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La jueza pidió a Emvicesa el expediente de adjudicación de las 170 y la respuesta fue: “No hay nada”

La jueza pidió a Emvicesa el expediente de adjudicación de las 170 y la respuesta fue: “No hay nada”
Las 170 de Loma Colmenar en obras./archivo
Las 170 de Loma Colmenar en obras./archivo  

Hasta en dos ocasiones ha solicitado dicha información administrativa sin hayar en la sociedad municipal un expediente administrativo de adjudicación, digno de ese nombre. De ahí que en su día se personase la propia policía en Emvices para buscarlo ellos mismos. De forma más reciente la instructora ha solicitado informacón concreta sobre 5 ó 6 viviendas de esa promoción cuyos adjudicatarios podrían tener vínculos con cargos públicos.

Por dos veces el Juzgado de Instrucción Número 3 de Ceuta, el que investiga el ‘Caso Emvicesa’, bajo la supervisión de la magistrada Raquel Lucini, ha solicitado a Emvicesa documentación: el expediente de adjudicación, las bases, los criterios y los baremos que concluyeron con un listado de 170 adjudicatarios en la promoción de Loma Colmenar que está tras el hospital. Y por dos veces la respuesta de Emvicesa fue la misma: “No hay nada”, según ha reconocido el actual gerente de la sociedad municipal, Juan Manuel Doncel.

Es precisamente a esa ausencia de documentos oficiales que acrediten un proceso de adjudicación reglado y justo a la que se refiere Lucini cuando dejó escrito en el auto en el que levantó el secreto de sumario el pasado Viernes de Dolores, que “Servicios Sociales nunca ha informado a Emvicesa (al menos en las promociones estudiadas) de las personas necesitadas de viviendas, de sus terribles circunstancias de necesidad, ni ha pasado por registro ningún documento que acredite dichas comunicaciones (pese a que eran viviendas de protección oficial), y ha quedado acreditado que NADIE baremaba las necesidades de los demandantes de vivienda (ni en Asuntos Sociales ni en Emvicesa), se concluye (en unión de otras muchas diligencias) que las viviendas en Ceuta, en las promociones objeto de estudio, han sido adjudicadas sin someterse a procedimiento legal alguno, ni criterio de sostén institucional, ni baremo de realidad social”.

Lo único que consta y así se lo hizo saber ya en su día la gerente que sucedió a López en la sociedad, Kissy Chandiramani, son dos acuerdos de la Comisión Local de la Vivienda en uno de ellos, al menos, la presidía el hoy senador y aforado, Guillermo Martínez, febrero de 2012. Los contratos se firmaron en noviembre de 2012. Entre ambos acuerdos de la Comisión Local de la Vivienda se establecerían los cupos y se traza un relato del modo de adjudicación además de dar luz verde a un listado de adjudicatarios. Más allá de estos dos acuerdos de la Comisión Local de la Vivienda no hay nada: Ni bases legales para la adjudicación, ni plazos para solicitar en el registro de demandantes de vivienda, ni justificación de las necesidades por parte de Servicios Sociales, ni documentos que acrediten plazos (obligatorios por Ley) para que quienes pudieran estar interesados recurrieran las adjudicaciones. Nada de nada.

La sorpresa ante la ausencia de documentos que acreditaran un proceso baremado y regido acorde a las obligaciones legales fue tal en los investigadores, que no dejaron pasar el cambio en la Gerencia de Emvicesa para volver a solicitar la misma información que ya habían pedido en su día y que la propia policía había buscado en las oficinas de la sociedad municipal. Así que tanto Chandiramani como Doncel han tenido que responder a la Justicia reconociendo que no consta en la sociedad municipal la documentación requerida.

Es en esta promoción de 170 viviendas donde parece haber mordido más hueso la investigación. Tanto así, que hace tan sólo semanas, la instructora solicitó a Emvicesa toda la información que pudiera tener sobre “5 ó 6 viviendas concretas” de esa promoción, según se reconoce desde Emvicesa. Todo apunta a que lo que busca Lucini en ellas son vínculos entre los adjudicatarios y cargos públicos, aunque nadie confirma este extremo en la sociedad pública, pero se sabe por las preguntas realizadas en alguna de las testificales.

Será a partir de la semana que comienza este lunes cuando las partes podrán tener al fin al sumario, que dejó de ser secreto el pasado viernes, 7 de abril, pero que aún no ha sido digitalizado y no se ha entregado a ninguno de los interesados. Será entonces cuando se conocerá con detalle las pruebas que sustentan la prisión incondicional en la que duerme el ex gerente, Antonio López, desde el pasado 15 de febrero.

Es seguro que las pesquisas han alcanzado a, al menos, 4 promociones: Las 45 VPO de Serrano Orive para jóvenes en régimen de alquiler y las tres ubicadas en Loma Colmenar. Las 317, cuya lista fantasma inicia todo este proceso judicial; las 225 (las de colores) y las 170 (las blancas tras el lateral del Hospital).

Y en cada caso la investigación se ha encontrado con procesos distintos de adjudicación. Por ejemplo, en las 225 la totalidad de las viviendas se destinó a realojos. Se reubicó en la promoción a todo el barrio chabolista de Miramar Chorrillo y a las Caracolas del Príncipe. Fueron todas en su totalidad entregadas dentro de lo que se conoce como “actuaciones singulares”.

En las 317 el proceso final de adjudicación fue visado por la propia instructora del caso al tener que resolver varios recursos de particulares que aparecieron en la lista fantasma y que se sintieron agraviados. Ese proceso de adjudicación final sirve bastante para clarificar cómo se debían haber hecho las cosas siempre.

En ese sentido, Chandiramani repasa lo que se hizo con el ok judicial. Lo primero es determinar si va haber actuaciones singulares y cuántas viviendas se necesitan para ellas. Se trata de realojos, como los de las Escuelas Prácticas para recuperar terreno público u otros casos similares en su singularidad. Son viviendas que se adjudican de forma directa, pero que tienen su justificación administrativa en expediente individual de cada adjudicatario. Tras eso se decide el método de adjudicación del resto de viviendas y las que se van a reservar para colectivos especiales. En el caso de las 317 se apostó por el sorteo. Tiene que constar la lista de demandantes que pueden optar al sorteo, establecerse el abanico de ingresos económicos que tienen que tener para poder optar a una vivienda sobre el IPREM y una vez sorteadas sigue abierto un periodo de revisión de cumplimiento de los requisitos. Además de la capacidad económica se comprueba que no tengan deudas con las administraciones públicas (Hacienda, Seguridad Social, etc.), que no posean otra vivienda y que residan efectivamente en Ceuta. Tras eso se publica un listado que es provisional y que contempla 20 días para que se recurra por quien esté interesado. Tras la revisión de los recursos se publica un nuevo listado ya definitivo que cuenta con un plazo de 30 días para presentar un recurso de alzada y si todo va bien, el siguiente paso es la firma de los contratos y aún así ahí sigue abierta la vía del Contencioso Administrativo para quien quiera seguir recurriendo. Nada de esto sucedió en las 170. O al menos no consta en Emvicesa.

La situación, el modo en el que se ha venido funcionando en Emvicesa preocupa y mucho al nuevo gerente que preara una reunión de la Comsión Local de la Vivienda en donde espera que la oposición se moje para tratar de cambiar de arriba abajo el modo de funcionar y erradicar de una vez por todas cualquier posible suspicacia sobre las viviendas públicas y su gestión. “Antonio hizo lo que le dio la gana”, brama Doncel, que está pudiendo comprobar como en el seno de la sociedad falta rigor administrativo, protocolos claros de actuación que eviten que se pueda saltar cualquier paso legal, una especie de anarquía en donde se ha venido funcionando con la total confianza en lo que decía el que mandaba y por una especie de derecho anclado en la tradición: Así se ha hecho siempre y así se sigue haciendo.