la nación iraní al tribunal y   espero que me perdonen", afirmó Reiss durante el juicio, citada por   la agencia de noticias estatal IRNA. Reiss fue detenida en el   Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán el 1 de julio cuando   intentaba salir del país.   
   Reiss reconoció haber participado en las protestas de los días 15  
y 16 de junio. "Lo hice por curiosidad y para estar al tanto de la   situación política iraní. Quería saber lo que estaba ocurriendo",   declaró antes de reconocer que entregó un informe de una hoja para un miembro de la Sección Cultural de la Embajada francesa "que no era un   diplomático".   
   La francesa fue iniciada en la cultura iraní por una nodriza de este país, estudió farsi y ha visitado Irán en varias ocasiones. Su trabajo para su curso del Instituto de Estudios Políticos de Lille   (IEP), donde se graduó en 2008, trataba sobre el sistema educativo y   los libros de texto en Irán desde la Revolución Islámica. Según el   director de estudios del IEP, Benoit Lengaigne, Reiss "era una   estudiante decidida y apasionada".   
   Los dos acusados han pedido perdón por los errores cometidos y han solicitado la clemencia del tribunal que les juzga "por las claras violaciones cometidas".   
   El inicio de este juicio estaba inicialmente programado para el pasado jueves, pero fue aplazado tras una petición de los abogados   defensores de los acusados, que solicitaron más tiempo para estudiar   los cargos presentados contra sus clientes. El proceso contra los   detenidos durante las manifestaciones se inició el pasado 1 de agosto   con la presentación de cargos contra un centenar de dirigentes   reformistas y colaboradores de los candidatos derrotados en las   elecciones presidenciales del 12 junio.   
   El proceso contra Reiss, Rasam, Ashfar y otras siete personas, incluido el destacado periodista Ahmad Zeydabadi y dirigentes   reformistas como Ali Tajernia, Hedayat Aghaie, Shahab Tabatabaie y   Javad Emam, dio hoy finalmente comienzo en la Sala 15 del Tribunal   Revolucionario bajo la dirección del juez Abul Qasim Salavati.   
   Además de estos implicados en la denominada por las autoridades como Revolución de Terciopelo, el período de violencia abierto tras las polémicas elecciones presidenciales que dejó al menos 26 muertos,   también hay individuos presuntamente vinculados a organizaciones   terroristas, según la agencia iraní ILNA.   
   "Creo que habrá una solución en los próximos días", afirmó el padre de Clotilde, Remi Reiss, en declaraciones a la televisión   francesa desde París. Remi pudo hablar con su hija, quien cumplió en   una prisión iraní el pasado 31 de julio su 24 cumpleaños, hace una   semana. "Se encuentra bien de salud", dijo.   
    
 

Rechazo de París y Londres
El Gobierno británico ha condenado enérgicamente el proceso judicial abierto contra su empleado y contra las decenas de políticos   moderados que le acompañan. Londres ya ha emitido una protesta oficial por la que insta Irán a que "aclare las circunstancias en las   que se está desarrollando este proceso, para "decidir como responder  
a esta última afrenta", según una portavoz del Gobierno británico,   acusado por las autoridades iraníes de alimentar los disturbios contra la reelección de Ahmadineyad.   
   Para la portavoz, el comportamiento iraní "es completamente   inaceptable" y "contradice las repetidas garantías que ofrecieron   altos funcionarios iraníes" sobre la situación del empleado de la Embajada británica, puesto inicialmente en libertad bajo fianza el   pasado 19 de julio. "Deploramos estos juicios y estas confesiones, por llamarlas de alguna manera, obtenidas de prisioneros a los que se   les ha negado sus derechos humanos más esenciales", criticó.   
   De igual modo, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, calificó de "infundadas" las acusaciones que pesan sobre Reiss y exigió la   liberación inmediata de la ciudadana francesa.   
   Por otra parte, la presidencia sueca de la UE manifestó hoy su  preocupación por este juicio y advirtió de que cualquier acto contra   el personal de las embajadas de cualquier país de la UE es un acto   contra toda la UE.   
   En su comunicado, la presidencia de la UE instó a las autoridades iraníes a la liberación de la ciudadana francesa y de los empleados de las embajadas francesa y británica en Irán.   
   "La presidencia manifiesta su preocupación por el juicio en curso   en Teherán tras las elecciones, incluido el celebrado contra dos   empleados de embajadas de dos estados miembros de la UE y un ciudadano de la UE", indica el comunicado.   
   "La presidencia reitera que la acción contra un país, ciudadano o personal de Embajada será considerada una acción contra la totalidad de la UE", agrega. "La UE seguirá con atención el juicio y pide la  pronta puesta en libertad de estas personas", concluye.