- martes 14 mayo 2024
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso presentado por una familia de Bollullos (Huelva), los Flores Cano, contra el manual de Educación para la Ciudadanía (EpC) de ‘MacGraw Hill’ que se utiliza en el colegio de su hijo.
Según informó el Foro Español de la Familia, el tribunal ha entendido que el libro de texto puede ser “adoctrinador”. El Foro asegura que el tribunal entiende que se introduce un “concepto nuevo” en el procedimiento abierto por la familia, que hace posible un carácter “adoctrinador” del manual concreto que utiliza el centro escolar del niño. Por otra parte, en una segunda resolución, el TSJA desestima la petición de medidas cautelares realizada por la Familia Flores Cano, que pedía la no asistencia a clase del alumno mientras se tramitaba el procedimiento.
El tribunal andaluz desestima esta petición “aunque con el voto particular de dos magistrados, que entienden que sí debió ser atendida la petición de medida cautelar realizada por los recurrentes”. “Definitivamente, podemos continuar con el procedimiento y valorar el carácter adoctrinador del manual, que es la finalidad principal del recurso planteado, esperando se genere un debate productivo en el que los padres puedan demostrar el fundamento de su petición y defender su derecho a educar a su hijo según sus propias convicciones”, explicó el abogado de la familia, Abel Martínez.
En opinión del letrado, la solicitud de la medida cautelar “no ha sido comprendida por los magistrados de la mayoría, porque la finalidad de este nuevo proceso es demostrar que el manual no se ajusta al programa educativo, sino que lo utiliza en favor de un determinado adoctrinamiento, vulnerando el principio de neutralidad ideológica que debe presidir cualquier actuación docente”.
La familia Flores Cano manifestó su “alegría” y añadió que “poco a poco la justicia se va dando cuenta del gran problema que puede representar EpC para los padres que desean defender legítimamente sus derechos a educar en libertad”.
El abogado del president de la Generalitat, Francisco Camps, ha solicitado hoy que se suspenda el procedimiento abierto contra él por cohecho hasta que se resuelva el recurso de apelación presentado contra el auto del juez instructor en el que se le imputa este delito.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el letrado ha solicitado la suspensión en la comparecencia previa que ha tenido lugar esta mañana y en la que los abogados del resto de imputados han formulado la misma solicitud.
Asimismo, el Ministerio Fiscal y la acusación particular han concretado los hechos imputables a Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret y han solicitado que se practiquen nuevas diligencias.
Según las mismas fuentes, el juez instructor del "caso Gürtel" en Valencia dictará en los próximos días una resolución en la que se pronunciará sobre las peticiones formuladas por las partes.
El magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Ceuta ha aceptado el primer recurso presentado por el PSPC contra las decisiones tomadas por el Gobierno local sobre el futuro de la Manzana del Revellín. En concreto, el recurso hace referencia a la decisión del pleno del pasado diciembre sobre el porcentaje de uso comercial del complejo. Ahora, la Administración tendrá un plazo de veinte días desde la emisión de la providencia, firmada el pasado día 14, para entregar el expediente administrativo.
El Partido Socialista del Pueblo de Ceuta (PSPC) presentó el pasado miércoles un nuevo recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. La formación localista presentó el primero de los recursos el pasado 29 de Febrero sobre el acuerdo plenario en el que se fijaba la superficie comercial en un 10%. Como anunciaron en aquella ocasión presentarían otros recursos en cuanto se fueran haciendo oficiales las decisiones del Gobierno de la Ciudad.
Tras dos años de sufrimiento desconocido desde que debutara en Segunda B, el Ceuta vuelve a parecerse a ser el que fue. Un equipo de campanillas, de los que imponen respeto en su campo y pueden tutear al rival, sea cual sea. Además, hay que hablar de que por primera vez en muchas temporadas, la grada del Murube disfruta de un sistema de juego que va más allá del pelotazo y tententieso.
El Juzgado Togado Central ha desestimado el recurso presentado por los servicios jurídicos de Comisiones Obreras de Ceuta ante la decisión del juez de archivar la causa por el espionaje militar a civiles. Los abogados del sindicato pretendían acceder a la totalidad de los informe de espionaje que formaban el expediente, después de que el Togado ceutí tan sólo les remitiese una parte que era supuestamente la que afectaba directamente al secretario general del sindicato, Juan Luis Aróstegui, pero finalmente la causa quedará archivada al no apreciar el juez militar ninguna conducta punible más allá de las reacciones que ya tomó en su momento el Ministerio de Defensa.
El Tribunal Supremo ha decidido no aceptar el recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declara como ilegales las licencias para el inicio de la obra de la Manzana del Revellín. Una decisión que ha anunciado el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, después de que el Supremo la haya notificado a los procuradores de la Ciudad. El Gobierno cumplirá una sentencia que, según Márquez, era esperada y que incluso califican de positiva.
Unión Demócrata Ceutí y la Ficalía sólo coinciden en señalar que ‘Los poyuelos’ cometieron un delito de injurias, aunque la Fiscalía diferencia en los delitos de injurias sancionados en los artículos 510.2 y 208 del Código Penal. “El primero castiga a los que con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su idelogía, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía. Con el tipo del artículo 510.2 se trata de sancionar la difusión dolosa de informaciones injuriosas con móviles discriminatorios”, recuerda el fiscal. El 208 sólo se trataría de una injuria “que lesiona la dignidad de otra persona”. La principal diferencia está en atentar contra un colectivo o contra un individuo. El 510.2 prevé sanciones más duras que el 208 y es precisamente por el 510.2 por el que la Fiscalía acusa a ‘Los poyuelos’.
El Gobierno de la Ciudad “comparte” el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular a la nueva Ley del Suelo, aunque no le afecta, según ha explicado el consejero de Hacienda, Francisco Márquez. El recurso del PP a la Ley se basa en aspectos de la nueva legislación que suponen invasiones en las competencias de las comunidades autónomas, en materias como la reserva de suelo para viviendas de promoción pública o las cesiones obligatorias. Como en el caso de Ceuta la Ciudad carece de las competencias directas en la gestión del suelo, el contenido del recurso no afecta a la situación actual de la reglamentación aplicable a la Administración local.
