El 'agente N' ha sido el único en declarar esta tarde en el juicio del Caso EMVICESA. Una declaración que ha continuado donde el presidente de la Audiencia, Fernando Tesón, lo mandó parar al mediodía: en el intercambio de preguntas y respuestas entre José María Calero, defensor de Antonio López y el inspector de la Policía Nacional al frente de la UDYCO.
Por seguir con el relato cronológico, Calero preguntó al policía por el registro de la vivienda de Marbella propiedad del ex viceconsejero. No había abogado "porque teníamos mandato judicial de entrada y registro. A lo largo de mi vida profesional, he podido hacer como unos quinientos registros y no recuerdo presencia de abogados en más de tres o cuatro", respondió el policía. El abogado pidió que se aclarase también que había pasado con algunos efectos encontrados en la casa de López, como un vehículo de la marca Porsche. Según Calero, las facturas de las mensualidades de ese coche no se aportaron en la entrega final de documentación.
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Tras Calero, llega el turno de Javier Izquierdo, responsable de la defensa de Susana Román y Rabea Mohamed, entre otros. Este entró cuasi en un debate jurídico con el policía. Todo a colación de los criterios de adjudicación de la Comisión de la Vivienda: un decreto del ex consejero Martínez Arcas establecía que se elaborara el listado de aspirantes a una de las viviendas fuese el de todos los demandantes inscritos previamente en EMVICESA. Sin embargo, el agente insistía en que tendrían que haberse establecido unos criterios. Izquierdo consideró que esto podría establecerse en base al artículo 15.2 de la actual reglamentación de la vivienda, es decir, como mejor conviniesen los miembros de la Comisión, algo que no aceptaba el agente. Finalmente, el asunto quedó en un encontronazo jurídico.
Eso sí, salvo en un detalle: ¿hubo beneficio económico por parte de las ex consejeras Rabea Mohamed y Susana Román y el ex diputado Mohamed Alí, miembros de la Comisión Local de la Vivienda? "No consta que hubiese incremento patrimonial", admitió el inspector de la Policía, ni tráfico de influencias para beneficiar a familiares directos.
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Otro de los intervinientes fue Raúl Pardo-Geijo. El letrado murciano, que representa a uno de los trabajadores de la empresa EMVICESA -Juan Manuel Zaragosí- le inquirió por algunas declaraciones del policía en el sentido a los 'extraños' horarios de trabajo de los empleados procesados. Este insistió en que la denominada lista fantasma se elaboró por las tardes y que, incluso, podrían haberse negado a aplicar el principio de obediencia debida en la función pública hacia el ex viceconsejero López, a quien tenían "una enorme lealtad" personal. El principio de obediencia debida si es válido en este caso, dijo otro abogado "porque no hablamos de funcionarios ni de personal público, sino de personas que tienen un contrato con una sociedad mercantil, por mucho que tenga capital público". Sin embargo "sí nos constaba que se hicieron entrega de llaves" antes de la publicación del célebre listado. Eso si: "No hemos encontrado dinero, ni hemos encontrado incremento patrimonial en los trabajadores de EMVICESA. De ser así, lo habríamos imputado por cohecho”.
Curiosamente, el momento más tenso de la tarde llegó con la intervención de Abdeselam Abderraman Maate, abogado del ex diputado del PP, Jesús González Barceló. Este preguntó por qué se habían incluido unas conversaciones telefónicas entre el y su defendido en el sumario. "Ni siquiera recuerdo que estaba imputado, porque nosotros lo desimputamos", admitió el agente. Según el abogado, su cliente se había visto imputado por tener tarjetas de gente como el ex presidente del PP, Pedro Gordillo o el ex senador José Luis Morales -ambos ya fallecidos- y por haber realizado una gestión ante Antonio López para ver "a título informativo" que ocurruía con determinados casos de personas que solicitaban una vivienda. En ese momento, Jesús González Barceló, presente en el público, le espetó que "miente", por lo que el presidente de la Sala le instó a callarse y le advirtió que podría expulsarlo si reincidía. En un momento del interrogatorio, el policía preguntó al abogado si estaba dolido, y este respondió que "sí, por ver una conversación mía con mi cliente destacada en negrita" en el sumario. Tras concluir su intervención, y sin darse cuenta de que el micrófono estaba abierto, el letrado se dirigió a una compañera calificando como "chulo" al policía.
Los otros testimonios quedaron para mejor ocasión. Sin embargo, volvió el testimonio del agente que había declarado por videoconferencia por la mañana, y los supuestos encontronazos entre UDYCO y UDEF en los primeros meses de la investigación. Negó el agente cualquier injerencia externa en su rol en el caso, y se compadeció de su ex compañero "porque yo también tengo considerables lagunas, y soy mucho más joven que él".
